Con más de 4 mil accidentes de tránsito terrestre entre 2019 y 2021, Cuernavaca concentra poco menos del 15% de los percances vehiculares totales en el estado y que en el mismo período fueron 27 mil 277. De todos los choques en la entidad, el 21.3% (5 mil 814), se asociaron con el consumo de alcohol, de acuerdo con datos del INEGI. Frente a tales cifras, los operativos de alcoholemia que iniciaron el fin de semana en Cuernavaca, y que operan hace tiempo Jiutepec, están más que justificados. De hecho en el caso de Jiutepec, en los meses que ha operado el alcoholímetro, se ha registrado una disminución del 50% en el número de accidentes vehiculares. Cuautla también tenía un operativo de alcoholemia exitoso, pero fue suspendido en la actual administración por daño en los aparatos de medición.
La queja de muchos opera en el sentido de que la medida es más recaudatoria que de prevención. Suponen los críticos que quien conduce bajo los efectos del alcohol no representa un riesgo mayor para los automovilistas y que los gobiernos medio leviatánicos intentan desplumar las carteras de los beodos ciudadanos aprovechando su estado etílico. Y si uno revisa las multas, que rebasan los cinco mil pesos, y los costos asociados, las cantidades pueden ser impactantes. Sólo en el primer fin de semana del operativo en Cuernavaca, los 41 conductores infraccionados habrían tenido que pagar hasta 205 mil pesos sólo por infracciones. A este ritmo, en un año el operativo de alcoholemia podría recaudar hasta 10 millones 660 mil pesos, lo que no es despreciable para un ayuntamiento que padece los problemas financieros que tiene Cuernavaca. Pero al mismo tiempo se podrían evitar que más de dos mil irresponsables conductores pongan en riesgo su vida y la de los demás. Si en Cuernavaca hay más de 285 accidentes de tránsito causados por conductores alcoholizados al año, promedio de las cifras de INEGI; que reportarían pérdidas materiales estimadas en casi 10 millones de pesos, aparte de las lesiones y muertes que causan, la reducción de 50% en los percances que podría esperarse dados los resultados del operativo en Jiutepec, resultarían francamente deseables.
Lo cierto es que los operativos de alcoholemia son necesarios en tanto abundan quienes conducen bajo los efectos del alcohol. Con unas copas encima, a muchos les parece prudente andar conduciendo por la calle. Se trata de una falta de respeto a los ciudadanos y a la ley. Poner en riesgo a quienes transitan, en vehículos o a pie por las calles es una conducta antisocial que debiera considerarse grave. Y claro que suele haber múltiples argumentos con los que conductores ebrios tratan de justificarse, desde el típico “no estoy borracho”, el peligroso “así manejo mejor”, hasta los que tienen que ver con la falta de disponibilidad de espacios seguros donde dejar el automóvil después de empinar alegremente el codo (como si hubiera que llevar el auto cuando uno sabe que va a beber), o los riesgos que representa el transporte público.
Entonces, los operativos deberían tener una doble función, la sanción y la disuasión de conductas de riesgo. Es decir, por una parte, los automovilistas tendrían que temer las consecuencias inmediatas de sus actos, y por la otra deberían evitar cometerlos.
Porque francamente, frente a las tragedias recurrentes que provocan los automovilistas alcoholizados, criticar los operativos en su contra desde una perspectiva del daño económico que causan es profundamente mezquino. Si uno reconoce que miles de automovilistas en Morelos son imprudentes aún sin alcohol, que la mayoría transgrede las normas elementales de cortesía vehicular (tantos señores Cordero que se transforman en León de la Rueda, como en aquella caricatura de Disney), que las calles de la ciudad no necesariamente fueron diseñadas para transitar en automóvil, y todas las condiciones que enfrentan a diario los automovilistas locales, y que son agravadas exponencialmente por el consumo de alcohol, la acción de las autoridades se vuelve no sólo deseable, sino indispensable. Por muy incómoda que nos pueda resultar.
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