Desde el discurso del odio, ése que fue rotundamente exitoso para aniquilar a los contrarios en las campañas políticas recientes y dejó “estas ruinas que ves” a la política nacional, pensar en construir la paz es profundamente inútil.
La constante a la descalificación, al escarnio, al escándalo mostrada por tirios y troyanos explica, de alguna forma, la imposibilidad de construir los acuerdos elementales, como ya habíamos escrito en este espacio, y da lugar a que ya empiecen a organizarse grupos alternos a las autoridades gubernamentales para construir pactos de paz y exigencia a las autoridades que, distraídas aparentemente por tanto pleito, han sido incapaces de proponer y ejecutar políticas públicas que contribuyan a la pacificación y al desarrollo económico y social al que todos tenemos derecho.
Lo más peligroso del juego político en el que están inmersas autoridades federales, estatales y municipales es que eventualmente la gente se da cuenta de que los necesita realmente poco, y que construir acuerdos entre ciudadanos es mucho más simple que esperar a la construcción de grandes pactos entre grupos que tienen el poder pero no lo usan para la procuración del bien común, sino para el usufructo de grupos de interés. En Morelos parece que ese momento está llegando.
La insuficiencia de los gobiernos para responder a las múltiples urgencias de los ciudadanos, derivadas de la falta de atención a las cuestiones más elementales que corresponden al Estado, servicios públicos, seguridad, justicia, paz; y a las más complejas, como el fomento del desarrollo económico, la garantía de los derechos de segunda y tercera generación, etcétera; ha resultado en una profunda decepción de los ciudadanos y en la concepción de un gobierno insuficiente para atender las necesidades sociales más elementales. Si a esta percepción se suma la ausencia de alternativas políticas capaces de gestionar y encabezar las inconformidades ciudadanas, lo que asoma es un caldo de cultivo para conflictos sociales múltiples que ya empiezan a asomarse en campo y ciudad por factores muy diversos que tienen como denominador común la omisión en la atención que la autoridad debía tener a cada uno de esos asuntos.
Lejos de atenderse a teorías conspiratorias, los hechos son evidentes, la autoridad municipal, estatal y federal han estado ausentes (por causas que van desde la indolencia hasta la incapacidad operativa o material), en cada uno de los sitios donde han estallado conflictos cuya solución, además, parece relativamente sencilla. La falta de recursos económicos, materiales, políticos y hasta discursivos que ha privado en cada uno de los casos, por un lado, y la proclividad de los gobernantes a voltear hacia otro lado para poder presentar una agenda en la que lucen como triunfantes (aunque el impacto de la misma sea profundamente reducido); ha resultado, hasta el momento en algo noble, la incipiente reagrupación de la sociedad civil cuyo rostro parecía haberse diluido en el marasmo de los protagonistas políticos.
Lejanos de los partidos políticos y de las autoridades que ni los ven ni los oyen, los ciudadanos comienzan a organizarse para dos objetivos elementales; primero la construcción de alianzas que, más allá de los gobiernos, permitan el desarrollo del estado; y segundo, la posibilidad de presentar un frente activo que proponga una agenda pública de impacto social y exigir a todos los niveles y esferas del gobierno la atención de la misma. No parece tan simple, entre otras cosas por el miedo o cautela excesiva de quienes creen que esa autoridad que nada bueno les ha dado aún, bien podría castigarlos con algo más que su inatención. Pero la construcción de alianzas es tan indispensable que se ha puesto ya en marcha, bajo la lógica de que los espacios dejados por el gobierno y los partidos tendrán que ser ocupados por alguien, y mejor que sean los ciudadanos.
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