El secuestro del discurso político para gozo de una escasa fracción de las sociedades es una práctica necesariamente común en las dictaduras, tristemente frecuente en las democracias, y condición aparentemente indispensable para el bodrio organizativo que padecemos los ciudadanos en los veintes y que por una suerte de triste suplantación, hemos dado en llamar práctica política actual. En algún momento, el grupo en el poder determina quiénes pueden hablar de política, del poder, y quiénes pueden tener aspiraciones por mecanismos mucho más parecidos al arbitrario diseño del canon, que a significados, gramática, o hasta características personales de quien busca la participación en o la crítica de la práctica del poder.
Es evidente que el grupo en el poder no sólo son los políticos, también esa abstracción que conocemos como el mainstream en los medios de comunicación (una serie de temas, personajes, modas expresivas de uso común durante un tiempo en algunos espacios periodísticos, de opinión y de espectáculos), algunos grupos sociales y de interés que tienen espacios coyunturales o ya definidos en la agenda pública (sindicatos, gremios, clubes). Es este conglomerado desordenado, circunstancial, voluntarioso, que ejerce lo que algunos sociólogos definen como terrorismo de Estado, que consiste básicamente en arrebatar a personajes o grupos el fragmento imaginario del discurso colectivo al que tienen derecho, eliminar sus ideas, pero también su voz, en una forma de aislamiento abusiva.
En el caso de Morelos, pareciera que existen nombres prohibidos, personajes que no debieran declarar nunca nada, hombres y mujeres que han sido marginados últimamente o de siempre de la posibilidad de expresar ideas, proyectos, críticas políticas. En la lista, según el espectro ideológico o la conveniencia personal de cada sujeto, se ubican igual Lucía Meza, Tania Valentina, Francisco Moreno, Rodrigo Gayosso, Rabindranath Salazar, Antonio Villalobos, Graco Ramírez, Jorge Carrillo Olea, cientos de mujeres cuyo nombre ha sido robado por la historia reciente, entre muchas otras personas que tuvieron a bien, o a mal, incomodar al canon de ese grupo de poder, y han sido prácticamente eliminados de cualquier posibilidad de esgrimir discursos, opiniones, proyectos, sin ser severamente ultrajados en redes sociales, o discriminados de origen por quienes hoy ocupan el poder. En el caso de algunos de ellos, como los ex gobernadores Ramírez y Carrillo, podría decirse que es un asunto kármico, pues ambos practicaron o permitieron se practicara en su nombre exactamente lo mismo; esa percepción es errada, en tanto el karma es una suerte de equilibrio generado por el universo, y en esta suerte de terrorismo opera mucho más la venganza que la intervención cósmica. Este arrebato del discurso proviene directamente de decisiones desde lo alto del poder, o desde grupos de interés determinado que suponen tener la autoridad moral, política, social, para determinar lo que la gente puede, debe o quiere escuchar. Olvidan que en tiempos de crisis como el que padecemos, conviene escuchar todas las voces.
@martinellito
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