El jueves pasado la directora del Conacyt, la Dra. Elena Álvarez Buylla, se reunió con las comisiones de Ciencia y Tecnología de las Cámaras de Diputados y Senadores atendiendo su obligación constitucional de rendir de cuentas ante los representantes de los mexicanos.
Cabe mencionar que es la primera vez que la funcionaria se presenta ante esta soberanía a pesar de múltiples convocatorias. Su inasistencia ha sido arropada por el grupo legislativo de Morena y Partido del Trabajo quienes, inclusive en esta reunión, le permitieron hacerlo de manera remota y con un programa que restringió la participación equitativa de los diferentes partidos.
La directora del Conacyt desaprovechó el tiempo asignado para su presentación dedicándolo a descalificar a las administraciones anteriores, posiblemente porque sabía que el más duro de sus interlocutores iba a ser el diputado Juan Carlos Romero Hicks, director de Conacyt en ese periodo. El mal manejo del tiempo la obligó a transitar de manera trompicada en la narración de sus logros.
Más adelante, los diputados del bloque oficialista le prepararon preguntas a modo las cuales respondió de manera extensa y detallada, provocando que la sesión se prolongara más de cinco horas. En contraste, evadió responder a los cuestionamientos de los legisladores de la oposición orillándolos a que enviaran sus preguntas por escrito.
Analizar en toda su extensión la reunión en este breve espacio sería imposible por lo que solo me detendré en dos temas presentados por ella que no coinciden con los datos oficiales del Conacyt y que ameritan una aclaración.
El primero es la aseveración que “nunca se ha invertido en ciencia básica tanto como en esta administración”. En el periodo 2018-2022 se han concretado tres convocatoria en las vertientes de Investigación básica (2019), Infraestructura de uso común (2021) y Paradigmas de la investigación (2022). Entre las tres convocatorias se ejercieron un máximo de 1,892 millones de pesos. Aclaro, es un monto máximo ya que a partir del 2019 ya no se publica el monto asignado a cada proyecto, en violación a la Ley de Transparencia la cual indica que debe hacerse pública toda la información de los beneficiarios de recursos públicos.
Comparando con el mismo periodo de las tres administraciones federales anteriores encontramos que en la del presidente Fox se invirtieron 2,096 millones de pesos, en la del presidente Calderón 3,781y en la del presidente Peña Nieto 3,877 millones pesos. Esos datos son solamente del fondo para Ciencia Básica asentado en el fideicomiso SEP-Conacyt y sin tomar en cuenta la inflación. A partir de esto concluimos que, en contraste con su declaración, la presente administración es la que menos ha invertido en ciencia básica desde que se tienen registros.
El segundo tema fue la aseveración que “el Estado entregó 45 mil millones de pesos a empresas transnacionales para hacer ciencia neoliberal”. Aquí es importante saber que durante toda su existencia, el programa de Estímulos a la Innovación o PEI, como también se le conocía, ejerció poco más de 55 mil millones de pesos, de los cuales solamente 26 mil millones fueron recursos públicos.
De los más de 6 mil proyectos financiados por el PEI, 843 fueron de grandes empresas entre las que había transnacionales pero también mexicanas, los cuales recibieron 7,564 millones de pesos de apoyos con recursos públicos, el resto del costo de los proyectos, 14,745 millones de pesos, provino de las mismas empresas. Del total del monto apoyado, 3,481 millones de pesos se transfirieron a las instituciones vinculadas, centros e institutos de investigación, por lo que las grandes empresas recibieron solamente 4,083 millones de pesos, diez veces menos que lo aseverado por la directora del Conacyt. Ahora, si la ciencia era neoliberal o no, eso será motivo de otra columna.
Es grave que una funcionaria federal declare ante el legislativo con base en datos incompletos, pero que lo haga en contradicción con sus propios datos con la finalidad de reforzar una narrativa sesgada es inaceptable y no debiera pasar desapercibido ni por el legislativo ni por la ciudadanía.
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