Existe el riesgo de que al cambiar de un gobierno presidencial a uno parlamentario se pueda exacerbar la problemática de ingobernabilidad e inestabilidad si no se tienen partidos disciplinados y una legislación adecuada para determinar prerrogativas entre una y otra forma de régimen.
También se contemplan las desventajas del régimen parlamentario en términos de que, al depender el gobierno y el gabinete del parlamento, los legisladores pueden actuar como agentes libres que, indisciplinados, pueden cambiar a conveniencia política su apoyo y no consolidar un cuerpo gobernante funcional, esto es el talón de Aquiles de los sistemas parlamentarios.
Por tanto, cambiar de un sistema presidencial a uno parlamentario sin lograr disciplinar al sistema de partidos y hacer funcionar al sistema electoral para tales fines, lejos de lograr consolidar y estabilizar la democracia exacerbaría el conflicto y la ingobernabilidad.
Aunque Los argumentos de Juan Linz en favor del sistema parlamentario para perpetuar la estabilidad de la democracia son sólidos e históricamente convincentes, subestimó las virtudes del presidencialismo limitado y diseñado constitucional e institucionalmente dentro de las amplias categorías presidencialistas para ser funcional e incluso deseable contemplando la coyuntura del sistema de partidos que se tenga en cada país.
Así en México, podemos concluir en que no es viable el cambio de un sistema presidencial a uno parlamentario por la indisciplina de todo el sistema de partidos. La oposición es irresponsable ante la derrota electoral, la corrupción sistemática en el sistema electoral y de partidos debilita las posibilidades de disciplina interna.
Por tanto, se deben aprovechar las virtudes y posibilidades del sistema presidencial mexicano, limitando sus facultades legislativas, disciplinando al sistema de partidos, tanto al partido en el gobierno como a la oposición, generando una cultura de participación democrática en la construcción de las políticas gubernamentales en todos los niveles de la administración pública, transparencia en la acción gubernamental y parlamentaria, entre muchas otras carencias, a fin de dar estabilidad, legitimidad y funcionalidad a nuestra forma de democracia.
Un presidencialismo delimitado por el arreglo constitucional y restaurar el gobierno dividido en la cámara de Diputados para que el presidente no disponga de mayoría, devolver la diversidad política regional, entre otras acciones colectivas, forman parte de las obligaciones ciudadanas para detener el autoritarismo de la gestión del presidente de la República y, continuar con la agenda al rescate de la democracia como forma de Estado y de gobierno.
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