En algo tiene razón el diputado Francisco Sánchez Zavala, los gobiernos crean estructuras para responder a las realidades que enfrentan y no a las que quisieran habitar. La creación de unidades municipales para búsqueda de personas desaparecidas resulta patética por necesaria. Con una tasa de 37.4 desaparecidos por cada cien mil habitantes, Morelos es el estado donde más frecuente resulta el delito. También parece buena la intención del legislador cuando advierte la urgencia de trabajar en materia de seguridad para evitar las desapariciones de personas en el estado.
No se trata de un asunto sencillo, para la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, en Morelos hay entre 600 y 700 registros al año. Este gran número se divide en dos hipótesis, la de personas no localizadas (aquellas cuya ubicación es desconocida) y desaparecidas (cuya ausencia se relaciona con la comisión de un delito). Los no localizados en Morelos representan, según la autoridad, entre 80 y 85 por ciento de los reportes. Es decir, el registro de desaparecidos en el estado de Morelos fluctúa entre 90 y 140 probables víctimas de un delito.
Aunque en la primera categoría no hay una relación directa con delitos, entre los supuestos considerados para la no localización de una persona está el haber sido víctima de violencia de algún tipo, el haber estado involucrado durante su ausencia en faltas administrativas o delitos, y personas que deciden voluntariamente perder comunicación con su familia y seres cercanos. Es decir, aunque no puede tipificarse un delito de forma inmediata, es posible que tales se hayan cometido.
En el caso de la segunda inmediatamente las investigaciones apuntan a una desaparición que habría sido forzada en la comisión de delitos: homicidio, feminicidio, secuestro, tráfico de personas, entre otros. La distinción no hace diferencia en el entorno de las víctimas secundarias de la desaparición, familia, amigos, compañeros de trabajo, pero sí en la forma en que la autoridad trata los casos y apunta la búsqueda.
Hasta hoy, pese a la integración de una comisión estatal de búsqueda, operante desde mediados del 2019, el saldo es negativo, las localizaciones son mínimas y no ocurren al mismo ritmo que las desapariciones, lo que ha generado un incremento cada vez mayor en el número de personas no ubicadas, relacionadas o no con hechos delictivos. Actualmente se calcula que los morelenses buscan a por lo menos cuatro mil 500 personas de las que más de 120 habrían desaparecido en lo que va del 2023.
La tarea es mayúscula para una oficina que cuenta con poco más de una decena de colaboradores y cuyo presupuesto para el 2023 llega a los 10 millones 90 mil pesos. Eso justifica parcialmente la idea del Legislativo para integrar oficinas de atención a víctimas y búsqueda de personas en los 36 ayuntamientos del estado.
De hecho, el primer municipio de Morelos que abrió una oficina especializada en la materia fue Yecapixtla, del que Francisco Sánchez Zavala fue alcalde. Tocó a su suplente, Jaime Bermúdez, la inauguración del despacho una vez que Francisco asumió la diputación local.
Por supuesto, el resto de los alcaldes podrían decir, y de dónde sacamos para armar oficinas de búsqueda que no solo requieren personal, sino también equipo y presupuesto para trabajar. El freno a la iniciativa del Congreso parece radicar más en los recursos que en las intenciones.
El problema estructural de los ayuntamientos es que parecen dispuestos a enfrentar las realidades del siglo XXI con estructuras del siglo XX, en el mejor de los casos (aunque los cabildos son mucho más antiguos, por allá de la época colonial). Hoy requieren de oficinas para atender desapariciones, diversidad sexual, gobierno digital, entre otros asuntos que resultan fundamentales.
Un reto adicional será la coordinación institucional de esas oficinas con la Comisión Estatal de Búsqueda en cuyo decreto de creación no se contempla la interacción con los ayuntamientos, pese a considerarla un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno.
@martinellito
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