Sin lo cosmopolita de Cuernavaca, ni la alcurnia de Cuautla, Jiutepec representa casi 60 por ciento de la producción total de Morelos, y junto con las otras dos ciudades suma más de la mitad del personal ocupado y de las unidades económicas instaladas en la entidad.
Así que no sólo por humanidad debiera preocupar a todos lo que ocurre en el municipio conurbado a Cuernavaca, sino también porque lo bueno o malo que ahí pase incide directamente en la economía estatal con mucha mayor fuerza que cualquier otra demarcación.
Jiutepec ha sido presa de gobiernos regulares y malos durante mucho tiempo, la corrupción en la comuna alcanzó en varias administraciones niveles de escándalo agravados por la impunidad, pero en los últimos años, las malas prácticas gubernamentales si bien siguieron en la escala de lo indignante, cedieron su espacio en términos de preocupación a la inseguridad, como ocurrió en casi todo el país. Jiutepec forma parte del corredor geográfico entre Cuernavaca y Cuautla, así que sus problemas con el crimen son prácticamente los mismos que padecen esos dos municipios y Yautepec. La vocación industrial de la zona, hace aún más susceptibles a las calles y colonias de Jiutepec para que aflore la violencia que hace víctimas a los ciudadanos; eso y la proliferación de giros rojos, junto a la amplísima brecha entre quienes más y menos tienen, la falta de oportunidades derivada del cierre o la reducción de producción de empresas, y otros fenómenos, construyen un escenario en que la violencia se ha convertido en parte de la vida cotidiana de miles de residentes en el municipio.
Sin adelantar vísperas, porque faltará ahora que su proyecto funcione, el alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, ha diseñado junto a su equipo de trabajo una estrategia para la construcción de la paz con características bastante rescatables. Primero, se trata de un conjunto de acciones trazadas a través del diagnóstico científico que contiene estudios de inicio y datos de inicio de fuentes externas. Es decir, a diferencia de otros proyectos que parten exclusivamente de una determinada coyuntura, el de Jiutepec no sólo escucha las demandas ciudadanas, sino además traza mapas situacionales y rutas para la construcción de la paz.
El segundo punto es probablemente más ambicioso, se trata de insertar todas las políticas sociales del municipio como parte de la estrategia para construir la paz. Es decir, la atención en salud, educación, asistencia social, no se darán aisladas, sino como herramientas para reducir y, en el mejor de los casos, eliminar la violencia en el municipio. No se trata entonces sólo de hacer operativos contra los antros, de despliegues policiales impresionantes, de operativos de vigilancia que, en múltiples ocasiones son lesivos de los derechos humanos (aunque autorizados por los propios ciudadanos, lo que los vuelve mucho más peligrosos); es cuestión de desarrollar un complejo andamiaje de beneficios inhibidores de conductas criminógenas.
Y un tercer detalle, que podría considerarse aún más impactante, es que el proyecto no se opone, pero tampoco depende de las acciones que el gobierno estatal toma en materia de seguridad pública. Orquesta, sí, la cooperación entre las esferas estatal y municipal, y con ello parece ser al momento el más acabado de los proyectos municipales en términos de pacificación.
Habría que reconocer que, de quienes arribaron al poder en las elecciones del 2018, Rafael Reyes es de los pocos políticos formados en la práctica de esta ciencia. Podríamos decir que es de los pocos políticos que quedan en el estado, en tanto el resto son ciudadanos bien intencionados cuyo conocimiento de la administración pública y de la planeación de gobierno es más bien rudimentaria, lo que genera acciones que pueden ser las adecuadas pero sin la articulación que puede darles mayor impacto.
