La política de la realidad actual demuestra que las elecciones de ningún modo obligan a los representantes y/o gobernantes a un buen desempeño, tampoco uno apegado a la voluntad popular; y es claro que la sociedad carece de los informes y elementos indispensables para hacer una evaluación de la política gubernamental, y que, en el último de los casos, a los representantes poco importa la posibilidad e incluso amenaza de no volver a votar por ellos, mediante reelección o nuevo cargo público.
Otro de los fenómenos analizados por la literatura tiene que ver con el “mandato-representación”, lo cual muy rara vez se cumple, toda vez que el nivel de las campañas electorales es muy bajo, carece de un carácter informativo en torno a los proyectos a emprender y su vinculación directa con los beneficios que teóricamente recibirá la sociedad.
En el supuesto de mejores niveles de campaña y de calidad de los candidatos, éstos informarían a la sociedad qué políticas van a aplicar, las razones que las convierten en la mejor opción y los beneficios que reportarían, pero nuevamente, nada garantiza que el plan anunciado en campaña sea el mismo que se aplica ya en el poder.
Otro de los problemas del mandato-representación estriba en el hecho de que los políticos con frecuencia encuentran más incentivos en el no cumplimiento de los intereses de la mayoría, por los beneficios tanto personales o de grupo.
Ahora bien: ¿puede trabajarse en el diseño de instituciones y leyes que garanticen que los candidatos, lo mismo un gobierno que un parlamento, se mantengan firmes y fieles en torno al compromiso contraído por el electorado?
La respuesta es que eso difícilmente ocurrirá, en primer término, en el caso de los gobernantes, porque llegan al poder enfrentando la realidad nacional que deja su antecesor, y porque el carácter parlamentario, en el segundo caso, es de suyo deliberativo con fuerzas políticas e ideológicas distintas y lo que se impone es la negociación.
En torno a la concepción de gobiernos responsables, su concreción es igualmente difícil, de nueva cuenta porque los incentivos –e incluso los objetivos personales tanto del gobernante como del parlamentario- pesarían más que los de la sociedad, y están dispuestos a pagar el costo político que supondría no seguir los compromisos contraídos con la sociedad ni el cumplimiento de su programa de gobierno expresado en campaña.
Ese es el reto de la estratégica campaña electoral 2021, dado que sin ignorar el peso específico de la cámara de diputados y conformarla según criterios ajustados a la constitución, a fin de no replicar la inconstitucional sobre representación del 16 por ciento (el doble de lo establecido en la ley fundamental), logremos también resolver otro problema que, consiste en que la distribución del poder político en nuestro país exprese el mosaico que es México.
Se trata de rechazar la práctica autoritaria en los usos del poder y confirmar que la nuestra es una democracia en que la práctica efectiva de la competencia se superpone a la política gubernamental de un solo hombre y su orientación clientelar del presupuesto para controlar el aparato público y el país.
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