Si uno deja de fijarse en los detalles para tratar de obtener la película completa, puede perderse de muchos de los pequeños cambios que empiezan a notarse en la administración pública estatal.
Por ejemplo, en medio del tufo a miedo y muerte que la inseguridad deja en los primeros meses de Cuauhtémoc Blanco como gobernador, algo positivo es que el gobierno estatal no se releva de su obligación contra el crimen a pesar de que las víctimas tengan un pasado tortuoso. En la mesa de seguridad con que inició su semana laboral el gobierno del estado, el jefe de la oficina de la gubernatura tuvo un detalle profundamente civilizado al advertir que si bien las víctimas de un asesinato reciente tenían antecedentes penales, esto no es motivo para dejar de investigar el crimen que no debe quedar impune. Porque en el pasado las autoridades parecían lavarse las manos con eso de los ajustes de cuentas o los pasados delictivos de algunas víctimas del delito y eso facilitó que durante muchos años no se abrieran carpetas de investigación sobre homicidios que se presumían pleitos entre grupos de criminales. Ahora por lo menos hay el cuidado de advertir que el pasado criminal de una persona no justifica que se le mate y mucho menos releva a la autoridad de la obligación de investigar hasta las últimas consecuencias. Es un pequeño detalle, pero indica una profunda transformación en el discurso gubernamental sobre la delincuencia. A lo mejor da para tener confianza.
Y si de tener confianza se trata, pues qué mejor que la gente con quien se ha trabajado antes ya, y así lo verán el gobierno del estado, o por lo menos el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, al asignar a quien sirviera con él en el período de gobierno de Sergio Estrada Cajigal, como contratista responsable de la primera obra notoria de Cuauhtémoc Blanco Bravo, el traslado de la estatua ecuestre de Emiliano Zapata de la glorieta en Buenavista al entronque de la avenida Vicente Guerrero con el Paso Exprés. En efecto, Noé Sánchez Cruz, el responsable de hacer volar la estatua de Emiliano Zapata como si fuera un pegaso de varias toneladas, fue secretario de Obras Públicas en el primer trienio del gobierno de Estrada Cajigal, en que el Tesorero fue, también en el mismo perIodo, el hoy secretario de Hacienda. No se trató de una obra de muy alto costo, según dicen en Palacio de Gobierno sin revelar cifras, pero es curioso que la primera significativa sea para el ex secretario de Obras, quien luego fue alcalde de Temixco y acusado por presunto desvío de recursos del municipio ante la L Legislatura del Congreso del Estado (2006-2009), en la que seguramente se habrá demostrado su inocencia, porque Gilberto Alcalá Pineda, hoy secretario de Desarrollo Social; Víctor Nájera Medina, hoy director del Colegio de Bachilleres, y Lucía Meza Guzmán, ahora senadora, eran diputados; y Mirna Zavala, hoy secretaria de Administración, era asesora del Comité de Vigilancia. Es decir, hay confianza o de plano Morelos es un pañuelo.
Y hablando de confianza, parece que el gobierno federal la tiene en dos de los adversarios políticos de Cuauhtémoc Blanco a quienes les ha dado cargos menores, pero bien pagados, en la administración federal. Manuel Martínez Garrigós, el polémico ex alcalde de Cuernavaca, tiene un puesto de dirección en Profeco y, fiel a su costumbre, publicó fotos suyas con el presidente López Obrador; y José Luis Gómez Borbolla, ex candidato fugaz a la alcaldía de Cuernavaca, ocupa una dirección en la Secretaría de Gobernación. Manuel ha sido denunciado reiteradamente por corrupción por el gobernador Cuauhtémoc, y a Borbolla se le cayó la candidatura a Cuernavaca y la dirigencia estatal del PES, por instrucción del entonces candidato al gobierno estatal.
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