/ jueves 25 de noviembre de 2021

Responder a la violencia con burocracia

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue instituido en 1999, seis años después de que la comunidad internacional, a través de la Organización de las Naciones Unidas, tomara conciencia de la práctica generalizada de violencia contra las mujeres en todo el mundo. Para determinar la efeméride, en 1981 las participantes en el primer encuentro feminista latinoamericano, consideraron el 25 de noviembre, en conmemoración del homicidio de tres hermanas activistas de la República Dominicana ordenado por el dictador que en 1960 tenía el gobierno isleño. La fecha es ahora el inicio de 16 días de activismo que van del 25 de noviembre al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

Más allá de la cronología, el avance en concienciación de los derechos de paridad, equidad, inclusión y acceso a una vida libre de violencia, es innegable; pero también lo es, y esto resulta paradójico, que la violencia contra las mujeres, en todas sus formas ha crecido a grados insostenibles. Cada vez más se habla de los derechos de las mujeres y hay más pronunciamientos en contra de la violencia en las organizaciones sociales, escuelas y gobiernos; pero también cada día hay más víctimas de todos los tipos de violencia. Caer en el error de relacionar ambos fenómenos sólo porque parecen ocurrir al mismo tiempo, resulta una peligrosa falacia en tanto que la utilidad de generar conciencia en la sociedad sobre la condición de riesgo que padecen las mujeres no es debatible racionalmente, y porque nos distrae de los múltiples factores que son origen de la violencia y multiplican las víctimas de ellas, especialmente entre mujeres.

Uno de esos problemas es la falla en la construcción de las políticas públicas para lograr la inclusión de las mujeres y el abatimiento de la violencia en contra de ellas. La respuesta del Estado, cuando la hay, es modesta cuando no totalmente equívoca, y se basa regularmente en la ampliación de estructuras burocráticas “instancias de la mujer”, cuya misión sería, idealmente, la inclusión de la perspectiva de género en el diseño de leyes, políticas públicas y acciones de prevención y combate a la violencia. Los chipotes burocráticos parecen servir muy poco a las instituciones públicas; y en el caso de las instancias de la mujer (desde pequeños despachos hasta fiscalías especializadas), han mostrado una profunda ineficacia, dado que ponen en una suerte de almacén la perspectiva de género, en lugar de reproducirla en todas las decisiones públicas.

Ejemplo de respuesta burocrática es la firma del decreto que crea y regula el órgano desconcentrado denominado Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos (COEVIM), a la que el Ejecutivo encarga al interior de la administración pública centralizada, gestar, elaborar, articular y coordinar las acciones de política integral y transversal necesarias para trabajar en el compromiso de prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Todos hemos visto películas similares y conocemos los tristes finales. Por cierto, en la presentación del decreto la voz fue de dos hombres, Cuauhtémoc Blanco y Pablo Ojeda.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue instituido en 1999, seis años después de que la comunidad internacional, a través de la Organización de las Naciones Unidas, tomara conciencia de la práctica generalizada de violencia contra las mujeres en todo el mundo. Para determinar la efeméride, en 1981 las participantes en el primer encuentro feminista latinoamericano, consideraron el 25 de noviembre, en conmemoración del homicidio de tres hermanas activistas de la República Dominicana ordenado por el dictador que en 1960 tenía el gobierno isleño. La fecha es ahora el inicio de 16 días de activismo que van del 25 de noviembre al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

Más allá de la cronología, el avance en concienciación de los derechos de paridad, equidad, inclusión y acceso a una vida libre de violencia, es innegable; pero también lo es, y esto resulta paradójico, que la violencia contra las mujeres, en todas sus formas ha crecido a grados insostenibles. Cada vez más se habla de los derechos de las mujeres y hay más pronunciamientos en contra de la violencia en las organizaciones sociales, escuelas y gobiernos; pero también cada día hay más víctimas de todos los tipos de violencia. Caer en el error de relacionar ambos fenómenos sólo porque parecen ocurrir al mismo tiempo, resulta una peligrosa falacia en tanto que la utilidad de generar conciencia en la sociedad sobre la condición de riesgo que padecen las mujeres no es debatible racionalmente, y porque nos distrae de los múltiples factores que son origen de la violencia y multiplican las víctimas de ellas, especialmente entre mujeres.

Uno de esos problemas es la falla en la construcción de las políticas públicas para lograr la inclusión de las mujeres y el abatimiento de la violencia en contra de ellas. La respuesta del Estado, cuando la hay, es modesta cuando no totalmente equívoca, y se basa regularmente en la ampliación de estructuras burocráticas “instancias de la mujer”, cuya misión sería, idealmente, la inclusión de la perspectiva de género en el diseño de leyes, políticas públicas y acciones de prevención y combate a la violencia. Los chipotes burocráticos parecen servir muy poco a las instituciones públicas; y en el caso de las instancias de la mujer (desde pequeños despachos hasta fiscalías especializadas), han mostrado una profunda ineficacia, dado que ponen en una suerte de almacén la perspectiva de género, en lugar de reproducirla en todas las decisiones públicas.

Ejemplo de respuesta burocrática es la firma del decreto que crea y regula el órgano desconcentrado denominado Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos (COEVIM), a la que el Ejecutivo encarga al interior de la administración pública centralizada, gestar, elaborar, articular y coordinar las acciones de política integral y transversal necesarias para trabajar en el compromiso de prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Todos hemos visto películas similares y conocemos los tristes finales. Por cierto, en la presentación del decreto la voz fue de dos hombres, Cuauhtémoc Blanco y Pablo Ojeda.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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