Daniel Martínez

  / miércoles 17 de abril de 2019

¿Memorándum mata Constitución?

La abrogación de la reforma educativa no debiera ser por decreto, mucho menos por memoranda. Hay un conjunto de leyes y reglamentos con base constitucional que tendrían que ser modificados, en su caso, por asambleas constituyentes por lo que emitir un decreto con una serie de claudicaciones del Estado mexicano sobre las obligaciones que le son expresas desde 2014, resulta un exceso jurídico.

Más aún cuando la presumida abrogación no es sino la modificación del orden laboral en el sector educativo en que se restablece el orden antiguo del manejo de plazas entre la SEP y Hacienda con los consabidos riesgos de corrupción que esta organización entraña. Por supuesto, el problema es resuelto por el presidente López Obrador advirtiendo que quienes cometan tropelías serán sancionados.

Con la SEP, el gobierno pretende evitar la venta de plazas y con Hacienda se pretende que el manejo de la nómina se acabe con los aviadores; lo que es más un acto de fe que una consideración estratégica en tanto el tráfico de plazas inició justamente en la SEP y la tolerancia a los aviadores ocurría en Hacienda antes de la reforma educativa de Peña Nieto. Si algo tuvo la Ley del Servicio Profesional Docente, hay que reconocerlo, es que incluye mecanismos de verificación y control para evitar tramos de corrupción en la nómina del servicio educativo como la venta de plazas y los aviadores que no fueron permitidos por las leyes o reglamentos, sino por funcionarios públicos en la SEP y Hacienda y en las oficinas educativas de los estados. Es decir el problema de la corrupción tiene poco qué ver con las leyes y mucho con los funcionarios del sector educativo, como ha quedado bastante claro.

Pero finalmente se trata de un asunto de cálculo político más que de una contrarreforma educativa; el presidente sabe que anunciar la “abrogación” de los ordenamientos le permitirá recuperar el respaldo de algunos grupos de maestros, que obligará a que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se siente a aceptar las modificaciones sencillas que el gobierno federal propone a la reforma del 2014 (porque no se trata de abolirla sino de matizarla), y que tocar la parte laboral de la reforma educativa es lo más simple porque permitirá recuperar el control político del manejo de plazas en el sector educativo, que había quedado bastante suelto con eso de los concursos. Se trata de un asunto mediático que incide sólo en las determinaciones de acción de oficinas del gobierno federal y poco transformará a la educación nacional, en todo caso, aumentará solamente el riesgo de corrupción por manejo discrecional de los recursos y eso permitirá a la autoridad educativa volver a negociar con los peores grupos del magisterio nacional y probablemente eso les hiciera sentarse a la mesa de las reformas, como ocurría antes, cuando el chantaje de grupos radicales dictaba la norma del sistema educativo nacional.

Por lo pronto, aunque es fácilmente rebatible, atacable, impugnable, habrá que ver quién se mete desde el propio gobierno federal, las cámaras de legisladores, los gobiernos estatales, a contradecir la instrucción presidencial. Aunque el ya famoso memorándum sea un paso terrible para la educación de calidad, para la confiabilidad del sistema educativo, y para la transparencia y honestidad en el servicio público.

Fieles a su estilo, sin embargo, las agrupaciones magisteriales han respondido al guiño presidencial con declaraciones de respaldo, a final de cuentas siguen sin preocuparse mucho por el derecho de los niños a una educación de calidad y se mantienen concentrados en los apartados laborales de la legislación.

Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

La abrogación de la reforma educativa no debiera ser por decreto, mucho menos por memoranda. Hay un conjunto de leyes y reglamentos con base constitucional que tendrían que ser modificados, en su caso, por asambleas constituyentes por lo que emitir un decreto con una serie de claudicaciones del Estado mexicano sobre las obligaciones que le son expresas desde 2014, resulta un exceso jurídico.

Más aún cuando la presumida abrogación no es sino la modificación del orden laboral en el sector educativo en que se restablece el orden antiguo del manejo de plazas entre la SEP y Hacienda con los consabidos riesgos de corrupción que esta organización entraña. Por supuesto, el problema es resuelto por el presidente López Obrador advirtiendo que quienes cometan tropelías serán sancionados.

Con la SEP, el gobierno pretende evitar la venta de plazas y con Hacienda se pretende que el manejo de la nómina se acabe con los aviadores; lo que es más un acto de fe que una consideración estratégica en tanto el tráfico de plazas inició justamente en la SEP y la tolerancia a los aviadores ocurría en Hacienda antes de la reforma educativa de Peña Nieto. Si algo tuvo la Ley del Servicio Profesional Docente, hay que reconocerlo, es que incluye mecanismos de verificación y control para evitar tramos de corrupción en la nómina del servicio educativo como la venta de plazas y los aviadores que no fueron permitidos por las leyes o reglamentos, sino por funcionarios públicos en la SEP y Hacienda y en las oficinas educativas de los estados. Es decir el problema de la corrupción tiene poco qué ver con las leyes y mucho con los funcionarios del sector educativo, como ha quedado bastante claro.

Pero finalmente se trata de un asunto de cálculo político más que de una contrarreforma educativa; el presidente sabe que anunciar la “abrogación” de los ordenamientos le permitirá recuperar el respaldo de algunos grupos de maestros, que obligará a que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se siente a aceptar las modificaciones sencillas que el gobierno federal propone a la reforma del 2014 (porque no se trata de abolirla sino de matizarla), y que tocar la parte laboral de la reforma educativa es lo más simple porque permitirá recuperar el control político del manejo de plazas en el sector educativo, que había quedado bastante suelto con eso de los concursos. Se trata de un asunto mediático que incide sólo en las determinaciones de acción de oficinas del gobierno federal y poco transformará a la educación nacional, en todo caso, aumentará solamente el riesgo de corrupción por manejo discrecional de los recursos y eso permitirá a la autoridad educativa volver a negociar con los peores grupos del magisterio nacional y probablemente eso les hiciera sentarse a la mesa de las reformas, como ocurría antes, cuando el chantaje de grupos radicales dictaba la norma del sistema educativo nacional.

Por lo pronto, aunque es fácilmente rebatible, atacable, impugnable, habrá que ver quién se mete desde el propio gobierno federal, las cámaras de legisladores, los gobiernos estatales, a contradecir la instrucción presidencial. Aunque el ya famoso memorándum sea un paso terrible para la educación de calidad, para la confiabilidad del sistema educativo, y para la transparencia y honestidad en el servicio público.

Fieles a su estilo, sin embargo, las agrupaciones magisteriales han respondido al guiño presidencial con declaraciones de respaldo, a final de cuentas siguen sin preocuparse mucho por el derecho de los niños a una educación de calidad y se mantienen concentrados en los apartados laborales de la legislación.

Twitter: @martinellito

Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx

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