En el 2018 la coalición formada por Morena, PT y PES ganó la gubernatura del estado, obtuvo 501 mil 743 votos, el 52% de todos los emitidos en aquella jornada y se repartieron, de acuerdo con el convenio: 292 mil 751 para Morena, 106 mil 570 para el PT y 102 mil 422 para el PES. Es decir, se asumió que Morena tenía el 58.4 por ciento del peso en la votación, el PT, 21.2 y el PES sólo 20.4 porque los partidos que integraron la alianza Juntos Haremos Historia, así lo dispusieron e hicieron público en el convenio con que registraron su coalición. Es decir, los electores que votaron por Cuauhtémoc Blanco asumieron que lo estaban haciendo, en ése órden por Morena, PT y PES.
Entre el 2 de julio (un día después de la elección) y el 30 de septiembre del 2018 (un día antes de que Blanco rindiera protesta como gobernador del estado), los desencuentros entre Morena, PT y PES fueron creciendo, básicamente porque el recién electo y su equipo consideraron que habían ganado por la popularidad del ex futbolista y que poco le debían a Morena y PT, a quienes incluso acusaron en algún momento de haber apoyado a otras fuerzas por acciones u omisiones. El gabinete de Cuauhtémoc Blanco presentado el 1 de octubre de ese año incluía quince despachos con nivel de secretaría de las que apenas dos fueron para militantes de Morena (en ese entonces), el resto de las secretarías y direcciones de órganos descentralizados era una mezcla un tanto extraña de ex panistas, y colaboradores de Cuauhtémoc Blanco y sus familiares, y hasta algunos jugadores de fútbol. En los nombramientos predominaba la pertenencia real o simulada al Partido Encuentro Social, al que Blanco le debía cobijo político y postulación.
De 15 posiciones de alta responsabilidad en el gabinete de Cuauhtémoc Blanco sólo dos correspondieron al partido que tuvo 58.4% de los votos de la coalición, lo que representaba apenas el 13.3% del gabinete, es decir, Morena empezó la administración de Cuauhtémoc Blanco con una subrepresentación. Legalmente el gobernador tiene la facultad de nombrar a los miembros de su gabinete, pero la legitimidad de esas asignaciones queda en duda; si a Morena la correspondían casi seis de cada diez votos para gobernador, uno asumiría que tendría el 60% nueve de quince secretarías. Por cierto, muy pronto las dos secretarías que se habían entregado a militantes de Morena (Guillermo López Ruvalcaba y Margarita González Saravia) también irían a personajes de otra filiación política.
Cuando los votantes y militantes de Morena se deslindan de las administración de Cuauhtémoc Blanco tienen razón parcialmente. La representación de Morena en los gabinetes legal y ampliado y en oficinas del Ejecutivo era francamente reducida; pero eso se corregiría cuando agonizante el PES después de su catástrofe electoral en el 2021, durante ese año y el siguiente la mayoría de los funcionarios relevantes del gobierno de Blanco, incluido él mismo, se convirtieron en morenistas y el partido los admitió sin mayores reparos.
Toda esta colección de recuerdos viene a cuento porque, si nos fijamos en los derechos electorales de los ciudadanos bastante claro resulta que fueron violados por la coalición Juntos Haremos Historia en Morelos, igual que por otras coaliciones en el pasado. Los electores votaron mayoritariamente por una fuerza política y los gobernó un grupo diferente. Desde esta perspectiva de derechos ciudadanos, tendría que revisarse la propuesta de Ley de Gobiernos de Coalición que el Congreso empezará a discutir en los próximos días y que significaría cambios en las facultades del gobernador, tanto en lo que refiere a nombramientos de colaboradores como en el diseño de políticas públicas conforme a plataformas electorales integradas de forma coaligada.
La iniciativa que impulsa el diputado Eliasib Polanco busca justamente regular no el registro de coaliciones, ya ordenado por las normas electorales, sino el ejercicio de gobierno que deberán cumplir las coaliciones ganadoras. La certeza de ello no sólo volvería más clara la relación entre los partidos pasadas las elecciones y ya en el gobierno, sino protegería de alguna forma el derecho ciudadano al respeto de su voluntad expresa en el voto.
@martinellito
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