Por Santiago Toffoli
Desde el final del gobierno de la Revolución Ciudadana en Ecuador, liderado por Rafael Correa, el país vive tiempos políticos cortos, cambiantes y con profundas transformaciones en lo político y social. En solo siete años, Ecuador atestiguó el viraje político ideológico de Lenin Moreno, la vuelta del Fondo Monetario Internacional (FMI), el exilio de Correa, los cambios en materia de política económica y exterior, el protagonismo de las organizaciones indígenas en la calle y el agudizamiento del problema del narcotráfico, entre otras cosas. Dos hechos han marcado la coyuntura actual del país andino, dentro de esa realidad cambiante. En primer lugar, la muerte cruzada dictada por Guillermo Lasso el año pasado, que posibilitó que Daniel Noboa asuma el poder por sólo 15 meses; y el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, lo cual marco un hito en la crisis de seguridad que vive el país, apuntalada por el crecimiento de las organizaciones criminales y hechos trágicos como las masacres carcelarias y los atentados a distintas figuras de la política.
El triunfo de Noboa en la elección de 2023 mientras Ecuador estaba sumido en el caos, sin poder garantizar ni la propia seguridad de la clase política, le ha otorgado la legitimidad suficiente para ejercer un amplio margen de maniobra para establecer políticas de seguridad a su gusto. La prevalencia de la agenda securitaria incluso tiene un demostrado apoyo popular, puesto que, en el referéndum de abril de este año, las consultas ligadas a la seguridad y vinculadas con un mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, y el aumento de penas, entre otras dimensiones, fueron apoyadas por la mayor parte de la ciudadanía, que rechazó aquellas vinculadas a desregulaciones y flexibilizaciones en cuestiones económicas.
Es en esta realidad que Daniel Noboa ha presentado a la Asamblea Nacional un proyecto de Reforma Parcial de la Constitución para cambiar el Artículo 5° de la Carta Magna ecuatoriana, con el objetivo de permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país y la cesión de bases nacionales a personal militar extranjero. El anuncio fue hecho desde Manta, aquella ciudad costera donde Estados Unidos tuvo una base militar hasta el año 2009, año en el que la actual Constitución promulgada durante el gobierno de Correa estableció la prohibición que hoy Noboa busca dejar sin efecto. El pretexto es la lucha contra el crimen organizado que ha hecho que Ecuador hoy esté bajo el estado de “conflicto armado interno”, prácticamente desde el inicio mismo del mandato de Noboa.
Sin embargo, esta medida tiene un carácter profundamente interméstico, con implicancias internas e internacionales que amplían el abanico de posibilidades de cara a la realidad política ecuatoriana pero también a la política regional y global.
En este mencionado contexto de tiempos cortos, la medida de Noboa busca un golpe de efecto que le de dividendos electorales de cara a los comicios de febrero de 2025. El presidente anunció que irá por la reelección luego de un primer mandato corto y considera que los resultados y anuncios en materia de seguridad son los que aumentarán sus posibilidades. En el marco del anuncio de reforma, también hubo pistas sobre cómo encarará narrativamente la campaña: el rival es la Revolución Ciudadana correista. En este escenario, la medida también busca revertir una política insignia de los años de Correa en el poder. Al hacer el anuncio, Noboa manifestó que el país fue puesto de rodillas bajo un falso pretexto de política soberana al impedir que Estados Unidos continúe con su presencia militar allí. Así, el presidente intenta aglutinar al anticorreismo social que ha demostrado, en las dos últimas elecciones ser la fuerza prevalente al momento de elegir dos proyectos de país. La pretensión de liderar al anticorreismo busca, asimismo, neutralizar a nuevas fuerzas políticas que han ganado protagonismo en el país en los últimos años, otra de las características que marcan la política ecuatoriana de los últimos años. Es una medida que agrupa un posicionamiento narrativo y político-partidario y un fortalecimiento de imagen de político de mano dura.
La reforma también confirma el viraje en materia de política exterior que ha realizado Ecuador en los últimos años, desde el gobierno de Moreno en adelante. Existe hoy un alineamiento casi total con Washington en materia de seguridad y de política hemisférica. Ecuador se posiciona, así como un posible socio estratégico de Estados Unidos en América del Sur, más concretamente en el litoral del Pacífico y complementando otras medidas que fueron tomadas en la misma dirección, como la inmunidad de la que gozan los militares estadounidenses en territorio ecuatoriano, otorgada durante los años de Guillermo Lasso en el poder. Estados Unidos logra así contar con Ecuador en su estrategia de apuntalamiento del llamado Polígono de Seguridad, conformado por los aliados de Washington en el Asia Pacífico, región en la cual se concentra el dinamismo económico global y las tensiones geopolíticas dados los puntos de conflicto que hoy Estados Unidos tiene con la República Popular China.
Es en ese marco que Quito se convierte en un posible aliado en América del Sur, territorio en disputa por las grandes potencias hegemónicas en un contexto de aceleración de tendencias y tensiones geopolíticas. Así, Ecuador se va convirtiendo en lo que fue Colombia a principios de este siglo, con respecto a la cercanía ideológica, política y estratégica con Estados Unidos, independientemente si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca o el Partido Demócrata logra retener el poder con Kamala Harris a la cabeza.
Por todo lo dicho, la pretensión de establecer bases militares extranjeras en el territorio es una cuestión que trasciende la corta gestión de Guillermo Lasso y complementa el viraje iniciado por Lenín Moreno. La medida, en caso de concretarse, brinda señales hacia adentro del país, pero también hacia afuera. Hacia adentro, muestra que Noboa ha seleccionado al correísmo como enemigo. La “bukelización” de ciertos aspectos de la gestión del actual mandatario es reforzada así con las políticas de golpes de efecto, aprovechando el apoyo que las políticas de seguridad suscitan en la ciudadanía. Algo de estas dos variables se pudieron advertir en el insólito asalto a la sede diplomática mexicana para la detención del exvicepresidente Jorge Glas. Hacia afuera, se refuerza el alineamiento con los Estados Unidos en el marco de una aceleración de las tensiones geopolíticas en el Asia Pacífico. Los argumentos se refuerzan teniendo en cuenta que la medida, en el caso de ser aprobada por los otros poderes del Estado, se concretará después de que la actual gestión finalice su mandato.
Finalmente, Noboa busca revitalizar la narrativa de la guerra contra las drogas que había perdido fuerza en los últimos años, dados los fracasos que esta política ha generado en América Latina El desmantelamiento del Estado que experimenta Ecuador desde hace unos años sugiere que la solución al problema del crimen organizado será cuestión de pensar políticas innovadores que ataquen las causas y siembra dudas sobre las viejas recetas que han demostrado falta de eficacia y resultados, cuando no un agravamiento del problema.
SANTIAGO TOFFOLI es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Ha formado parte de grupos de estudio y académicos sobre Integración Latinoamericana. Es comunicador y analista, y trabaja en diversos medios de comunicación gráficos y audiovisuales dedicándose al análisis de la política internacional.