Buena parte de las protestas sociales que hemos visto, atendido o padecido en la capital política del estado, Cuernavaca, surgen en función de los tiempos institucionales. En estos días, con el inicio del ciclo escolar se presentaron reclamos por los uniformes escolares prometidos, la urgencia del rescate financiero de la UAEM y la demanda de mejoras en las instalaciones de la escuela rural de Amilcingo.
A partir del primero de octubre, seremos testigos de protestas por múltiples temas latentes que requerirán de una respuesta urgente del próximo gobierno: como los damnificados de la reconstrucción; el presupuesto que no termina de llegar; el pago de salarios de maestros universitarios; la inseguridad; la falta de servicios públicos; y un largo etcétera.
El orden institucional suele ponerse a prueba con cada protesta social; pero contra la multiplicación de marchas tendríamos que pensar en la multiplicación de necesidades o problemáticas que no han sido previstas por la autoridad o peor aún, que no han sido suficientemente atendidas a pesar de conocerlas.
Detrás de lo que pareciera ser una simple actitud tolerante de quienes colapsan la ciudad, se esconde una gran omisión por parte de la autoridad para poder canalizar institucionalmente una solución cuya problemática generalmente ha sido minimizada, incomprendida, desatendida y en algunas ocasiones, hasta combatida.
Hay protestas que surgen de manera inmediata y contundente como lo vimos la semana pasada con los paros y asambleas de protesta de los universitarios en contra de los actos porriles en la UNAM; pero también, hay protestas sociales que tienen un proceso de maduración más largo y complejo como en los temas de inseguridad o la falta de servicios públicos, y en todos los casos se deja al descubierto la ausencia de una autoridad capaz de procesar la diferencia o la inconformidad de manera preventiva.
Las protestas sociales por la falta de agua o inseguridad se han vuelto tan recurrentes y generales que parecen ya no tener un fin, las cuales se expresan con sus propias formas y tiempos; aunque pocas veces logren una respuesta de fondo de las autoridades responsables. Más que responder a un alto nivel de conciencia social y métodos de organización de quienes protestan, el común denominador que se observa es la existencia de vecinos cansados de tener en sus comunidades ambientes de miedo, psicosis, violencia e impotencia insostenibles que los obliga a exigir por cuenta propia una solución con o sin el gobierno.
Es evidente que el surgimiento de grupos de autodefensas en Morelos debemos entenderlo también como una forma de protesta social. Hace unos días, en Tlaltizapan, los vecinos en Pueblo Nuevo expresaron su hartazgo con lonas de ultimátum a delincuentes ante la ausencia real de los responsables de la seguridad.
Por necesidad o convicción, quienes protestan socialmente se asumen como actores de cambio. Campesinos, obreros, estudiantes y líderes sociales han sido nuestros promotores históricos de cambio; con su lucha se ha dotado en muchas ocasiones de contenido social a la visión institucional y cuando la protesta es justa, ha permitido ensanchar inequívocamente nuestra carta de derechos.
