La agenda municipalista que promoverá el Congreso del Estado con el concurso de las fuerzas políticas no significa necesariamente una ruptura con el Ejecutivo estatal, pero sí requiere de un reordenamiento institucional que pasa, necesariamente, por restringir el gasto público, particularmente en el aparato burocrático del gobierno estatal.
No se trata de un asunto sencillo: el presupuesto para el estado de Morelos está programado para un catálogo de gastos la Secretaría de Hacienda había proyectado similar para el 2022. Pero la posibilidad real de que haya una reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria para otorgar más recursos etiquetados a los ayuntamientos, se traduciría no sólo en la reorientación del presupuesto del año entrante sino, y esto significa una cirugía mayor, entrarle al rediseño de la burocracia en los poderes del estado y probablemente en algunos de los órganos autónomos.
En cambio, el argumento no es tan complicado: los ayuntamientos están prácticamente en quiebra, incluso con los esfuerzos que algunos alcaldes han hecho para racionalizar el gasto público. Los órganos autónomos tienen enormes limitaciones para cumplir sus funciones constitucionales debido a sus escasos presupuestos y los constantes retrasos en las ministraciones de recursos desde el gobierno estatal. Mientras la burocracia estatal, si bien no tan extendida como en tiempos de Graco Ramírez, ha mantenido una ineficacia evidente en el manejo del gasto público según perciben los legisladores: se acumulan los adeudos, se hacen transferencias ineficientes, se gasta mucho en rubros no prioritarios, y ese manejo presupuestal influye de manera importante en la crisis económica que se profundiza en la entidad.
Y claro que difícilmente daría tiempo a los legisladores de avanzar en propuestas de rediseño institucional en el plazo previo a la aprobación del paquete económico del 2022; pero la intención es empezar con la parte presupuestal (reducir los recursos que se destinan a lo no prioritario), para redirigirlo básicamente a obra pública municipal que es un rubro potenciador del crecimiento económico. A partir de eso, el Congreso le entraría a estudiar cómo volver más eficiente la estructura burocrática del estado en Legislativo, Ejecutivo y algunos órganos autónomos, para que la reorientación del gasto se funde, ya no tanto en la voluntad de los legisladores sino en la realidad institucional.
¿Desaparecerán entonces algunas dependencias gubernamentales? De acuerdo con lo que hemos conversado con los diputados, es probable que algunas oficinas del Ejecutivo sean redefinidas para poder beneficiar a los ayuntamientos mediante la dotación de recursos etiquetados principalmente para obra pública (y esta parte es probablemente la más relevante porque no se trata de soltar dinero para que los alcaldes hagan lo que quieran, sino para invertirse directamente en infraestructura).
Faltará ver, y esto es probablemente lo más difícil, si los legisladores pueden mantener el diálogo y acuerdos que han mostrado en sus tres primeras semanas de ejercicio y no se fracturan al repartir recursos a los municipios; porque en términos reales, no falta quien tiene su corazoncito en el 2024.
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