Es una medida de emergencia de alivio a la pandemia por COVID-19 promulgada en diciembre de 2020 que incluyó $25,000 millones en asistencia de alquiler de emergencia y una extensión de la moratoria federal del desalojo hasta el 31 de enero de 2021. Sin embargo el presidente Joe Biden emitió el 20 de enero una orden ejecutiva en la que se ordenó a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) que prorroguen la moratoria federal del desalojo hasta el 31 de marzo de 2021. Dicha medida se adoptó sobre la mayoría de los desalojos por falta de pago del alquiler para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus y así garantizar que las personas puedan practicar el distanciamiento social y cumplir con las órdenes de permanecer en casa.
Para ser elegibles los arrendatarios deben cumplir entre otros requisitos el haber estado realizando su mejor esfuerzo para hacer pagos parciales de alquiler lo más cercano posible a la cantidad total adeudada; y el hecho que de ser desalojado le dejaría sin hogar o tendría que mudarse con un amigo o un familiar (vivienda compartida); los inquilinos deberán enviar la declaración a sus arrendadores por correo certificado, sin ser necesario que se proporcione ninguna prueba con la declaración; sin embargo los propietarios pueden impugnar las declaraciones declarativas de los inquilinos ante un tribunal, pero los inquilinos cubiertos no pueden ser desalojados hasta que la moratoria expire el 31 de marzo de 2021. Sin embargo, en la mayoría de los estados, las demandas de desalojo aún estarían prohibidas por la ley estatal si se presentaran ante la moratoria de los CDC expira.
Si bien el arrendador puede presentar una demanda de desalojo bajo la moratoria de los CDC, muchos de estos casos son inapropiados según la ley estatal y deben ser desestimados. Incluso si está permitido, el propietario no puede sacar a su inquilino de la propiedad antes el 1 de abril de 2021, ya que conserva todos los derechos y protecciones existentes contra el desalojo según la ley estatal aplicable.
Los arrendadores que violen la orden de los CDC pueden ser multados con hasta $100,000, enfrentar hasta un año de cárcel, o ambas cosas si la persona desalojada contrae el coronavirus como resultado del desalojo. Si un inquilino desalojado muere de coronavirus, el arrendador podría ser multado con hasta $250,000, enfrentar hasta un año de cárcel, o ambas cosas.
Lo recomendable es seguir pagando la mayor cantidad posible de su alquiler para seguir cumpliendo con los requisitos de la moratoria. La declaración también requiere que el inqulino acepte que hará pagos parciales al arrendador en la medida en que sus circunstancias lo permitan, ya que todos los alquileres atrasados se deberán pagar una vez que la moratoria expire el 31 de marzo de 2021.
Los inquilinos que permanecen morosos en alquiler al expirar la orden de los CDC pueden seguir teniendo protecciones bajo las leyes estatales o locales o pueden evitar el desalojo a través de negociaciones con sus propietarios. La ayuda en cada localidad de Estados Unidos varía. La mayoría de las personas que nunca han experimentado un desalojo no conocen las reglas locales, las cuales pueden ser complejas y difieren mucho de un lugar a otro. Así que lo recomendable es que si se perdió el empleo o parte de los ingresos, el instinto puede ser el de evitar al casero, pero probablemente es mejor hacer contacto y explicar lo que está pasando.
A menudo, los inquilinos reciben un primer aviso de su casero y asumen que no hay solución al problema, deciden empacar y mudarse. De hecho, en la mayoría de las áreas, no se tienen que mudar hasta que haya habido algún tipo de fallo legal en su contra y llegue un oficial de la ley para llevar a cabo cualquier orden de desalojo. Eso significa que puede haber tiempo para que se encuentre una solución que no requiera que se mude en absoluto.
Es probable que no se tenga un abogado en caso de que el casero presentara una acción de desalojo en contra de su inquilino, sin embargo existen organizaciones que pueden ayudar, así como programas de asistencia para el alquiler, aunque la gran demanda ha agotado algunos de ellos la Coalición Nacional de Vivienda para Personas con Bajos Ingresos mantiene una lista de programas en su sitio web.
El solo hecho de contratar un abogado puede hacer que los propietarios estén más abiertos a negociar, incluso si no se puede evitar el desalojo, un abogado puede negociar más tiempo para encontrar un nuevo lugar.
Finalmente Sugirieren un par de tácticas: 1) hacer un plan de adónde se podría ir si se pierde la vivienda. 2) pedir ayuda a los familiares y amigos con bastante anticipación. Luego, quedarse en tu hogar actual tanto tiempo como se pueda legalmente.
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