Mauricio Jaramillo
Uno de los cambios más esperados con el nuevo gobierno en Colombia, pasa por el tan mencionado y anunciado restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, suspendidas en el nivel de embajadores desde 2017, y totalmente interrumpidas desde agosto de 2018, con la llegada al poder del actual mandatario Iván Duque.
A mediados de 2016, cuando tomaba posesión Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el Perú, varios gobiernos de corte conservador (Enrique Peña Nieto, Mauricio Macri, Horacio Cartes y Juan Manuel Santos, entre otros) decidieron que debían avanzar en ejercer mayor presión para empujar una transición democrática en Venezuela. Este sería el principal antecedente para la creación posterior del denominado Grupo de Lima, cuya misión terminó en el aislamiento total del oficialismo venezolano de los espacios multilaterales regionales y el posterior desmembramiento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
En abril de 2017, de manera sorpresiva, Nicolás Maduro decidió convocar una Asamblea Nacional Constituyente que, en la práctica, significaba la erosión significativa del poder de la Asamblea Nacional (Congreso) en manos de una mayoría opositora desde febrero de 2016. Este hecho, que confirmaba un giro autoritario, llevó a que Colombia, que había sido muy prudente con Venezuela y había tratado de mantenerse al margen, protestara de forma más expresa y convocara a su embajador, Ricardo Lozano, último representante de ese nivel colombiano en territorio vecino.
Y desde 2018, Duque decidió el cierre de consulados para en los meses siguientes pasar a una ofensiva sin antecedentes en las relaciones colombo-venezolanas: el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino y la apuesta por lograr casi que, a la fuerza (golpe de Estado) un cambio en Venezuela. Aquello tuvo un profundo impacto en la vida de los dos millones de colombianos que viven en territorio vecino y los 2,1 millones de venezolanos en Colombia. El comercio quedó seriamente averiado y la situación de inseguridad se disparó entre otros, por la imposibilidad de cooperación a ambos lados de la frontera.
Tras el fracaso rotundo de la estrategia de aislamiento a Maduro, bautizada “cerco diplomático”, crecieron las voces en Colombia para un restablecimiento pleno, tanto del Senado como de gobiernos subnacionales y organizaciones de derechos humanos preocupadas por los efectos en las fronteras y sobre la situación migratoria de semejante incomunicación. Es más, todos los candidatos a la presidencia, salvo Federico Gutiérrez cercano al expresidente Álvaro Uribe, se expresaron por una retoma del vínculo diplomático con Caracas. Testimonio irrefutable del consenso que tal restablecimiento generaba en el país.
Por eso ante la victoria de Gustavo Petro se sabía que se avanzaría en ese camino. La reunión de la semana pasada del ministro de relaciones exteriores designado a Álvaro Leyva con su homólogo venezolano Carlos Faría, terminó de concretar ese acercamiento renovado que, seguramente tendrá efectos en el corto y mediano plazo. En primer lugar, se espera que el comercio binacional se redinamice a ambos lados de la frontera, en sectores duramente golpeados por la pandemia y la situación reciente inflacionaria en el mundo.
Venezuela ha experimentado una recuperación económica jalonada por la dolarización que ha bajado la inflación, un crecimiento económico logrado luego de 7 años de decrecimiento y un aumento de la producción petrolera que llegaría a los 750 mil barriles diarios. Es clave para ambas poblaciones que la relación comercial reviva y no siga dependiendo de los lazos políticos y sea víctima frecuente de controversias entre ambas capitales.
Segundo, seguramente Bogotá dispondrá de mejores espacios para gestionar el tema migratorio. Actualmente, 6 millones de venezolanos han abandonado ese territorio convirtiéndose en la población migrante más grande del mundo, después del exilio ucraniano causado por la guerra. El establecimiento de corredores humanitarios y el retorno de Caracas a los espacios multilaterales regionales donde la migración es tema obligado parece una noticia esperanzadora. El bochornoso espectáculo de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles con gobiernos que parecían no enterarse del drama migratorio es una alerta que la región, en pleno, debe tomar en serio.
Y en materia de seguridad reposa tal vez el reto más complejo. Con la desmovilización de las FARC en 2016, las disputas de grupos armados por el control de territorios donde se explotan recursos producto del narcotráfico y la criminalidad trasnacional se han convertido en común denominador a lo largo y ancho de la frontera de más de 2200 kilómetros. No será fácil la tarea pues se trata de un descuido de años en ambos Estados que un par de gobiernos no podrá fácilmente revertir. En el pasado, administraciones que llegaron con las mejores intenciones para dialogar terminaron enemistadas por las acusaciones a la contraparte por la situación de inseguridad interna.
Este restablecimiento de relaciones colombo-venezolanas cierra uno de los capítulos más oscuros de la política latinoamericana donde se apeló a la retórica maniquea de la Guerra Fría y se despilfarraron varios años castigando a los más vulnerables en Venezuela, mientras el establecimiento post chavista consolidó su poder. Seguramente, el retorno de Caracas a estos espacios regionales diplomáticos significará el de Cuba, castigada indirectamente por su dependencia respecto de quien se ha vuelto su aliado más incondicional. Petro se enfrenta a uno de los retos más complejos de la política exterior colombiana en los últimos años, y con ecos en el resto de la zona.
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