/ martes 28 de junio de 2022

Política Mundial | Avances y retrocesos en el continente

Las políticas aplicadas en la década de los años noventa no preveían el derecho a la salud en muchas regiones del continente, por lo que los actores privados, sobre todo extranjeros, se valieron de ello para obtener beneficios económicos.

Fue tal el efecto de las ideas de considerar a la salud como uno de los principales ejes rectores de la sociedad en América Latina, que se desprendieron movimientos sociales que impulsaron los derechos sexuales y reproductivos, la despenalización del aborto y la lucha en contra de la violencia de género, todos incluidos en una propuesta de plan para atender y mejorar la salud pública en la región latinoamericana y caribeña.

Así que, cuando se habla de progreso social en la región, no se debe estar enfocado en el dinero únicamente, sino en la oportunidad que tiene la población para crecer y poder acceder a servicios básicos tales como educación, vivienda o salud basados en el uso adecuado de la tecnología y el conocimiento científico.

Ahora, en el mundo existe un debate donde se discute si la salud funciona como un derecho fundamental garantizado a toda la población como un bien público y universal o si actúa como un bien de mercado solamente accesible a quienes pueden pagar por él; incluso, la salud también alimenta el debate en cuanto a la segmentación social proveniente de quienes pagan una atención de elite, quienes pagan poco y quienes no pagan nada.

Entonces, aunque el derecho a la salud es fundamental para el desarrollo humano, este se ha convertido en un debate económico, filosófico, cultural y, en este momento, especialmente político.

De hecho, debido a que los sistemas de salud se han fragilizado y se han vuelto más vulnerables, pareciera que en estos momentos la gente se enferma y muere solo por la COVID-19, sin embargo, en el mundo la gente se muere por complicaciones de salud ligados a la pobreza y al modelo de desarrollo, donde se puede ejemplificar el caso de las 600 niñas paraguayas de entre 10 y 14 años que diariamente tienen hijos y que reflejan una realidad social que sucede en el sector salud, con o sin pandemia.

Sin embargo, mientras en el norte del continente se echan para atrás leyes y derechos ganados hace más de 50 años con el reciente establecimiento de que no existe el derecho constitucional del aborto, en América Latina el caso es diferente, sobre todo porque los gobiernos de izquierda y progresistas que han pasado por las sillas presidenciales de la mayoría de las naciones de la región lo han promovido por convicción propia o por conveniencia, pero al fin legislado.

Y para muestra un botón, a continuación, se enuncian algunos casos que en la región latinoamericana han marcado hechos relacionados con la legalización del aborto:

Cuba se estableció como la primera nación latinoamericana en despenalizar el aborto en 1965, año en que se instituyó como un derecho humano siempre y cuando se realice en el primer trimestre de gestación; a pesar de ello, el Código Penal cubano contempla hasta diez años de cárcel si este se comete por lucro y fuera de los lineamientos de la salud pública.

Por su parte, Guayana se convirtió en 1995 en la primera nación latinoamericana del sur global en tener una ley para la interrupción del embarazo, de hecho, en esta pequeña nación el aborto está permitido en las primeras ocho semanas de gestación por un médico autorizado, sin embargo, este tiempo se extiende cuatro semanas más en casos como violación, VIH en madre o riesgo eminente para la mujer y el feto.

Ya entrado el siglo XXI, en el 2012, Uruguay se sumó a la lista de países que despenalizan el aborto estableciendo un plazo de 12 semanas bajo algunos requisitos que el gobierno ha establecido dentro de la salud pública. Tal ha sido el impacto de esta ley que, en los primeros cinco años después de haber entrado en vigor esta normatividad, “Uruguay registró 10,000 casos por año y se ubicó como el segundo país con menor mortalidad materna en todo América, después de Canadá

El último país en sumarse a la despenalización del aborto ha sido Argentina en 2021 cuando se promulgó una ley que permitió el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención postaborto. En este caso, la ley permite su aplicación hasta la semana 14 dejando algunas salvedades como opción después de ese plazo.

También es importante mencionar que existen naciones que, a pesar de no haber regulado formalmente la interrupción del embarazo, sí cuentan con condiciones para realizarlo, tal es el caso de Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.

Las condiciones extraordinarias que estas naciones proponen tienen que ver, principalmente, con que la vida de la madre esté en peligro y, en menor medida como en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Panamá, que el embarazo se haya dado por una violación. En el caso de que el producto pueda nacer con un mal congénito o malformación, Belice, Chile y Colombia permiten el aborto, sin embargo, Bolivia establece que el aborto no será punible cuando la madre sea estudiante, se encargue de personas adultas o tenga alguna discapacidad.

Pareciera ser que la región latinoamericana va avanzando en la despenalización del aborto, sin embargo, existen países en donde todavía está prohibido sin excepciones; me refiero a El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, incluso se prevé prisión que va desde seis meses hasta 12 años.

Para el caso de México el avance es lento pues apenas en pocas entidades (Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Ciudad de México, por ejemplo) han establecido la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación.

Es así que, aunque pareciera que Estados Unidos tiene un mejor sistema de protección a derechos humanos, el caso de la (des) penalización del aborto va en contra de lo que el resto del continente va estableciendo, logrando así que la brecha existente entre Estados Unidos y el resto del continente se pueda ir acortando, aunque sea tema por tema, pero como dicen los que saben, algo es algo. Celebremos pues que vamos avanzando y no retrocediendo como en el norte.

