/ jueves 11 de febrero de 2021

Otro tiro: Ojeda vs. Fiscalía

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda enfrenta el tercer escándalo jurídico desde octubre de 2019, cuando se conoció que era investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por su presunta implicación en las corruptelas del ex gobernador de Veracruz, Javier “N”. El segundo golpe en medios fue cuando se conoció de la denuncia de la propia UIF ante la FGR por presunto lavado de dinero en contra del secretario. Y el más reciente ocurrió el mediodía de un jueves al que el Covid le quitó lo pozolero, pero la Fiscalía Anticorrupción de Morelos le puso la salsa cuando mandó a 15 elementos policiacos para entregar tres oficios que, aparentemente, resultaban muy pesados para llevarlos uno solo.

Ojeda se vuelve poco a poco el villano favorito del gabinete de Cuauhtémoc Blanco. Pero sigue siendo inocente en tanto nadie parece haberle comprobado ilícito alguno, hasta ahora. Eso no quita que se haya enojado al grado de excederse en declaraciones cuando unas horas después de la visita del comando convocó a reporteros para acusar una persecución de parte de la fiscalía que, según dice, estaría usando la institución del ministerio público con intereses eminentemente políticos. Curiosamente, eso no fue lo peor que pudo decir el encargado de la política interna del estado.

Y es que Ojeda señaló la incapacidad de la Fiscalía (acá ya en general la del estado), para atrapar a los asesinos de dos líderes sindicales a unos metros del Palacio de Gobierno, en mayo del 2019; a quienes ultimaron a Samir Flores, en febrero de ese mismo año; o en general cualquiera otra carpeta no resuelta por la fiscalía (el 99.6% del total según los datos de Impunidad Cero que citó el secretario). Lo que Ojeda omitió decir es que a final de cuentas, él mismo tiene alguna participación en el clima de enrarecimiento en Morelos porque si bien la reforma del 2018 a la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado la retiró la responsabilidad de la Seguridad Pública (asignándola al gobernador y permitiéndo delegarla en la Comisión Estatal de Seguridad Pública), aún toca al secretario Ojeda resolver los asuntos de política interna del estado, preservar la gobernabilidad, y mantener la armonía y orden público en la sociedad, que obviamente ha sido trastocado antes, durante y después de los homicidios de líderes sindicales y sociales que él mismo cita, y por el resto de los miles de asesinatos y feminicidios que se han cometido en Morelos desde el inicio de esta administración y que se suman a los otros miles que se cometieron en el pasado y siguen impunes. Así que en su presunta autodefensa, el secretario Ojeda acabó evidenciando la incapacidad del gobierno en general para tratar los temas de inseguridad y los efectos que los mismos tienen en la gobernabilidad, la armonía y el orden social, de una forma por lo menos cercana a la efectividad.

El pleito entre secretario de gobierno y fiscalía evidencia no sólo el distanciamiento cada vez más profundo entre el círculo de confianza del gobernador y los fiscales del estado; sino mucho más la crisis en un poder morelense que ha dejado de comportarse como una estructura y hoy se ejerce a través de grupos cada vez más pequeños y aislados.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda enfrenta el tercer escándalo jurídico desde octubre de 2019, cuando se conoció que era investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por su presunta implicación en las corruptelas del ex gobernador de Veracruz, Javier “N”. El segundo golpe en medios fue cuando se conoció de la denuncia de la propia UIF ante la FGR por presunto lavado de dinero en contra del secretario. Y el más reciente ocurrió el mediodía de un jueves al que el Covid le quitó lo pozolero, pero la Fiscalía Anticorrupción de Morelos le puso la salsa cuando mandó a 15 elementos policiacos para entregar tres oficios que, aparentemente, resultaban muy pesados para llevarlos uno solo.

Ojeda se vuelve poco a poco el villano favorito del gabinete de Cuauhtémoc Blanco. Pero sigue siendo inocente en tanto nadie parece haberle comprobado ilícito alguno, hasta ahora. Eso no quita que se haya enojado al grado de excederse en declaraciones cuando unas horas después de la visita del comando convocó a reporteros para acusar una persecución de parte de la fiscalía que, según dice, estaría usando la institución del ministerio público con intereses eminentemente políticos. Curiosamente, eso no fue lo peor que pudo decir el encargado de la política interna del estado.

Y es que Ojeda señaló la incapacidad de la Fiscalía (acá ya en general la del estado), para atrapar a los asesinos de dos líderes sindicales a unos metros del Palacio de Gobierno, en mayo del 2019; a quienes ultimaron a Samir Flores, en febrero de ese mismo año; o en general cualquiera otra carpeta no resuelta por la fiscalía (el 99.6% del total según los datos de Impunidad Cero que citó el secretario). Lo que Ojeda omitió decir es que a final de cuentas, él mismo tiene alguna participación en el clima de enrarecimiento en Morelos porque si bien la reforma del 2018 a la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado la retiró la responsabilidad de la Seguridad Pública (asignándola al gobernador y permitiéndo delegarla en la Comisión Estatal de Seguridad Pública), aún toca al secretario Ojeda resolver los asuntos de política interna del estado, preservar la gobernabilidad, y mantener la armonía y orden público en la sociedad, que obviamente ha sido trastocado antes, durante y después de los homicidios de líderes sindicales y sociales que él mismo cita, y por el resto de los miles de asesinatos y feminicidios que se han cometido en Morelos desde el inicio de esta administración y que se suman a los otros miles que se cometieron en el pasado y siguen impunes. Así que en su presunta autodefensa, el secretario Ojeda acabó evidenciando la incapacidad del gobierno en general para tratar los temas de inseguridad y los efectos que los mismos tienen en la gobernabilidad, la armonía y el orden social, de una forma por lo menos cercana a la efectividad.

El pleito entre secretario de gobierno y fiscalía evidencia no sólo el distanciamiento cada vez más profundo entre el círculo de confianza del gobernador y los fiscales del estado; sino mucho más la crisis en un poder morelense que ha dejado de comportarse como una estructura y hoy se ejerce a través de grupos cada vez más pequeños y aislados.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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