En la semana que recién termina, se llevó a cabo una reunión con Manuel Bartlett, el nuevo director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en dicha reunión, el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, Feliciano Flores, acompañado de varios diputados y de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento ( ANEAS) planteó la problemática que se ha venido presentando desde la entrada en vigor de la llamada Reforma Energética.
La reforma desapareció la tarifa que se aplicaba a los sistemas de agua potable y saneamiento del país -la tarifa 06- y se clasificó a los sistemas dentro del mismo grupo en el que están clasificadas las empresas privadas productoras de bienes o servicios en todo México.
Las nuevas tarifas tuvieron un incremento que llegó a ser hasta del 70 por ciento en los primeros meses del año 2018, hacia finales del año disminuyó un 20 por ciento, sin embargo, el impacto medio a lo largo de ese año fue de un incremento en la tarifa de alrededor del 50 por ciento, esto ha terminado por ahorcar las ya de por si precarias finanzas de los sistemas de agua potable y saneamiento del país.
La gran mayoría –más del 95 por ciento- de los sistemas de agua operan en números rojos, es decir, sus ingresos no son suficientes para pagar su adecuada operación y mantenimiento. Constantemente no alcanzan a pagar el recibo de energía eléctrica y se les dificulta pagar la nómina semanal o quincenal.
El incremento en la tarifa eléctrica representa un enorme riesgo, si consideramos que antes del aumento el pago de energía eléctrica representaba casi el 60 por ciento de sus costos, el incremento implica que el sistema de agua tendría que pagar 90 de cada 100 pesos que recaude, lo que lo haría inviable…
Esto va a implicar cualquiera de dos escenarios, el primero es que en el afán de reducir el consumo de energía eléctrica los sistemas dejen de operar aún más horas, es decir, si antes la gente recibía agua durante unas horas al día o a la semana, ahora recibirá menos porque los sistemas tendrán que dejar de operar para no exceder su presupuesto en el caso de la energía eléctrica.
O bien, los sistemas de agua potable del país tendrán que declararse en moratoria y dejar de pagar la tarifa a la CFE.
Por otro lado, si tuviera que reflejarse el incremento de la energía eléctrica en la tarifa de agua potable, tendría que incrementarse entre un 30 y un 42 por ciento, a comparación de lo que hoy día se cobra a la población que es abastecida por los sistemas de agua potable.
Esto sin duda afectaría a los más pobres, a los más necesitados, a los más vulnerables, a los que tienen menos ingresos..
Si la política de este gobierno es atender a los más pobres, el no hacer algo con la tarifa eléctrica que se está cobrando a los sistemas de agua potable, va a implicar un efecto contrario, se va a afectar a los más necesitados.
Ojalá que las gestiones que se han estado haciendo ante la Cámara de Diputados, ante la Secretaría de Energía y ante la CFE tengan un efecto positivo, de otra manera los sistemas de agua potable se hundirán cada vez más.
Por el bien de México #aguaparatodos.
