Samantha Sánchez
“Sufragio efectivo, no reelección”. Cuatro palabras que por tantos años han marcado el paso de nuestro México pero que, con el tiempo, han perdido fuerza al disminuir nuestra confianza en los servidores públicos.
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la confianza en el gobierno se determina por las creencias y expectativas positivas que la población de un país pone sobre las instituciones públicas de su gobierno. Esta confianza tiene un impacto directo en la implementación de las políticas públicas y es esencial para el bienestar social. Por otro lado, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, la abstención se define como la decisión de no participar en unas elecciones en las que se tiene derecho de sufragio.
En las recientes elecciones de dos países cuya ubicación, sociedad, educación y cultura son completamente distintas, los niveles de abstención en sus elecciones 2022 alcanzaron puntajes históricos. El pasado 20 de junio, en la segunda ronda de votación para las elecciones del Presidente francés, el porcentaje de población electoral que decidió no emitir su voto alcanzó el 28%; mientras que en las elecciones de Colombia celebradas en dos rondas entre el 29 de mayo y el 19 de junio, la abstención llegó al 45,09%.
En 2016, durante las votaciones en el referéndum de Reino Unido sobre permanecer o abandonar la Unión Europea, la abstención alcanzó el 29% permitiendo así que un 71% tomara la decisión radical de dejar de pertenecer a uno de los bloques económicos y políticos más importantes del mundo.
En el mismo año, recordando el plebiscito por los acuerdos de la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los votantes colombianos rechazaron el acuerdo alcanzado por el gobierno para poner fin al conflicto. En aquellas votaciones, la abstención llegó hasta el 62%.
Y así podríamos seguir. La abstención y la falta de confianza en las instituciones públicas y en los gobiernos no es cosa nueva y, con el paso de los años, va en aumento. Las razones para no votar pueden ser muchas, pero se concentran principalmente en la falta de confianza en los candidatos postulados, en las instituciones determinadas para llevar a cabo el movimiento electoral y, sobre todo, en la forma de gobernar de los funcionarios actuales y pasados.
Los niveles de confianza en el gobierno varían entre grupos generacionales, y es que en la mayoría de los casos son los jóvenes quienes han decidido abstenerse de su derecho al voto, pues el alcance a la educación, formación e información que tienen ha desarrollado un mayor nivel de expectativas, por lo que la oferta de los gobiernos actuales parece quedarse corta en relación a las expectativas del sector más joven de la población.
La decisión de abstención no sólo afecta las relaciones comerciales o políticas de cada país, sino que los efectos llegan hasta las vidas cotidianas de cada uno de nosotros. La baja confianza en las instituciones representa un problema grave, pues las consecuencias se viven en el día a día con la pérdida de vidas por la violencia con la guerrilla en Colombia; afecta a la migración y la movilidad social de los británicos en otras partes de Europa y, en la mayoría de los casos en cuanto a votaciones para elegir al primer mandatario de los países, permite que sea la minoría quien elija a esta figura tan importante y representativa que marcará el curso de la historia próxima de cada región; por tan sólo mencionar algunos ejemplos.
En México, 6 de cada 10 personas desconfían del gobierno actual, ¿es necesario esperar a las siguientes elecciones para ver crecer este número? La responsabilidad de los gobiernos es construir bases sólidas sobre las cuales la población pueda reclinarse para alcanzar un mayor bienestar social, económico, cultural, educativo y un largo etcétera. Con base en resultados y buenas prácticas, las instituciones públicas podrían recuperar la confianza pérdida y fortalecerla no sólo en el gobierno actual, sino el curso que tomará cada país en las elecciones de los próximos periodos.
Nuestros funcionarios y mandatarios tienen la responsabilidad de dirigir, administrar y gobernar con responsabilidad, integridad y transparencia; desde el manejo de recursos públicos hasta aspectos tan sencillos como el manejo de la palabra en espacios de discusión y debate, la conducta diaria de cada funcionario, el manejo de crisis masivas y la implementación de medidas precautorias en términos de salud, seguridad pública y medio ambiente, entre otros, que beneficien no sólo a una parte de la población –ni a los más poderosos ni a los más vulnerables– sino con equidad y distribución óptima de los recursos disponibles. Son estas acciones con las que los gobiernos podrían encarar a la desconfianza y a la falta de involucramiento en la formación del futuro de cada país.
Las personas hacen las instituciones, pero también cada uno de los ciudadanos tenemos el poder y la responsabilidad de hacer que el futuro de nuestra nación tome el camino adecuado, ejerciendo nuestro voto. La participación activa en la toma de decisiones de nuestro país puede, en el mejor de los casos, dar un giro inesperado para bien y evitar, en medida de lo posible, que sea la minoría quien tome el control de la decisión pública y nos lleve a niveles de descontento todavía mayores; cosa que únicamente provocará que nuestras instituciones, nuestra economía y nuestras oportunidades sigan flaqueando.
