/ lunes 20 de junio de 2022

¿Quiénes son los operadores políticos?

Tratados que preparan a la gente para hacer política hay bastantes. Desde los clásicos Nicolás Maquiavelo y Francesco Guicciardini allá en el renacimiento italiano, hasta los impecables ensayos de Isaiah Berlin, material para aprender más allá de la empiria hay suficiente en los anaqueles y las nubes de bibliotecas físicas y digitales de todo el mundo. Que los políticos actuales les hagan caso, los lean o tengan siquiera rudimentos para entender la intencionalidad de esos muchos textos es un asunto diferente, pero nadie tendría que quejarse de falta de letras para acercarse a la práctica política.

Por eso inquieta el recurrente comentario que atribuye a la mayoría de los problemas del estado no asociados con la seguridad pública o la salud, el origen de “falta de operación política”. En efecto, la queja de diputados, líderes sociales, empresarios, cabilderos, funcionarios municipales, dirigentes partidistas, entre otros, es que el Ejecutivo carece de “operadores políticos”, sujetos que uno imagina como señores y señoras dedicados todo el tiempo a dialogar, negociar, destrabar los conflictos que en las relaciones públicas suelen presentarse todos los días, aunque no necesariamente es así, de hecho, quienes se dedican a la res pública tendrían que destinar una parte de su trabajo diario a ese tipo de ejercicios.

En efecto, la administración de Cuauhtémoc Blanco, y la última versión de la de Graco Ramírez, han evidenciado una profunda falta de capacidad para dialogar, negociar y consensuar tanto sus políticas públicas como los acuerdos más elementales para la marcha política del estado. De tales descuidos y de la radicalización de un conjunto de intereses de grupos de poder, deriva probablemente la lucha sin cuartel que en el último lustro ha sido la política morelense. Porque los acuerdos se construyen y en Morelos no hay alarife que parezca con ganas de entrarle a ello.

Los últimos meses del gobierno de Graco, aún antes del proceso electoral en que el PRD perdiera hasta el suspiro, fueron de constantes enfrentamientos. El conflicto con el entonces alcalde Cuauhtémoc Blanco, que a la postre sucedería a Ramírez, se debió a la falta de operación política, según reconocerían colaboradores cercanos al ex gobernador. Lo mismo ocurrió con el Congreso al que dejó de controlar ya al final de su encargo, los partidos políticos, y amplios sectores de la sociedad.

Blanco mandó malas señales en el rubro desde antes de rendir protesta en octubre del 2018. La designación de Pablo Ojeda como el otro hombre fuerte del gabinete, el primero era José Manuel Sanz, dejaba ver que lo del Cuauh no era la construcción de acuerdos. Ubicar a Ojeda en la Secretaría de Gobierno, responsable de las relaciones políticas, y a José Manuel Sanz en la jefatura de la oficina de la gubernatura, encargada de las relaciones públicas del Ejecutivo, probarían muy pronto las ganas de romper con todos del mandatario. La presencia de Ulises Bravo, el polémico hermano del gobernador, como “negociador” o personero del mandatario ayudó aún menos a construir los acuerdos necesarios con la oposición y en cambio sometió a los aliados del gobernador a echar porras casi al unísono a una administración que se percibe cada vez más lejano a la ciudadanía.

La salida de Ojeda y Sanz era buena señal, pero fortaleció la operación de Ulises Bravo al que muchos ubican como ya el último enlace del gobernador con la política estatal. Rebasado el personero por el tamaño de trabajo, el Ejecutivo ha tenido que habilitar a un “negociador” emergente en la persona del secretario de Movilidad, Víctor Mercado, ante el vacío al que parecen estar lanzando a Samuel Sotelo Salgado, el secretario de gobierno a quien parecen tenerlo marginado sólo a la atención de los conflictos más duros e insolubles del estado, como el caso de Xoxocotla.

