/ miércoles 1 de septiembre de 2021

Nuestra Corrupción

En este espacio he afirmado que desafortunadamente para los morelenses vivimos en la entidad federativa del país que en varios años ha sido rankeada como la de mayor corrupción en México. Esto ha sido reportado por varias investigaciones y encuestas hechas en el país. Michoacán y Morelos, según las ENCIG 2015 y 2017, se agregaron a las entidades con esta tasa más alta de prevalencia de corrupción del país (Inegi, 2018b) Esto es realmente muy triste y tiene muchas consecuencias en varios de los problemas que vivimos, no solo en la provisión de ciertos servicios básicos, sino que además en muchos otros de salud, crecimiento de deuda pública aparentemente incontrolable y posibles complicidades que terminan debilitando nuestros gobiernos que da como resultado malos gobiernos y nos hace botín de diversos tipos de delincuencia organizada. Esto ha ocurrido también en varias entidades del país. Sin embargo, sorpréndase usted, solo se denuncian 4 de cada 100 experiencias de corrupción en el país (Encig, 2018b) ¿Y sabe usted quienes son los que denuncian más actos de corrupción a nivel municipal? Los Órganos de Control Interno de los municipios. Estos realizan el 60.6% de las denuncias. Les siguen con 49.7% los órganos que realizaron auditorías en los municipios. En 2016 se realizaron 12,392 auditorías, pero sorpréndase usted otra vez, las dependencias que realizaron las auditorías fueron la Contraloría Interna, la Secretaría de la Contraloría, la Auditoría Superior de la Federación o algún órgano de fiscalización del estado, como la Secretaría de la Función Pública Federal o alguna otra autoridad estatal (Inegi, 2018b). Entre 2012 y 2016 las sanciones aplicadas a nivel de los gobiernos municipales se incrementaron de 4 591 a 9 809 y en los gobiernos estatales de 8 118 a 14 694. Sin embargo, sorpréndase usted otra vez, la principal conducta sancionada fue la “Omisión en la presentación de la declaración patrimonial” de 3 053 servidores públicos municipales en todo el país. Debe destacarse que sólo se castigaron 1,264 servidores públicos municipales por “Violación a las leyes y normatividad presupuestaria” (Inegi, 2018b). Entre 2006 y 2018 en Morelos se presentaron cuando menos 14 denuncias en contra de diversos alcaldes y ex alcaldes de varios municipios del estado de Morelos por una buena cantidad de delitos, varios de ellos bastante graves. Asimismo, se presentaron denuncias contra 29 diputados de la LIII legislatura, contra siete diputados de la LII Legislatura, otras cuatro más contra cuatro diputados de la LIII Legislatura; otra más en contra de la Cámara de Diputados local para la cancelación de 24 de 70 pensiones, conocidas como “doradas” a funcionarios, familiares o personas allegadas al gobierno y gobernador Graco Ramírez y otra más en contra de 20 ex funcionarios de este mismo gobernador y otras dos más de dos exfuncionarios más de ese mismo gobierno. Finalmente, en una encuesta sobre el Estado de Derecho en México realizada en 2020, Morelos se encontró en el lugar 29 de 32 de la menor prevalencia de Estado de Derecho en el promedio general, solo por encima de Quintana Roo, Puebla y Guerrero que ocuparon los tres últimos lugares, pero la peor carencia de Estado de Derecho por la que nos ubicamos como entidad federativa de todo el país fue en Orden y Seguridad, con la peor corrupción de todo el país en este campo de prevalencia del Estado de Derecho.

Y sin embargo, no ha existido ninguna investigación federal sobre lo que ocurre en Morelos, a pesar de que en 2019 ocupamos el tercer lugar nacional por homicidio doloso, superando incluso a Guanajuato y solo por debajo de Baja California y Colima en la tasa por cada cien mil habitantes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Una de las grandes denuncias de presunta corrupción en Morelos se hizo en medios hace ya más de un año y fue hecha por la Unidad de Inteligencia Financiera. Hubo renuncias al más alto nivel del gobierno del Estado, pero nunca supimos si fue real, si se judicializó ante la Fiscalía General de la República. Nunca supimos más.

