Por supuesto que el gobierno estatal y la Fiscalía Anticorrupción no iban a acabar el año sin aventarse el último pleito. La imagen de una notificadora del órgano persecutor pegando en la puerta cerrada de Palacio de Gobierno el oficio en que solicita a Pablo Ojeda el oficio en que el gobernador del estado le delega sus funciones mientras Cuauhtémoc Blanco está en Brasil, es una síntesis gráfica del inexistente diálogo entre ambas instancias, de la escasa confianza y también del abandono en que se encuentra el estado en medio de recurrentes crisis.
El asunto está más o menos así, el gobernador se fue a pasar el fin de año a Brasil, sus acérrimos adversarios denunciaron que se había ido del estado mientras Pablo Ojeda (quien constitucionalmente tendría que asumir el encargo durante la ausencia de Cuauhtémoc Blanco) también estaba fuera de la entidad, lo que provocaría un vacío de poder en el Ejecutivo. Unos días después comenzó a circular la copia de un oficio en que Cuauhtémoc notifica su separación temporal del cargo y encarga a Ojeda asumir las funciones inherentes al mismo. Pero también resultó la sospecha de que la firma del documento no era la del gobernador, sino una falsa. Lo que movió al inicio de una indagatoria de la Fiscalía Anticorrupción que, con justificación o sin ella, tiene un marcaje personal sobre el secretario de Gobierno y el propio gobernador frente a la cantidad de acusaciones públicas sobre presuntos actos irregulares de ambos funcionarios y de otros miembros del gabinete y de su grupo político.
La fiscalía dio a Ojeda un plazo de dos horas para entregar el original del documento de marras (plazo que no alcanza ni para comer y pagar la cuenta en un buen restaurante en estas fechas); el lapso fue incumplido por el secretario y en eso está el pleito. Uno más de los artificiales escándalos que han mantenido en una vergonzosa sonoridad a la política morelense. Conste que no restamos la gravedad de una posible falsificación de documentos en los más altos círculos del gobierno estatal, pero en el fondo se hace para cubrir una ausencia del gobernador que, habrá que reconocerlo, no es nueva ni poco frecuente. Y en todo caso, el escándalo puede distraer de la evidente falta de resultados en materia de seguridad pública, desarrollo económico, bienestar social, orden jurídico, protección del medio ambiente, manejo de la pandemia y todos los otros que padece la ciudadanía morelense; cada uno más relevante que la formalidad de un oficio.
Cuauhtémoc Blanco no caerá, seguramente, por el documento de marras; Pablo Ojeda, tampoco. La Fiscalía Anticorrupción puede hacer el intento, generar el escándalo, profundizar en las investigaciones, pero queda claro que ese motivo por sí mismo (o integrado a otros expedientes) no significará la debacle de la administración de una administración que ofrece magros resultados, pero que resultan igual de mediocres que los de casi todos los liderazgos políticos morelenses a estas alturas.
Frente a este panorama, lo que quedaría a los ciudadanos en todo caso es aumentar sus niveles de exigencia. Los reclamos justos de los morelenses no tendrían que acallarse por los escándalos que ocupan a la clase política.
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