Frente al excéntrico formato de diálogo, es natural la sospecha de muchos que ven el deseo de encontrar soluciones pacíficas a los conflictos como intromisión del estado en asuntos de las comunidades. Le ocurre a Samuel Sotelo en Xoxocotla y podría pasar en otros muchos lugares donde el prolongado abandono del Ejecutivo es el primer obstáculo para encontrar soluciones.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

Tratados que preparan a la gente para hacer política hay bastantes. Desde los clásicos Nicolás Maquiavelo y Francesco Guicciardini allá en el renacimiento italiano, hasta los impecables ensayos de Isaiah Berlin, material para aprender más allá de la empiria hay suficiente en los anaqueles y las nubes de bibliotecas físicas y digitales de todo el mundo. Que los políticos actuales les hagan caso, los lean o tengan siquiera rudimentos para entender la intencionalidad de esos muchos textos es un asunto diferente, pero nadie tendría que quejarse de falta de letras para acercarse a la práctica política.

Por eso inquieta el recurrente comentario que atribuye a la mayoría de los problemas del estado no asociados con la seguridad pública o la salud, el origen de “falta de operación política”. En efecto, la queja de diputados, líderes sociales, empresarios, cabilderos, funcionarios municipales, dirigentes partidistas, entre otros, es que el Ejecutivo carece de “operadores políticos”, sujetos que uno imagina como señores y señoras dedicados todo el tiempo a dialogar, negociar, destrabar los conflictos que en las relaciones públicas suelen presentarse todos los días, aunque no necesariamente es así, de hecho, quienes se dedican a la res pública tendrían que destinar una parte de su trabajo diario a ese tipo de ejercicios.

En efecto, la administración de Cuauhtémoc Blanco, y la última versión de la de Graco Ramírez, han evidenciado una profunda falta de capacidad para dialogar, negociar y consensuar tanto sus políticas públicas como los acuerdos más elementales para la marcha política del estado. De tales descuidos y de la radicalización de un conjunto de intereses de grupos de poder, deriva probablemente la lucha sin cuartel que en el último lustro ha sido la política morelense. Porque los acuerdos se construyen y en Morelos no hay alarife que parezca con ganas de entrarle a ello.

Los últimos meses del gobierno de Graco, aún antes del proceso electoral en que el PRD perdiera hasta el suspiro, fueron de constantes enfrentamientos. El conflicto con el entonces alcalde Cuauhtémoc Blanco, que a la postre sucedería a Ramírez, se debió a la falta de operación política, según reconocerían colaboradores cercanos al ex gobernador. Lo mismo ocurrió con el Congreso al que dejó de controlar ya al final de su encargo, los partidos políticos, y amplios sectores de la sociedad.

Blanco mandó malas señales en el rubro desde antes de rendir protesta en octubre del 2018. La designación de Pablo Ojeda como el otro hombre fuerte del gabinete, el primero era José Manuel Sanz, dejaba ver que lo del Cuauh no era la construcción de acuerdos. Ubicar a Ojeda en la Secretaría de Gobierno, responsable de las relaciones políticas, y a José Manuel Sanz en la jefatura de la oficina de la gubernatura, encargada de las relaciones públicas del Ejecutivo, probarían muy pronto las ganas de romper con todos del mandatario. La presencia de Ulises Bravo, el polémico hermano del gobernador, como “negociador” o personero del mandatario ayudó aún menos a construir los acuerdos necesarios con la oposición y en cambio sometió a los aliados del gobernador a echar porras casi al unísono a una administración que se percibe cada vez más lejano a la ciudadanía.

La salida de Ojeda y Sanz era buena señal, pero fortaleció la operación de Ulises Bravo al que muchos ubican como ya el último enlace del gobernador con la política estatal. Rebasado el personero por el tamaño de trabajo, el Ejecutivo ha tenido que habilitar a un “negociador” emergente en la persona del secretario de Movilidad, Víctor Mercado, ante el vacío al que parecen estar lanzando a Samuel Sotelo Salgado, el secretario de gobierno a quien parecen tenerlo marginado sólo a la atención de los conflictos más duros e insolubles del estado, como el caso de Xoxocotla.

Frente al excéntrico formato de diálogo, es natural la sospecha de muchos que ven el deseo de encontrar soluciones pacíficas a los conflictos como intromisión del estado en asuntos de las comunidades. Le ocurre a Samuel Sotelo en Xoxocotla y podría pasar en otros muchos lugares donde el prolongado abandono del Ejecutivo es el primer obstáculo para encontrar soluciones.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx