Desprestigiados y lejanos a la sociedad y a cualquier viso de ideología que los ubique como marca, los partidos políticos están en etapa de redefinición para enfrentar en la elección del 2021 al mejor símil que nos queda de un partido de Estado.
La tarea no es fácil, no sólo padecen los partidos (salvo quizá Acción Nacional), un rechazo enorme que les reporta muy escasos índices de votación, aún en las regiones que creían dominar; además, si todo sale bien a Morena, la reforma electoral próxima reduciría el financiamiento a los partidos, redefiniría los cálculos para asignarlo, desaparecería los órganos locales electorales, establecería un esquema de austeridad que podría comprometer la certeza de los comicios. Es decir, desprestigiados, lejanos a la sociedad, pobres, y operando bajo un esquema que reduce la certidumbre, los partidos estarían al borde de su aniquilación.
La propuesta de reforma electoral de Morena está dirigida, básicamente, a satisfacer el anhelo de vendetta de algunos sectores contra los partidos políticos y, por supuesto, a consolidar el dominio de su fuerza política sobre el resto de opciones, posibilidad que le da el tener la mayoría en las cámaras y poder lograrla en el constituyente. Se trata de aniquilar a las minorías (que suman el 60 por ciento de los votos en el país) por la vía de la restricción económica, de la modificación de reglas de asignación para cargos (incluida la reducción de espacios de representación proporcional) que llevaría a alterar la representatividad política de los mexicanos creando mayorías ficticias y eliminando las oposiciones.
Los partidos deben reconocer que se han excedido en sus acciones, todos los que han sido minorías en algún momento han negociado sus posiciones para construir mayorías, a menudo traicionando sus ideales o a su representación. Pero el problema de corrupción en los partidos políticos y en los órganos de gobierno colegiados, congresos y cabildos, no debiera ser motivo para la aniquilación de las representaciones minoritarias. En todo caso, debieran transparentarse los ingresos de los legisladores y regidores, transparentar los mecanismos de negociación parlamentaria, reforzar la supervisión a la responsabilidad de los representantes; no cancelar la operación de las minorías que, sumadas, resultan más grandes que la mayoría que toma decisiones en el país.
Detalle estratégico de Morena es el introducir la discusión sobre la reforma electoral en tiempos de crisis y definiciones entre los partidos políticos que podrían enfrentarla. Aprovecha la proclividad de los políticos mexicanos a pelear por migajas mientras descuidan el tema de su supervivencia, su viabilidad, y la recuperación de su extraviada dignidad.
Un absurdo más de la reforma propuesta por Morena es la desaparición de los organismos públicos locales electorales, OPLES, que ofrecían mayor certeza en los procesos electorales y evitaban que el Instituto Nacional Electoral se ocupara de más de 3 mil 600 elecciones locales, entre gobernadores, diputados locales y ayuntamientos que suponen el registro y supervisión de más de 50 mil candidatos, una tarea titánica (si no imposible) para una institución a la que, adicionalmente, se ha limitado en materia presupuestal. El argumento de ahorro no es operante en materia de democracia y certidumbre política, en tanto la pérdida de cualquiera de ambas resulta mucho más cara que todo el dinero que pudiera invertirse en lograrlas. Tiene razón Lorenzo Córdova al sugerir medidas que abatan los altos costos de los procesos electorales en sí mismos. Avanzar en el voto electrónico parece ya inaplazable, reducir el tiempo de las campañas y abatir los costos de las mismas lo es aún más. Dejar de invertir en la certidumbre siempre resulta un sinsentido.