Twitter: @fabrecam

Las políticas aplicadas en la década de los años noventa no preveían el derecho a la salud en muchas regiones del continente, por lo que los actores privados, sobre todo extranjeros, se valieron de ello para obtener beneficios económicos.

Fue tal el efecto de las ideas de considerar a la salud como uno de los principales ejes rectores de la sociedad en América Latina, que se desprendieron movimientos sociales que impulsaron los derechos sexuales y reproductivos, la despenalización del aborto y la lucha en contra de la violencia de género, todos incluidos en una propuesta de plan para atender y mejorar la salud pública en la región latinoamericana y caribeña.

Así que, cuando se habla de progreso social en la región, no se debe estar enfocado en el dinero únicamente, sino en la oportunidad que tiene la población para crecer y poder acceder a servicios básicos tales como educación, vivienda o salud basados en el uso adecuado de la tecnología y el conocimiento científico.

Ahora, en el mundo existe un debate donde se discute si la salud funciona como un derecho fundamental garantizado a toda la población como un bien público y universal o si actúa como un bien de mercado solamente accesible a quienes pueden pagar por él; incluso, la salud también alimenta el debate en cuanto a la segmentación social proveniente de quienes pagan una atención de elite, quienes pagan poco y quienes no pagan nada.

Entonces, aunque el derecho a la salud es fundamental para el desarrollo humano, este se ha convertido en un debate económico, filosófico, cultural y, en este momento, especialmente político.

De hecho, debido a que los sistemas de salud se han fragilizado y se han vuelto más vulnerables, pareciera que en estos momentos la gente se enferma y muere solo por la COVID-19, sin embargo, en el mundo la gente se muere por complicaciones de salud ligados a la pobreza y al modelo de desarrollo, donde se puede ejemplificar el caso de las 600 niñas paraguayas de entre 10 y 14 años que diariamente tienen hijos y que reflejan una realidad social que sucede en el sector salud, con o sin pandemia.

Sin embargo, mientras en el norte del continente se echan para atrás leyes y derechos ganados hace más de 50 años con el reciente establecimiento de que no existe el derecho constitucional del aborto, en América Latina el caso es diferente, sobre todo porque los gobiernos de izquierda y progresistas que han pasado por las sillas presidenciales de la mayoría de las naciones de la región lo han promovido por convicción propia o por conveniencia, pero al fin legislado.

Y para muestra un botón, a continuación, se enuncian algunos casos que en la región latinoamericana han marcado hechos relacionados con la legalización del aborto:

Cuba se estableció como la primera nación latinoamericana en despenalizar el aborto en 1965, año en que se instituyó como un derecho humano siempre y cuando se realice en el primer trimestre de gestación; a pesar de ello, el Código Penal cubano contempla hasta diez años de cárcel si este se comete por lucro y fuera de los lineamientos de la salud pública.

Por su parte, Guayana se convirtió en 1995 en la primera nación latinoamericana del sur global en tener una ley para la interrupción del embarazo, de hecho, en esta pequeña nación el aborto está permitido en las primeras ocho semanas de gestación por un médico autorizado, sin embargo, este tiempo se extiende cuatro semanas más en casos como violación, VIH en madre o riesgo eminente para la mujer y el feto.

Ya entrado el siglo XXI, en el 2012, Uruguay se sumó a la lista de países que despenalizan el aborto estableciendo un plazo de 12 semanas bajo algunos requisitos que el gobierno ha establecido dentro de la salud pública. Tal ha sido el impacto de esta ley que, en los primeros cinco años después de haber entrado en vigor esta normatividad, “Uruguay registró 10,000 casos por año y se ubicó como el segundo país con menor mortalidad materna en todo América, después de Canadá

El último país en sumarse a la despenalización del aborto ha sido Argentina en 2021 cuando se promulgó una ley que permitió el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención postaborto. En este caso, la ley permite su aplicación hasta la semana 14 dejando algunas salvedades como opción después de ese plazo.

También es importante mencionar que existen naciones que, a pesar de no haber regulado formalmente la interrupción del embarazo, sí cuentan con condiciones para realizarlo, tal es el caso de Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.

Las condiciones extraordinarias que estas naciones proponen tienen que ver, principalmente, con que la vida de la madre esté en peligro y, en menor medida como en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Panamá, que el embarazo se haya dado por una violación. En el caso de que el producto pueda nacer con un mal congénito o malformación, Belice, Chile y Colombia permiten el aborto, sin embargo, Bolivia establece que el aborto no será punible cuando la madre sea estudiante, se encargue de personas adultas o tenga alguna discapacidad.

Pareciera ser que la región latinoamericana va avanzando en la despenalización del aborto, sin embargo, existen países en donde todavía está prohibido sin excepciones; me refiero a El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, incluso se prevé prisión que va desde seis meses hasta 12 años.

Para el caso de México el avance es lento pues apenas en pocas entidades (Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Ciudad de México, por ejemplo) han establecido la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación.

Es así que, aunque pareciera que Estados Unidos tiene un mejor sistema de protección a derechos humanos, el caso de la (des) penalización del aborto va en contra de lo que el resto del continente va estableciendo, logrando así que la brecha existente entre Estados Unidos y el resto del continente se pueda ir acortando, aunque sea tema por tema, pero como dicen los que saben, algo es algo. Celebremos pues que vamos avanzando y no retrocediendo como en el norte.

Twitter: @fabrecam

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