/ martes 16 de noviembre de 2021

Recorte sustancial al presupuesto del INE

La Cámara de Diputados federal acaba de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) por más de 7 billones de pesos, que supera con mucho el gasto federal programado durante la historia moderna del país. No obstante, el Instituto Nacional Electoral (INE) solo recibirá poco más de 19 mil millones de pesos para sus actividades, con un recorte a su propuesta inicial por cerca de 5 mil millones.

De inmediato la polémica saltó a las primeras planas de los noticieros, y se ha convertido en el tema político de debate más importante a esta fecha. Una vez aprobado dicho recorte y ya en las manos del presidente de la Repúbica para su publicación oficial, el titular del INE, Lorenzo Córdova, declaró que apelará ante la autoridad correspondiente por considerar que el recorte afecta actividades esenciales del instituto, especialmente la consulta ciudadana y la revocación de mandato, impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Trataremos aquí de hacer un breve análisis de los términos de la propuesta del INE y la resolución de la Cámara de Diputados:

-La propuesta del órgano electoral incluía los todos gastos de la “cartera institucional”, o sea sueldos, salarios y viáticos de los funcionarios y los gastos operativos de las oficinas que mantiene en todo el país.

-La partida que se debe entregar al Registro Federal de Electores (RFE) para que mantenga actualizado el padrón electoral y pueda entregar de manera gratuita las credenciales de elector, con las modificaciones adecuadas, a los ciudadanos.

-La partida que se entrega anualmente a los partidos políticos nacionales con registro.

-La participación del INE en los procesos electorales a realizarse en 6 entidades (Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca, Durango y Tamaulipas).

-La preparación de las elecciones estatales del 2022 en Coahuila y el Estado de México.

-Como gasto extraordinario, el INE incluyó la consulta popular y la revocación de mandato que se realizarán el año próximo. La consulta popular costaría 1 mil 913,13 millones de pesos, mientras la revocación de mandato tendría un costo de 3 mil 830. 45 millones de pesos.

Para cubrir estos gastos, el INE había formulado una propuesta por 24 mil 600 millones de pesos, mismos que se les recortaron en 4 mil 900 millones, por lo que el presupuesto quedó en 19 mil 913 millones de pesos. Aún con el recorte, el presupuesto aprobado para el INE es 13.9% superior al ejercido durante el presente año.

Para establecer puntos de referencia, podemos decir que el presupuesto global de egresos del Gobierno de Morelos será de 29 mil 624 millones de pesos (aún sin aprobar). Esto es, solo una tercera parte más grande que el presupuesto ya programado para el INE.

La amenaza que esgrime el presidente del INE consiste en decir que con esa cantidad de dinero no alcanzará para organizar la revocación de mandato, cuestión inicialmente planteada por la oposición de derecha (PRI-PAN-PRD) pero que, conforme fueron pasando los meses, fue retirándole su apoyo, porque los partidos tomaron en cuenta que la popularidad de AMLO supera los 62 puntos porcentuales, por lo cual el voto en contrario a la revocación de su mandato sería abrumador.

Todo lo anterior constituye una ironía de la historia: la oposición de derecha planteó la caída de AMLO y se llegó en 2020 al acuerdo tácito (propuesto por los propios empresarios) de plantearlo de manera civilizada en una consulta. A un año de tal acuerdo, las preferencias populares de AMLO han aumentado y lo favorecen con dos tercios de la población (ciudadanos de más de 18 años) por lo que la derecha decidió no participar, porque no le conviene.

El INE --que en muchas ocasiones ha sido favorable a las posiciones del prianismo y cuenta con su apoyo-- tiene la obligación legal de convocarla, pero como –según sus funcionarios-- no hay presupuesto suficiente, amenaza con no realizar la consulta. Todo esto significa que ha habido y se siguen manejando varios intentos de manipulación política, maniobras que no podrán triunfar.

