Podríamos empezar por tranquilizarnos todos. Los problemas de inseguridad en Morelos los provocan delincuentes que deben ser capturados y sancionados por las autoridades competentes; su conducta debe inhibirse con estrategias integrales de prevención del delito y con castigos proporcionales a sus faltas. Las autoridades de seguridad pública y procuración e impartición de justicia son las responsables de enfrentar a la delincuencia. Cierto que la laxitud, inoperancia, ineficacia o de plano indolencia de algunas autoridades en la materia puede provocar que los delincuentes hagan tropelía y media, pero hay que tener cuidado con a dónde se dirigen los dardos y la ponzoña; los crímenes los cometen los delincuentes, la autoridad, en su caso, puede ser omisa, o hasta cómplice, como ha ocurrido ya antes en Morelos, pero en ese momento se convierte en delincuente, antes es el instrumento para enfrentar al crimen. Venga esto porque hay múltiples intereses para considerar a la inseguridad que vive el estado como un tema de índole exclusivamente política, y se utiliza la criminalidad como medio para deslegitimar a uno u otro gobierno, aunque, salvo prueba en contrario, los gobernadores, los alcaldes, los diputados, los funcionarios públicos, no son delincuentes, pueden ser omisos, incapaces, ignorantes, ineficientes, pero eso no los convierte en criminales (mientras esa colección de negligencias no provoque daño instrumental a terceros, claro).
Y es urgente decirlo porque pareciera que la autoridad y quienes la apoyan o critican, pierden de vista que el problema de la inseguridad está causado por delincuentes, por hechos criminales, y culpan a la anterior o a la actual administración del recrudecimiento o no de la violencia, lo que distrae del diseño de estrategias integrales para enfrentar a los criminales. No parece haber, aunque así se teja desde un conspiracionismo digno de Oliver Stone, un intrincado plan político para promover la delincuencia en detrimento de alguien o de muchos en el gobierno. Concebirlo así llevará a un diagnóstico provoque errores graves en el tratamiento de un problema que amenaza, sin duda, a la sociedad entera (dirán los conspiracionistas que a la imagen del gober Cuauh, pero lo cierto es que esa está más allá de esta discusión y en todo caso, es irrelevante comparada con la cantidad de familias que hoy sufren por culpa de los criminales).
A lo mejor conviene tomarnos un respiro. Tanto se ha acusado a Graco Ramírez que pareciera repetirse en micro la historia de Carlos Salinas como el villano favorito (se les culpa de tantas cosas que al final no se arregla absolutamente nada, y ahí andan los villanos con su imagen destrozada, pero tranquilos por la vida).
No se trata de defender a nadie, en todo caso, la colección de denuncias que va presentando el equipo de Cuauhtémoc Blanco en contra de ex funcionarios será la arena donde deba dirmirse cualquier responsabilidad jurídica de una administración, la de Graco Ramírez, que cometió muchísimos errores, algunos repetidos hasta el nivel de necedad, y que probablemente haya actuado con dolo en algunas áreas. El asunto es recordar que la inseguridad es responsabilidad de los criminales y que debiéramos pensar en reforzar las estrategias integrales de seguridad como condición urgente para evitar confundir a los políticos omisos, irresponsables y hasta corruptos, con los responsables de la muerte, el sufrimiento y la pérdida de patrimonio de muchos miles de morelenses.
Mesura es lo primero que hace falta en momentos como los que atraviesa el estado; de la mesura puede venir un diagnóstico acertado que lleve al tratamiento correcto.
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