La preocupante política de la realidad actual demuestra que las elecciones de ningún modo obligan a los representantes y/o gobernantes a un buen desempeño, tampoco uno apegado a la voluntad popular; y es claro que la sociedad carece de los informes y elementos indispensables para hacer una evaluación gubernamental, y que, en el último de los casos, a los representantes poco importa la posibilidad e incluso amenaza de no volver a votar por ellos, mediante reelección o nuevo cargo público.
Uni de los fenómenos analizados por la literatura tiene que ver con el “mandato-representación”, lo cual muy rara vez se cumple, toda vez que el nivel de las campañas electorales es muy bajo, carece de un carácter informativo en torno a los proyectos a emprender y su vinculación directa con los beneficios que teóricamente recibirá la sociedad.
En el supuesto de mejores niveles de campaña y de calidad de los candidatos, éstos informarían a la sociedad qué políticas van a aplicar, las razones que las convierten en la mejor opción y los beneficios que reportarían, pero nuevamente, nada garantiza que el plan anunciado en campaña sea el mismo que se aplica ya en la élite del poder.
Otro de los problemas del mandato-representación estriba en el hecho de que los políticos con frecuencia encuentran más incentivos en el no cumplimiento de los intereses de la mayoría, por los beneficios tanto personales o de grupo.
Ahora bien: ¿puede trabajarse en el diseño de instituciones y leyes que garanticen que los candidatos, lo mismo un gobierno que un parlamento, se mantengan firmes y fieles en torno al compromiso contraído por el electorado?
La respuesta es que eso difícilmente ocurrirá, en primer término, en el caso de los gobernantes, porque llegan al poder enfrentando la realidad nacional que deja su antecesor, y porque el carácter parlamentario, en el segundo caso, es de suyo deliberativo con fuerzas políticas e ideológicas distintas y lo que se impone es la negociación.
En torno a la concepción de gobiernos responsables, su concreción es igualmente difícil, de nueva cuenta porque los incentivos –e incluso los objetivos personales tanto del gobernante como del parlamentario- pesarían más que los de la sociedad, y están dispuestos a pagar el costo político que supondría no seguir los compromisos contraídos con la sociedad ni el cumplimiento de su programa de gobierno expresado en campaña.
Y es que, aunque efectivamente el ciudadano usa el voto para castigar al gobernante apartado de los compromisos contraídos, se encuentra con dos dificultades: la ausencia de información para evaluar, y que el voto se hace en retrospectiva, no pensando en el futuro a construir.
Otras dificultades tienen que ver con la ausencia de mecanismos más claros para medir el desempeño de los gobiernos de coalición, o el hecho de que un gobernante no tenga el control de su Congreso y que éste se halle en manos de la oposición.
Este escenario es una de las probabilidades que enfrentará la administración del presidente, López Obrador en perjuicio no de la aplicación de su programa gubernamental, sino en contra de su personalismo al gobernar; para las oposiciones dentro y fuera de los partidos, es la oportunidad de recobrar el mosaico de la diversidad regional que, es nuestro país.
Tiene razón Karl Popper al reconocer que a pesar del terrible contexto que una sociedad pueda enfrentar, dados los avances del conocimiento, la tecnología, la medicina, nos aseguran que nunca hemos estado mejor y, de igual manera, las oposiciones mexicanas expresadas más allá de los partidos (en la academia, el periodismo y en una vigorosa insurrección ciudadana) dan testimonio que México no obstante sus dificultades y retos, nunca ha estado mejor para recobrar su horizonte democrático.
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