En una cara del díptico, el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, Agustín Alonso, adelanta que se detectaron aviadores y un probable desvío de recursos en la Entidad Superior de Auditoría y FIscalización, órgano que supone controlar el gasto y detectar y reportar para que sean sancionados los actos de corrupción en las instancias de gobierno; en la otra, el Sistema Estatal Anticorrupción organiza un foro sobre los gobiernos abiertos en la lucha contra la corrupción al que, aún con la presencia del presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, asisten menos personas que a una misa de gallo, a pesar de haberse convocado a funcionarios públicos, representantes populares y ciudadanos.
Con estos datos, el que Morelos ocupe el primer lugar nacional en percepción de corrupción, por una parte no debería extrañar a nadie. Porque tampoco parece interesar mucho a la ciudadanía o a las instancias de gobierno el combate a la corrupción más que como elemento decorativo en el discurso, o para el uso faccioso del mismo en contra de los adversarios políticos.
En Morelos se acusa de corrupción al adversario político, se denuncia, se esperan resultados, pero nadie parece interesado siquiera un poco en reformar las estructuras de poder que permiten la corrupción. No es tan difícil, la tendencia a la bancarización de la economía, el avance en la tecnología digital segura, los usos positivos de las redes sociales y los dispositivos inteligentes, permitirían limitar enormemente los tramos de la acción gubermamental que permiten la corrupción.
De acuerdo con los expertos en la materia, un componente que permite círculos de corrupción es la abundancia de dinero en efectivo. La abundancia de trámites que se realizan con dinero en lugar de vía transferencias bancarias o depósitos directos a cuentas del gobierno es un motor para la deshonestidad de múltiples servidores públicos. La resistencia de muchas dependencias gubernamentales a omitir los pagos en efectivo no deriva, como se dice, de la empatía con usuarios mayores que no tienen acceso a cuentas bancarias o desconocen el uso de aplicaciones o la forma de realizar depósitos bancarios; tiene que ver mucho más con mantener los espacios que permiten el manejo discrecional del dinero en efectivo.
Y si bien hay discretos avances (por ejemplo, la implementación de las multas digitales en Cuernavaca), lo cierto es que la resistencia para mejorar los procesos y trámites gubernamentales es evidente en cada administración estatal y municipal. Uno pensaría entonces que la corrupción es un inevitable cáncer que contamina a los funcionarios públicos y representa un impuesto adicional a los ciudadanos que la permiten, pero nada más. El problema es que la colección de malas prácticas gubernamentales cobra víctimas inocentes en la sociedad que paga el impuesto de la corrupción, pero también y de forma mucho más grave, onerosa y peligrosa, los efectos de la mala gestión gubernamental.
Casi a diario, y de la peor forma, nos enteramos de daños que los resultados de las malas prácticas en la administración pública producen a la ciudadanía. Lo mismo se cae un puente que se abre un socavón, una empresa de seguridad privada opera sin autorización, se liberan reos que no deberían estar libres o no se aprehende a los que debería encarcelarse, se cierran negocios dejando sin empleo a decenas de personas, se amplía el número de trabajadores informales, se queda sin equipo y medicinas un hospital, se crean nuevas mafias o se fortalece a las existentes, en fin.
El conjunto de malas prácticas gubernamentales tiene efectos terribles en la calidad de vida de la ciudadanía. Lo que parecía entonces un juego de poderosos se ha convertido en un daño directo a una sociedad en constante riesgo por la combinación de dolo e ineptitud que el sector público evidencia todos los días. Eso que hacen los funcionarios en privado lesiona a todos en lo público.
@martinellito
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