Hace ya más de cinco meses, el alcalde de Xoxocotla, Benjamín López Palacios, fue asesinado. El crimen ocurrió cuando el ayuntamiento del municipio indígena apenas hacía el proceso de transición y en medio de un conflicto postelectoral en que se ha advertido de la intromisión incluso de grupos criminales en la zona.
Los morelenses saben que hablar de la belicosidad del municipio indígena no es nuevo. Antes parte de Puente de Ixtla, y desde el 2017 autónoma, la comunidad de Xoxocotla es de las más aguerridas de un estado identificado ya de por sí como bastante rijoso; además, el municipio tiene una ubicación estratégica en la comunicación del norte del estado hacia la zona sur, lo que le añade importancia a cada uno de sus conflictos internos.
Pocos gobiernos han tenido un acercamiento real y constante con la comunidad indígena de Xoxocotla, menos la han entendido, pero probablemente ninguna administración estatal había estado tan lejana a lo que ocurre en el municipio como la actual.
Porque los avisos de que algo grave ocurría en Xoxocotla no son nuevos. De hecho, el asesinato del alcalde es investigado por la Fiscalía General del Estado como consecuencia de una cadena de fricciones políticas entre grupos que se disputan el poder y que, dicen las investigaciones, podrían estar vinculados con grupos delictivos que operan en la zona.
Las tragedias se han sucedido en Xoxocotla sin que se note siquiera una preocupación del gobierno estatal por lo que pasa en la región.
La muerte del presidente municipal electo, Juan López Palacios, en junio pasado, ocurrió apenas unos días después de ganarle a 13 adversarios los comicios, y a unas horas de haber denunciado que el comité electoral le condicionaba la entrega de su constancia de mayoría. Juan falleció por un ataque cardiaco el 12 de junio. Con el deceso vino nuevamente el pleito por el poder, que fue resuelto en una asamblea comunitaria en la que se rechazó al suplente de López Palacios y se nombró a su hermano Benjamín como alcalde electo, quien sería asesinado días después de haber rendido protesta en el cargo, el once de enero.
Al asesinato del alcalde vino un nuevo pleito por el poder, en medio del mismo, el secretario municipal, Manuel Alejandro Jiménez, también fue asesinado el 15 de marzo. El 14 de junio, el fiscal, Uriel Carmona, anunció la detención de dos de los presuntos responsables del asesinato del alcalde López Palacios.
En medio de la violencia, la comunidad se dividió en dos bandos visibles, quienes apoyan a Abraham Salazar (suplente de López Palacios), y los que respaldan a Raúl Leal, designado en una asamblea el 20 de marzo como alcalde.
El 29 de julio, la Fiscalía detuvo por el asesinato de una persona al secretario de seguridad pública de Xoxocotla, que había sido nombrado 16 días antes por Raúl Leal en el cargo. De acuerdo con la investigación, el 28 de mayo, una persona herida de bala fue ingresada al hospital general de Jojutla , donde perdió la vida el 10 de junio. El aprehendido ya había ocupado el mismo despacho en el trienio de Leonel Zeferino Díaz en la alcaldía de Xoxocotla, y fue delegado municipal de la comunidad entre 2013 y 2016 cuando aún era parte de Puente de Ixtla.
Con todos esos elementos, la manifestación que ayer bloqueó el centro de Cuernavaca y tuvo hasta encontronazo entre manifestantes y policías antimotines podría haberse evitado pues no fue un acto casual. El conflicto en Xoxocotla no apareció mágicamente, hubo decenas de señales que el gobierno estatal prefirió no atender. Después de seis horas de bloqueo y poner a la ciudad de cabeza todo ese tiempo, los de Xoxocotla lograron, por lo menos, que el gobierno estatal instale una mesa de diálogo entre las partes en conflicto, algo que pudo hacerse desde el 12 de enero, por ejemplo, sólo tardaron cinco y medio meses.
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