A invitación de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, el mandatario de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa, el fiscal, Uriel Carmona, el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo, y el comisionado de Seguridad Pública, Ortiz Guarneros, fueron a Chilpancingo a firmar un convenio para la seguridad y procuración de justicia entre ambas entidades que permita reducir la incidencia delictiva en los municipios colindantes. El convenio es similar al que opera Guerrero con otros de sus vecinos, Oaxaca y Michoacán, porque a decir de la gobernadora, “la violencia no conoce fronteras y debe ser atendida de raíz por nuestros gobiernos”.
Por las características de la información que compartieron los funcionarios de Morelos y Guerrero, la mayor parte de las intervenciones no fueron divulgadas, pero la del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos sí fue transmitida por el gobierno vecino. Fue puntual pero poco esperanzadora. Luis Jorge Gamboa reconoció el trabajo respetuoso pero coordinado que tiene el Poder Judicial del estado con el Ejecutivo y su Comisión Estatal de Seguridad Pública y con la Fiscalía General del Estado, lo que probablemente esté bien; pero también reconoció que apenas inicia en Morelos el combate a las estructuras financieras de los grupos delictivos y que la falta de recursos no permite el fortalecimiento de las policías y compromete su capacitación, lo que resulta espantoso.
El magistrado advirtió que de poco sirve aprehender a los cabecillas de grupos delictivos si no se eliminan sus estructuras financieras, por lo que es necesario avanzar en dos planos, primero la inteligencia financiera, y segundo la extinción de dominio, ambas en Morelos están en pañales, aunque en otros estados no aparecen siquiera en las preocupaciones de las fuerzas del orden. Lo que podría traducirse en que las capturas de jefes criminales que tanto ha presumido el gobierno estatal, y que han sido logradas por fuerzas federales, poco daño habrían hecho a estructuras criminales con una solidez financiera que envidiaría cualquier ayuntamiento. Porque en Morelos, igual que en muchas partes del país, parece mucho más fácil embargar a un municipio que las cuentas o propiedades de los capos, y eso debe tranquilizar muy poco a cualquiera, especialmente a los ayuntamientos.
Mucho menos contentos pueden estar los alcaldes y las fuerzas del orden frente al otro reconocimiento que hace el magistrado Gamboa: no hay dinero para fortalecer a las policías, lo que implica su capacitación y equipamiento, pero también sus percepciones salariales, es decir, el poco atractivo que había ya en ser policía se vuelve mucho menor dada la pobreza de los presupuestos para seguridad. Cierto que en el presupuesto que los diputados aprobaron y el Ejecutivo aún podría vetar, se incluyen incrementos a la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, que son un avance, pero insuficiente comparado con el tamaño de la necesidad.
La crisis de seguridad de Morelos lo ubica como el segundo estado más violento de los que han firmado convenios de seguridad con Guerrero. De enero a septiembre del 2022, en Michoacán se cometieron mil 548 homicidios dolosos; en Guerrero, 852; en Morelos 759 y en Oaxaca, 597. Pero la población de Michoacán es de 4.75 millones de habitantes, la de Oaxaca es de 4.13 millones, Guerrero, 3.54 millones y Morelos poco menos de 2 millones de habitantes, es decir, para el número de pobladores del estado en relación con los asesinatos cometidos, Morelos sólo está detrás de Michoacán.
La ventaja de la colaboración puede estar en que nadie tiene que enseñar al otro a hacer las cosas, y en cambio, parte de las deficiencias de las políticas de seguridad locales pueden ser paliadas con el apoyo de otros estados donde parece, por cierto, que lo están haciendo mucho mejor, como Oaxaca y Guerrero.
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