El ataque sistemático contra reporteros y empresas editoriales, emprendido por algunos fieles del régimen y arengado desde el estado mexicano, es uno de los múltiples spins del discurso oficial para evadir cuestiones fundamentales relativas a temas sobre los que las versiones oficiales han sido tardías, inconsistentes, confusas, o de plano totalmente ausentes y que tienen que ver con cuestiones públicas como la salud, educación, economía, empleo, créditos, fideicomisos, corrupción gubernamental, y otros asuntos que el gobierno federal y los de los estados, tendrían que estar enfrentando e informando con transparencia.
El asunto es que la realidad genera enormes dudas sobre las actuaciones gubernamentales, y las lagunas profundas en el conocimiento de la población sobre los temas públicos son profundamente inquietantes y llevan a conductas incluso sociópatas en algunos sectores. Cierto que vale la pena una discusión sobre el papel de los medios de comunicación en tiempos de crisis como la actual sanitaria, pero también lo es que, acudiendo a los datos, más del 90% del mundo se ha enterado de la crisis, las formas de prevención de la enfermedad, los síntomas de la misma, y lo que los gobiernos hacen o dejan de hacer para contener el número de contagios a través de esos medios.
En esta práctica informativa, se buscan que la información -siempre fragmentada en tiempos de crisis- sea consistente, que tenga congruencia; para ello, si se modifican las herramientas de cálculo, por ejemplo, esto debiera ser profusa y claramente definida. El problema de la información que generan los municipios, los gobiernos de los estados, y la federación, es que a menudo resulta inconsistente (si sumamos los datos de casos confirmados registrados por los municipios, los que tiene el gobierno estatal, y los que ofrece el gobierno federal, puede haber variaciones que han sido ya señaladas por trabajadores de la salud, funcionarios públicos y medios de comunicación). Estas fallas debieran ser lo bastante explicadas, podría tratarse de una diferencia en tiempos de tomas de muestras, de criterios de evaluación, pero también podrían deberse al uso político que, evidentemente, algunos están dando a la pandemia, la contingencia.
Ese uso político, por cierto, no debe confundirse con la crítica puntual realizada en muchos medios de comunicación y que parte de comparativos naturales y necesarios sobre el manejo que se da a la crisis en diferentes entidades federativas o diversas naciones, o con lo que teóricamente debería estar ocurriendo de acuerdo con los científicos y los sanitaristas. Pretender disfrazar a esa práctica como una intentona golpista, como un producto fascista, como el invento de una catástrofe nacional, resultan descalificaciones profundamente irresponsables. La catástrofe existe y es evidente, los datos lo demuestran y más que pretender dar cursillos de comunicación (materia que evidentemente no entienden), los funcionarios y sus orgánicos defensores, debieran explicar a profundidad el tamaño exacto de la crisis y las políticas públicas con que se va a tratar.
@martinellito
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