Empecemos por considerar ¿cuáles podrían ser los resultados legales y políticos de una consulta establecida en la ley, pero que no se realizara porque el INE alega falta de dinero? En términos políticos, sería un desastre para el INE y para Lorenzo Córdova en particular, porque con argumentos metálicos pretende anular el ejercicio de un derecho político que costó el esfuerzo de millones de ciudadanos para conseguirlo. Prefiere sacrificar una conquista del pueblo en aras de mantener sus ingresos.

En términos legales podría suceder que, al concluir este debate, si el INE todavía no comienza a realizar los preparativos para realizar la consulta, los ciudadanos podrían acusar a sus funcionarios por desacato a la ley, y no solo a cualquier ley sino a la Constitución de la República, que mandata al INE a realizar ese ejercicio ciudadano.

Se plantearía una verdadera crisis constitucional. Esta falla ameritaría un juicio político, y en las actuales condiciones --con una mayoría de izquierda en el Congreso de la República-- probablemente la destitución del Consejo General del INE y la elección de nuevos funcionarios, menos contumaces y más democráticos.

La recomendación de AMLO a los funcionarios del INE consiste básicamente en aplicar un plan de austeridad en su programa de gastos. Ha señalado con claridad que los consejeros de ese instituto ganan el doble de lo que devenga el presidente. La recomendación no se queda ahí, y se extiende a los viáticos, a los lujos, a las comidas fastuosas regiamente regadas con buenos vinos.

El INE hasta la fecha, bajo el amparo de su autonomía, ha tratado de encubrir una verdadera independencia respecto a los poderes públicos, lo cual no es posible dentro de un régimen de respeto a las libertades ciudadanas. La Cámara de Diputados acaba de darles un apretón.

Cualquier ciudadano hubiera entendido. Pero no el INE, que por su conducta pretende asumir poderes que corresponden al Legislativo, y por lo tanto asume funciones que no figuran en la Ley que le dio origen. En síntesis: mantiene una línea política de confrontación con el gobierno federal. Y esa actitud no les rendirá dividendos.

Esas exageraciones son las que actualmente están en juego. Al INE le quedan dos caminos: o reflexiona y rectifica, o se va al abismo. En el horizonte hay presagios de tormenta.

La Cámara de Diputados federal acaba de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) por más de 7 billones de pesos, que supera con mucho el gasto federal programado durante la historia moderna del país. No obstante, el Instituto Nacional Electoral (INE) solo recibirá poco más de 19 mil millones de pesos para sus actividades, con un recorte a su propuesta inicial por cerca de 5 mil millones.

De inmediato la polémica saltó a las primeras planas de los noticieros, y se ha convertido en el tema político de debate más importante a esta fecha. Una vez aprobado dicho recorte y ya en las manos del presidente de la Repúbica para su publicación oficial, el titular del INE, Lorenzo Córdova, declaró que apelará ante la autoridad correspondiente por considerar que el recorte afecta actividades esenciales del instituto, especialmente la consulta ciudadana y la revocación de mandato, impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Trataremos aquí de hacer un breve análisis de los términos de la propuesta del INE y la resolución de la Cámara de Diputados:

-La propuesta del órgano electoral incluía los todos gastos de la “cartera institucional”, o sea sueldos, salarios y viáticos de los funcionarios y los gastos operativos de las oficinas que mantiene en todo el país.

-La partida que se debe entregar al Registro Federal de Electores (RFE) para que mantenga actualizado el padrón electoral y pueda entregar de manera gratuita las credenciales de elector, con las modificaciones adecuadas, a los ciudadanos.

-La partida que se entrega anualmente a los partidos políticos nacionales con registro.

-La participación del INE en los procesos electorales a realizarse en 6 entidades (Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca, Durango y Tamaulipas).

-La preparación de las elecciones estatales del 2022 en Coahuila y el Estado de México.

-Como gasto extraordinario, el INE incluyó la consulta popular y la revocación de mandato que se realizarán el año próximo. La consulta popular costaría 1 mil 913,13 millones de pesos, mientras la revocación de mandato tendría un costo de 3 mil 830. 45 millones de pesos.

