La Suprema Corte de Justicia declaró constitucionales las revisiones policiacas hechas a personas y vehículos aún y cuando no se cuente con una orden judicial.
Ocurrió hace unos días, a manera dar mayor claridad a los retenes y solicitudes detención de vehículos para su revisión conocidas por todos quienes han circulado en vehículos particulares.
A pesar de los argumentos esgrimidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las violaciones probables al derecho fundamental de libre tránsito por el territorio mexicano, así como el debido proceso por no contar con mandamiento judicial para efectuar dichas revisiones, la Corte avaló el actuar policiaco.
La discusión derivó de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el ombudsman, tras conocer la noticia, Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión consideró que en lugar de contribuir en seguridad, se propician violaciones a derechos humanos.
Entonces, ¿Cuándo ustedes y yo debemos detener nuestros automóviles ante la solicitud de policías? Sostuvo la Corte, cuando hay “sospecha razonable”. Pero ¿quién determina la sospecha? ¿Puedo contravenirla? Por más argumentos de los ministros quedaremos sujetos a detenernos cuando unilateralmente un policía nos marque alto, de lo contrario quedaremos más expuestos a una acción policiaca arropada por la ambigüedad de las normas.
El asunto no es menor cuando según los datos de la misma CNDH, las retenciones representan la mayor causa de quejas, incluso el año pasado superaron las 10 mil.
Las denominadas inspecciones de policía sin orden judicial o ministerial son un claro ejemplo de todos aquellos derechos que son menoscabados a partir de ganar mayor seguridad, ofrendamos nuestras libertades a razón de sentirnos más seguros, mas esto no ha derivado en una mejora de disminución de delitos, seguimos expuestos a situaciones de violencia.
Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, apuntó que el sexenio de Felipe Calderón cerró con 70 mil asesinatos y 30 mil desaparecidos, así como un porcentaje de impunidad del 95% ahora en el periodo de Enrique Peña Nieto, son más de 150 mil asesinatos, 30 mil desaparecidos y el mismo porcentaje de impunidad.
En un capítulo más de terror vivido en nuestro país, una familia fue acribillada en lo que la Secretaría de la Marina ha calificado como un fuego cruzado tras la emboscada a sus efectivos en Nuevo Laredo; sobrevivientes apuntaron como responsables a marinos desde un helicóptero, el saldo independiente a las investigaciones a seguirse para determinar responsabilidades alcanzó a dos niños de 4 y 6 años.
Si la Corte no considera violatorio de nuestros derechos que los policías restrinjan nuestro libre tránsito por una “sospecha” unilateral, si cada vez tenemos mayor presencia de militares avalada por leyes como la de Seguridad Interior y a pesar de esto escalamos los niveles de violencia en el país, es claro que la estrategia sigue fallando.
Las encuestas sobre percepción de seguridad dejan claro que se trata del tema más lacerante de la sociedad mexicana, sin embargo no podemos continuar en una cascada de restricciones para intentar lo no ocurrido en varios años, vivir seguros.