En este espacio he afirmado que desafortunadamente para los morelenses vivimos en la entidad federativa del país que en varios años ha sido rankeada como la de mayor corrupción en México. Esto ha sido reportado por varias investigaciones y encuestas hechas en el país. Michoacán y Morelos, según las ENCIG 2015 y 2017, se agregaron a las entidades con esta tasa más alta de prevalencia de corrupción del país (Inegi, 2018b) Esto es realmente muy triste y tiene muchas consecuencias en varios de los problemas que vivimos, no solo en la provisión de ciertos servicios básicos, sino que además en muchos otros de salud, crecimiento de deuda pública aparentemente incontrolable y posibles complicidades que terminan debilitando nuestros gobiernos que da como resultado malos gobiernos y nos hace botín de diversos tipos de delincuencia organizada. Esto ha ocurrido también en varias entidades del país. Sin embargo, sorpréndase usted, solo se denuncian 4 de cada 100 experiencias de corrupción en el país (Encig, 2018b) ¿Y sabe usted quienes son los que denuncian más actos de corrupción a nivel municipal? Los Órganos de Control Interno de los municipios. Estos realizan el 60.6% de las denuncias. Les siguen con 49.7% los órganos que realizaron auditorías en los municipios. En 2016 se realizaron 12,392 auditorías, pero sorpréndase usted otra vez, las dependencias que realizaron las auditorías fueron la Contraloría Interna, la Secretaría de la Contraloría, la Auditoría Superior de la Federación o algún órgano de fiscalización del estado, como la Secretaría de la Función Pública Federal o alguna otra autoridad estatal (Inegi, 2018b). Entre 2012 y 2016 las sanciones aplicadas a nivel de los gobiernos municipales se incrementaron de 4 591 a 9 809 y en los gobiernos estatales de 8 118 a 14 694. Sin embargo, sorpréndase usted otra vez, la principal conducta sancionada fue la “Omisión en la presentación de la declaración patrimonial” de 3 053 servidores públicos municipales en todo el país. Debe destacarse que sólo se castigaron 1,264 servidores públicos municipales por “Violación a las leyes y normatividad presupuestaria” (Inegi, 2018b). Entre 2006 y 2018 en Morelos se presentaron cuando menos 14 denuncias en contra de diversos alcaldes y ex alcaldes de varios municipios del estado de Morelos por una buena cantidad de delitos, varios de ellos bastante graves. Asimismo, se presentaron denuncias contra 29 diputados de la LIII legislatura, contra siete diputados de la LII Legislatura, otras cuatro más contra cuatro diputados de la LIII Legislatura; otra más en contra de la Cámara de Diputados local para la cancelación de 24 de 70 pensiones, conocidas como “doradas” a funcionarios, familiares o personas allegadas al gobierno y gobernador Graco Ramírez y otra más en contra de 20 ex funcionarios de este mismo gobernador y otras dos más de dos exfuncionarios más de ese mismo gobierno. Finalmente, en una encuesta sobre el Estado de Derecho en México realizada en 2020, Morelos se encontró en el lugar 29 de 32 de la menor prevalencia de Estado de Derecho en el promedio general, solo por encima de Quintana Roo, Puebla y Guerrero que ocuparon los tres últimos lugares, pero la peor carencia de Estado de Derecho por la que nos ubicamos como entidad federativa de todo el país fue en Orden y Seguridad, con la peor corrupción de todo el país en este campo de prevalencia del Estado de Derecho.

Y sin embargo, no ha existido ninguna investigación federal sobre lo que ocurre en Morelos, a pesar de que en 2019 ocupamos el tercer lugar nacional por homicidio doloso, superando incluso a Guanajuato y solo por debajo de Baja California y Colima en la tasa por cada cien mil habitantes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Una de las grandes denuncias de presunta corrupción en Morelos se hizo en medios hace ya más de un año y fue hecha por la Unidad de Inteligencia Financiera. Hubo renuncias al más alto nivel del gobierno del Estado, pero nunca supimos si fue real, si se judicializó ante la Fiscalía General de la República. Nunca supimos más.