Para cubrir estos gastos, el INE había formulado una propuesta por 24 mil 600 millones de pesos, mismos que se les recortaron en 4 mil 900 millones, por lo que el presupuesto quedó en 19 mil 913 millones de pesos. Aún con el recorte, el presupuesto aprobado para el INE es 13.9% superior al ejercido durante el presente año.

Para establecer puntos de referencia, podemos decir que el presupuesto global de egresos del Gobierno de Morelos será de 29 mil 624 millones de pesos (aún sin aprobar). Esto es, solo una tercera parte más grande que el presupuesto ya programado para el INE.

La amenaza que esgrime el presidente del INE consiste en decir que con esa cantidad de dinero no alcanzará para organizar la revocación de mandato, cuestión inicialmente planteada por la oposición de derecha (PRI-PAN-PRD) pero que, conforme fueron pasando los meses, fue retirándole su apoyo, porque los partidos tomaron en cuenta que la popularidad de AMLO supera los 62 puntos porcentuales, por lo cual el voto en contrario a la revocación de su mandato sería abrumador.

Todo lo anterior constituye una ironía de la historia: la oposición de derecha planteó la caída de AMLO y se llegó en 2020 al acuerdo tácito (propuesto por los propios empresarios) de plantearlo de manera civilizada en una consulta. A un año de tal acuerdo, las preferencias populares de AMLO han aumentado y lo favorecen con dos tercios de la población (ciudadanos de más de 18 años) por lo que la derecha decidió no participar, porque no le conviene.

El INE --que en muchas ocasiones ha sido favorable a las posiciones del prianismo y cuenta con su apoyo-- tiene la obligación legal de convocarla, pero como –según sus funcionarios-- no hay presupuesto suficiente, amenaza con no realizar la consulta. Todo esto significa que ha habido y se siguen manejando varios intentos de manipulación política, maniobras que no podrán triunfar.

Empecemos por considerar ¿cuáles podrían ser los resultados legales y políticos de una consulta establecida en la ley, pero que no se realizara porque el INE alega falta de dinero? En términos políticos, sería un desastre para el INE y para Lorenzo Córdova en particular, porque con argumentos metálicos pretende anular el ejercicio de un derecho político que costó el esfuerzo de millones de ciudadanos para conseguirlo. Prefiere sacrificar una conquista del pueblo en aras de mantener sus ingresos.

En términos legales podría suceder que, al concluir este debate, si el INE todavía no comienza a realizar los preparativos para realizar la consulta, los ciudadanos podrían acusar a sus funcionarios por desacato a la ley, y no solo a cualquier ley sino a la Constitución de la República, que mandata al INE a realizar ese ejercicio ciudadano.

Se plantearía una verdadera crisis constitucional. Esta falla ameritaría un juicio político, y en las actuales condiciones --con una mayoría de izquierda en el Congreso de la República-- probablemente la destitución del Consejo General del INE y la elección de nuevos funcionarios, menos contumaces y más democráticos.

La recomendación de AMLO a los funcionarios del INE consiste básicamente en aplicar un plan de austeridad en su programa de gastos. Ha señalado con claridad que los consejeros de ese instituto ganan el doble de lo que devenga el presidente. La recomendación no se queda ahí, y se extiende a los viáticos, a los lujos, a las comidas fastuosas regiamente regadas con buenos vinos.

El INE hasta la fecha, bajo el amparo de su autonomía, ha tratado de encubrir una verdadera independencia respecto a los poderes públicos, lo cual no es posible dentro de un régimen de respeto a las libertades ciudadanas. La Cámara de Diputados acaba de darles un apretón.

Cualquier ciudadano hubiera entendido. Pero no el INE, que por su conducta pretende asumir poderes que corresponden al Legislativo, y por lo tanto asume funciones que no figuran en la Ley que le dio origen. En síntesis: mantiene una línea política de confrontación con el gobierno federal. Y esa actitud no les rendirá dividendos.

Esas exageraciones son las que actualmente están en juego. Al INE le quedan dos caminos: o reflexiona y rectifica, o se va al abismo. En el horizonte hay presagios de tormenta.

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