Condición de cualquier ruptura es que sea total, integral. Los rupturistas son tan radicales como ilusos, porque hay verdades con las que no puede romperse porque se trata de leyes naturales.
Las rupturas suelen ser impopulares en tanto las sociedades acostumbran defender las instituciones que ellas mismas han ido creando, así que pese al carisma que suelen tener quienes abanderan las corrientes de quiebre (y acá uno piensa más en los Ramones y los Sex Pistols, que en López Obrador), no dejan de ser bastante marginales, a no ser que acaben moderando sus posiciones (aún cuando en el discurso sigan siendo unos loquillos).
Así que las corrientes que aparentan ser rupturistas resultan, a final de cuentas, de un gatopardismo impresionante, porque enarbolan un discurso revolucionario radical para mantener o restaurar aquello que consideran perdido. En ese sentido, suelen buscar la involución más que proponer vías para la evolución.
La tendencia del gobierno federal de romper con el pasado inmediato para restaurar el modelo de “estado nacionalista benefactor”, puede explicar las acciones, propuestas y hasta el discurso que sin novedades argumentativas o de contenido, se ofrece desde las oficinas del Ejecutivo y sus correligionarios. No se trata verdaderamente de una revolución, sino en todo caso de una restauración que devuelve formas y usos del estado autoritario no de los cuarenta, sino de los setenta.
El afán restauratorio en alguna medida tiene su respaldo en los episodios de corrupción del período llamado (más desde la opinión que a partir del análisis serio) neoliberal, y mucho más en la dilución del poder unipersonal que facilitó el mesianismo presidencial hasta los años de la democratización y los contrapesos. El problema es que no se ha propuesto nada realmente nuevo y el mundo es profundamente diferente al que permitió el modelo de estado al que el grupo en el poder busca regresar.
El calentamiento global, la crisis energética, los ambientes digitales, las nuevas tecnologías, la diversidad sexual, la extensión de la pobreza, la compleja convivencia ciudadana, los problemas de financiamiento para el desarrollo, los problemas del agua, la ineficiencia de los gobiernos en la dotación de servicios públicos, entre muchas otras problemáticas que de importantes se han convertido en urgentes, no parecen encontrar soluciones en los modelos políticos del pasado. Probablemente por ello, cada una de las propuestas del gobierno, pero también muchas de las de sus adversarios, parecen muy viejas.
Con la urgencia evidente de repensar la política pública y el diseño de soluciones desde el estado para atender cada uno de los nuevos problemas con algo más que discursos; abrir frentes de conflicto con los despachos donde se piensa, como las universidades y los colegiados científicos, parece un contrasentido que acrecienta el riesgo de que el poder público siga siendo un espacio ideologizado y dogmático en que las oportunidades para atender realmente los problemas sociales y globales. La necesidad de repensar el Estado es imperante y las evidencias van desde la salud pública hasta la satisfacción ciudadana. La tarea es para quienes piensan no para los que gobiernan.
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