Obligado a investigar frente a cualquier queja que le competa, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana optó adecuadamente por la vía del Procedimiento Especial Sancionador, PES, para investigar y sancionar en su caso a dos personajes de la vida pública que probablemente hayan incurrido en actos anticipados de precampaña electoral y/o promoción personalizada de servidores públicos: Margarita González y Víctor Mercado.
El Procedimiento Especial Sancionador es un instrumento efectivo para prevenir y en su caso castigar conductas violatorias de los contenidos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, previstos en su artículo 134. La velocidad es fundamental en las cuestiones comiciales, en razón del daño que el desbalance puede causar a una contienda democrática. El proceso se inicia a partir de quejas ciudadanas documentadas, luego la autoridad valora la evidencia presentada y recopila más en su caso, y determina si las conductas revisadas cumplen alguno de los ocho supuestos que dan lugar a las infracciones, prácticamente todos referidos a la propaganda con fines electorales.
Si Margarita González o Víctor Mercado son o no responsables de las faltas deberá resolverse en hasta cinco instancias, primero una comisión del Impepac que tendrá vista del caso, luego el Consejo Estatal Electoral que determinará su considera que los señalados son responsables de violaciones a la ley e impondría la sanción que se proponga desde la comisión, siempre que esté apegada a derecho; luego el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, al que podrían recurrir los afectados por la decisión (quejosos o sancionados) para controvertirla; luego quedarían la Sala Regional y por último la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así que es probable que el asunto lleve aún meses.
Por lo pronto, el Impepac ya había pedido a Margarita González el retiro de la propaganda con su nombre, la directora de la Lotería Nacional advirtió que la campaña no la estaba llevando ella pero emitió un exhorto a la sociedad para retirar cualquier elemento de propaganda en su nombre, lo que parece dar parcial cumplimiento a la solicitud del órgano electoral; y luego solicitó a trece ayuntamientos retirar e impedir la colocación de propaganda, pinta de bardas y cualquier material que pudiera ser considerado violatorio de la ley electoral.
Falta lo esencial, si el Consejo Estatal Electoral encuentra que la funcionaria federal y el estatal son los responsables de las conductas sancionables atestiguadas por prácticamente todos los morelenses, podría aplicar sanciones que irían desde la multa económica (que suele ser de decenas o cientos de miles de pesos) hasta la pérdida de la oportunidad para ser postulados, en los casos más severos, contando con que la gravedad de cada caso es establecida por el propio consejo de acuerdo con criterios jurídicos. Por cierto, no hay antecedentes de que alguien haya perdido el derecho a participar en un proceso electoral por actos anticipados de campaña o promoción personalizada de los servidores públicos, pero tampoco lo hay de precampañas tan anticipadas, por lo menos desde el 2014, año de la última reforma que sanciona más severamente la propaganda ilegal.
El resultado que tengan los procedimientos derivados de las quejas ciudadanas, tendrá impacto en la vida interna del partido al que pertenecen tanto Margarita González como Víctor Mercado; y probablemente esa haya sido la intención de quienes se quejaron ante el órgano electoral. En caso de ser encontrados responsables, ambos funcionarios tendrían una desventaja competitiva respecto de sus rivales en la contienda interna de Morena, al convertirse en jurídicamente vulnerables.
Cierto, González y Mercado no son los únicos que habrían incurrido en actos anticipados de campaña, se ha detectado a bastantes otros políticos aspirantes a candidaturas diversas, pero hasta ahora no han sido denunciados o no se han iniciado aún los procedimientos en contra de cada uno de ellos.
@martinellito
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