El asesinato de la diputada Gabriela Marín, a pesar de sus múltiples implicaciones, la mayoría evidencia de la descomposición política que el estado sufre hace años y que durante la administración de Cuauhtémoc Blanco se ha agravado, como hecho no tiene más relevancia que los más de setecientos homicidios dolosos en el estado en lo que va del año y que resultan igual de condenables, de impermisibles, y cuyos responsables materiales e intelectuales, debieran ser castigados. El contexto de violencia en el que se dió el crimen contra la diputada es el de un estado que ha sido rebasado por los actos de la delincuencia, de un funcionariado bajo sospecha de vínculos con grupos criminales, un ambiente de corrupción imbatible, y de políticos ocupados ya únicamente en la lucha por el poder y los beneficios materiales y simbólicos que se le atribuyen al mismo.
Morelos está triste y enojado. Y la ciudadanía tiene razón. Acaso la diferencia entre el asesinato de la diputada y los cientos de otros que se han cometido en lo que va del 2022, y el resto de los que se cometieron en otros años de esta administración, es que la sensación de vulnerabilidad frente a la violencia y el crimen, que antes probablemente era segmentado, se ha vuelto general. Hasta el gobernador, en un arranque de sinceridad que parecía cinismo, ha reconocido que todos en el estado vivimos en riesgo.
Las conferencias de prensa posteriores a una situación de crisis, como la que significa el asesinato de la diputada Gabriela, tendrían que servir para tranquilizar a la ciudadanía, enviar un mensaje de que el gobierno sabe lo que está haciendo y que la situación está controlada. La declaración espontánea del gobernador no se orientó jamás a ello, “a cualquiera nos puede pasar”, y con ello parece sentenciar los resultados de su estrategia de seguridad a cuatro años de implementada. Así que, en términos sociales, el crimen ha servido para que los morelenses acaben de entender que el problema de la violencia y la inseguridad y las omisiones de los gobiernos estatal, federal y municipal pone en riesgo a todos.
A lo mejor frente a esa patética realidad es natural que el discurso sobre el asesinato se dirija a las implicaciones políticas que tendrá la muerte de Gabriela Marín. Porque cierto es que las principales líneas de investigación que la Fiscalía sigue tienen qué ver con la actividad política de la legisladora, lo que suena lógico; pero también lo es que el modo de operación de los criminales no se diferencia mucho del utilizado en otros asesinatos cometidos en el estado y de los que, por lo menos en 695, no hay vinculaciones evidentes con móviles políticos. Dirigir la atención pública hacia la podredumbre política de Morelos podría distraernos del problema mayor y sobre el que tan magros resultados hay, la inseguridad generalizada en el estado.
Porque a final de cuentas, el Congreso seguirá funcionando, la división entre los grupos podría variar un poco en el número de legisladores de un grupo u otro, incluso hasta podría definirse trabajar con sólo 19 diputados por tiempo indefinido. Ninguna de las posibilidades apunta a la reconciliación entre los actores políticos, de hecho, el impacto del homicidio parece destinado a radicalizar las posiciones en tanto el gobierno estatal sigue defendiendo su estrategia de seguridad y la oposición insiste en cambiarla profundamente. Mucho menos ayuda que el tema de los funcionarios públicos y representantes populares presuntamente vinculados con grupos criminales no se haya agotado aún, mucho más cuando la inteligencia sobre el asunto proviene de lo que llaman fuentes abiertas (publicaciones en redes sociales, por ejemplo), y que sea el propio gobernador quien insista en retomarlo cada vez que se vuelve notoria la emergencia de seguridad que vive en estado.
En efecto, uno esperaría que, frente a lo ocurrido y lo recurrente de lo ocurrido, la política local evolucionara profundamente, o por lo menos se acercara a lo que los morelenses exigen, un grupo de líderes expertos que traten y solucionen los problemas públicos de forma eficiente. Nada apunta a que eso ocurrirá, el mensaje es el mismo: la ciudadanía está sola y la política anulada.
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