Fueron los ciudadanos y no los políticos quienes vencieron esta vez a la Comisión Federal de Electricidad. Aunque si hay que decirlo, hay un ganador político del desaguisado y es el ayuntamiento de Cuernavaca en gran parte por el respaldo ciudadano que ofrecieron ayudantes municipales y ciudadanos quienes consideraron abusiva la posición de la CFE contra la ciudad.
Probablemente quienes no viven en la ciudad lo ignoran, pero la gente de Cuernavaca tiene bastante claro el origen de la crisis financiera del sistema de agua potable local. Los enormes pasivos que sobrepasan los mil millones de pesos se deben a omisiones de pago de las administraciones de Jorge Morales Barud, Cuauhtémoc Blanco y Antonio Villalobos. Saben también que justo por presuntos desvíos en las arcas del SAPAC, el último de los tres alcaldes citados está en prisión preventiva en Atlacholoaya. También tienen claro la cantidad de tomas clandestinas, la cartera vencida, las deficiencias del servicio por desgaste de la infraestructura y en general la crisis generalizada en el sistema que, sin embargo, ha sido menos malo durante el 2022 y el primer mes del 2023. Probablemente por eso y porque la CFE, acostumbrada a ser la villana de cualquier película doméstica en el país, no hizo nada por defender su política (notoriamente selectiva, por cierto) de cortes de servicio, quienes parecen ganadores hasta ahora son los funcionarios del ayuntamiento y particularmente, el alcalde José Luis Urióstegui. Tampoco es para tanto porque el problema de fondo no ha quedado resuelto. La crisis del SAPAC sigue y lo que se consiguió es diferir por unos meses una catástrofe que en las condiciones actuales es inevitable.
Llama la atención también que, siendo el adeudo de Cuernavaca bastante menor al de otros municipios del país, la posición de la CFE en el caso de la capital morelense sea de total intransigencia y en contra de los derechos humanos de los casi de 400 mil habitantes de la ciudad. Es notorio al grado de que no pocos señalan ya una suerte de endurecimiento de la oficina regional de CFE dirigida particularmente contra los adversarios políticos del grupo en el poder de Morelos. Pero fuera de las señales extrañas, no hay prueba alguna de ese argumento.
Si todos los políticos que se pronunciaron durante el martes y miércoles (gobernador, senadora, diputados federales y locales), se dedicaran seriamente a buscar las fuentes de financiamiento para rescatar a SAPAC, habría un panorama distinto. Pero todo parece indicar que las declaraciones de todos ellos son sencillamente actos de posicionamiento político y no compromisos reales para solucionar el problema de fondo que consiste primero en los mil millones de pesos de pasivos de SAPAC, y segundo en el deterioro de la red de agua potable en la ciudad. Cualquier propuesta que sea “buscar reuniones para dialogar sobre la situación” es francamente inútil, como se ha demostrado en los últimos años.
En otro frente de conflicto, el Congreso del estado inició ayer su período ordinario de sesiones con el llamado a mantener y respetar la división de poderes. Al acto asistieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa Olea, y el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado; en efecto, otra vez el gobernador omitió asistir (aunque mandó al más fiel de sus personeros que es Víctor Mercado, por cierto).
Francisco Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva, expuso en el único discurso del Legislativo la intención de abatir el rezago legislativo, diseñar una reforma electoral local y atender la controversia constitucional sobre el presupuesto 2023 para el estado de Morelos. En efecto, a pesar del ambiente de respeto y cordialidad, el presidente de la Mesa Directiva y parte de la mayoría opositora agrupada en el G15 del Congreso, decidió advertir al Ejecutivo hasta dónde lo dejará pasar en el Legislativo. Es decir, la división de poderes y el equilibrio entre estos parece ser el interés fundamental de la Legislatura que está ya a la mitad de su gestión.
El “no pasarán” del Congreso parece menos significativo que el lanzado por la ciudadanía de Cuernavaca a la CFE; pero al ser institucional cobra una dimensión diferente.
@martinellito
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