El outsourcing o tercerización se ha convertido en una “mala palabra”; se ha significado, de algún modo, en sinónimo de injusticia en nuestro país.
Es una modalidad utilizada para la administración del personal que data de más de 60. En México se fortaleció con la llegada de los gobiernos neoliberales por las ventajas que le representa al sector empresarial, ya que les ha permitido evadir impuestos, el menor o no pago de la cobertura social, una “ganancia extra”, por así decirlo.
En legislaturas anteriores, diputados y senadores de izquierda, presentamos iniciativas con el propósito de regular esta modalidad que se vieron rechazadas una y otra vez por los intereses patronales quienes estaban representados de alguna manera por legisladores del PRI y PAN, particularmente.
Es claro que las y los legisladores de Morena no estamos en contra de la empresa privada, por el contrario, creemos que debe ser apoyada y fomentada, pero es necesario que los patrones no sólo cumplan las leyes en la materia, también actúen de manera ética frente a quienes representan la fuerza de trabajo, los generadores de la plusvalía de sus negocios.
Con información de abril pasado, el World Employment Confederation, informó que en nuestro país hay más de 900 empresas dedicadas a la tercerización; sin embargo, apenas 100 cuentan con registro ante el IMSS, y sólo 40 pagan impuestos adecuadamente. Se calcula que el año pasado se evadieron más de 470 mil millones de pesos. Esta mínima radiografía nos muestra el por qué la animadversión hacia esta modalidad.
Sin embargo, hay otro dato que en esta “placa” no aparece y que tiene que ver con las irregularidades en contra de los trabajadores, a quienes, además, seguido, se les regatea su derecho a la seguridad social, son explotados laboralmente y cada determinado tiempo, como sucede usualmente con las empresas de limpieza, la patronal desaparece y, consecuentemente, miles, particularmente personas de la tercera edad, pierden todos sus prestaciones: salario, aguinaldo, antigüedad, vales.
Es claro pues que el sector patronal dedicado a la tercerización no cumple comúnmente con sus responsabilidades legales ni, por decirlo de manera amable, se solidariza con sus empleados, por eso no es de llamar la atención que La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) haya manifestado su rechazo a la iniciativa.
Según éstos, “se afecta a las empresas productivas y sostenibles”, pero, sobre todo, lo que pareciera un mensaje un tanto amenazante, hablan de que se “podría inhibir la creación de más empleos y ahuyentar a inversionistas”. En un tono conciliador, el CEE llamó a un diálogo, pues considera que la iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia representa una “acción unilateral”.
Así, después de que las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado aprobaran el dictamen que busca regular el outsourcing, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, pidió suspender la discusión del tema que habría de pasar al pleno senatorial.
La propuesta del senador zacatecano es acertada para ser analizada y enriquecida en lo que se llama “Parlamento Abierto” y alcance un consenso que permita que la ley sea aprobada y tenga la fuerza necesaria, atendiendo principalmente la dignidad y la economía de los trabajadores. Simplemente lo justo.
