El 2022 fue el año más violento en la historia de Morelos. Los delitos contra la vida e integridad corporal superaron los cinco mil 800, y los delitos contra la familia casi llegaron a seis mil. Incluso las denuncias por violencia familiar crecieron en poco más de cinco por ciento, superando las cinco mil doscientas. También aumentó la violencia sexual, se abrieron 625 carpetas por abuso sexual y 580 por violación simple, que superaron a las reportadas en el 2021 en más de 10 por ciento.
Frente a las cifras, el silencio de los políticos morelenses es preocupante; especialmente dada la proclividad de casi todos ellos de salir a declarar lo bien que les va. Enviciados por la búsqueda del muy erosionado poder local, parecen más dedicados a anticipar sus campañas y los acomodos para hacerse de candidaturas a las elecciones, a más de un año de distancia, que en trazar una agenda urgente y realista para atender el problema de la inseguridad y la violencia en el estado.
En enero del 2019, la administración de Cuauhtémoc Blanco presentó una ambiciosa estrategia de pacificación para el estado que involucraba a prácticamente todas las oficinas del gobierno local y a los ayuntamientos en lo que entonces se contemplaba como el plan único con el que el estado abatiría los índices delictivos que, entonces se consideraban insostenibles. A cuatro años de ello, el incremento en los crímenes violentos evidencia que el documento aquél no ha sido aplicado, o nunca funcionó. Cada año desde entonces, se escucha a empresarios, iglesia, profesionistas, sindicatos, pedir la revisión de la estrategia de seguridad del gobierno estatal, y con la misma cotidianeidad se repite la retahíla de excusas para no hacer cambios.
Con el dinero público para seguridad manejado prácticamente en su totalidad por el Ejecutivo estatal, los municipios poco han podido hacer, o sugerir siquiera como parte de la estrategia de seguridad. El esquema de Mando Coordinado ha arrebatado a los municipios la posibilidad de hacerse responsables de la seguridad pública en términos de la Constitución. Sólo Cuernavaca hace un año fuera del esquema de mando policial propuesto por el Ejecutivo, ha anunciado por lo menos en cuatro ocasiones cambios en su estrategia de seguridad pública para volver más eficientes la prevención del delito y hasta las detenciones en flagrancia; sus resultados, aún discutibles, permiten ver una contención en la tendencia a la alza de los delitos violentos en la ciudad. En efecto, no hay una reducción sustancial de los delitos en la capital de Morelos, aunque, a diferencia de otros municipios, no ha habido un crecimiento notorio en los hechos violentos.
Vale el comentario pues ilustra que la estrategia de seguridad se puede modificar de acuerdo con la realidad que se enfrenta. Por ello extraña la falta de propuestas, pero mucho más la ausencia prácticamente absoluta de la agenda de seguridad en el discurso político local. No es injusto el señalamiento, salvo por moderadas declaraciones condenatorias (enérgicas, dicen ellos), cada vez que algún morelense regularmente famoso es asesinado, los casi tres asesinatos de cada día, los más de 14 casos de violencia familiar cada día, las once violaciones a la semana, se ausentan de la boca de los políticos. Las palabras de los políticos no están como crítica a las fallas del gobierno estatal y los municipales, pero tampoco como una propuesta alternativa para devolver la paz a Morelos.
Las cosas en Morelos no están como para andar en campañas políticas, mucho menos si en ellas el tema de la seguridad, fundamental para la mayoría de los morelenses está ausente. La falta de propuesta, la aparentemente voluntaria ceguera sobre la crisis de seguridad pública muestran la lejanía entre los políticos y la sociedad, y por lo mismo ponen en duda la legitimidad de la representación a la que desde ya aspiran.
Probablemente hayan renunciado ya a operar en lo que queda del sexenio y reserven sus talentos para la próxima elección. La mala noticia es que para ello faltan 16 meses, demasiado tiempo al ritmo de violencia que azota al estado.
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