/ miércoles 10 de noviembre de 2021

Lozoya y sus pendientes con la justicia

Emilio Lozoya tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana. Al llegar a México, después de ser extraditado por el gobierno español, formalizó un convenio con la Fiscalía General de la República (FGR) para recibir trato como testigo colaborador, a cambio de proporcionar información relevante sobre personajes de mayor jerarquía política que él, y aportar pruebas de sus dichos.

Y en efecto: presentó algunos testimonios y ciertos indicios documentales contra Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, pero con muchas lagunas que aún están por aclararse. Solo cuando sus acusaciones queden debidamente fundamentadas podrían servir de base a un juez para girar órdenes de aprehensión contra los personajes involucrados.

En nuestro país, de acuerdo con la legislación vigente, al cumplir con estos compromisos se le puede aplicar el “criterio de oportunidad” y a la fecha había servido para que Lozoya no pisara la cárcel, entendiendo que este privilegio solo se le otorgó con el fin de que tenga mayor facilidad para recabar los documentos que demuestren la culpabilidad de los personajes que involucró en la declaración inicial.

Pasaron más de 15 meses sin que Lozoya cumpliera con su compromiso. En realidad nunca entregó nada esencial. Solo pretextos para ganar tiempo. Firmaba los documentos que le servían para acreditar su estancia en el país y lo hacía por vía electrónica y solo portaba un brazalete con localizador, y con la obligación legal de no abandonar la Ciudad de México pero sin que eso significara prisión domiciliaria. Además, le retiraron el pasaporte. Fue un trato muy benigno.

Los abogados del exdirector de Pemex gestionaron y consiguieron varias ampliaciones de los plazos, sin que eso afectara su situación legal. Seguía viviendo en su burbuja dorada, lejos del mundanal ruido, y conservando sus relaciones políticas y sociales que heredó por la posición privilegiada de su familia, sumamente cercana al salinismo.

Lozoya era hijo de un hombre poderoso. Graduado en México y doctorado en Harvard. Realizaba una brillante carrera en la esfera de las relaciones económicas internacionales, lo que hizo posible su inclusión en el grupo de “Los Golden Boys”. Tuvo acceso al primer círculo de Peña Nieto a través de Luis Videgaray, cuando ambos gobernaban en el estado de México.

Pero el exfuncionario, abusando de la paciencia pública, cometió un error garrafal: acudió a un restaurante de lujo en compañía de sus amistades, en una muestra de que aún conservaba los privilegios a que siempre tuvo acceso. El tiempo que debía dedicar a su defensa lo invirtió en continuar con su buena vida.

Esas fotos desataron la tormenta en los medios y la justicia no tuvo más remedio que destinarlo a una fría celda del Reclusorio Norte, donde hoy recibe la atención que merece todo nuevo interno, pero con protección especial contra sus enemigos, precisamente aquéllas personas que están ahí porque las delató.

De manera simultánea, el juez le otorgó un nuevo plazo de un mes con objeto de que presente las pruebas suficientes que puedan servir de base para dictar nuevas órdenes de aprehensión, precisamente contra quienes fueron sus jefes en el sexenio anterior. Lozoya tuvo la oportunidad de aprovechar su libertad para presentarlas, pero como no lo hizo, ahora deberá realizarlo en condiciones menos favorables, moviendo sus hilos desde la prisión.

Nadie tiene duda alguna de que el anterior fue un sexenio de latrocinio, de arbitrariedades que enajenaron el patrimonio público para beneficiar a unos cuantos. Pero en derecho deben probarse las acusaciones. No se trata solo de vincular a los personajes con los ilícitos, sino de comprobar que fueron ellos –o alguien bajo sus órdenes- quien los cometió. Y además no se trata solo de demostrar la comisión de los ilícitos, sino de que dichos personajes son imputables.

Hoy le ha tocado a Lozoya pisar el reclusorio, dormir en camas duras, privarse de lujos y privilegios y no poder siquiera deambular por los pasillos ni salir a tomar el sol en los jardines. En este momento hay mucha gente interesada en cerrarle la boca, y esa gente tiene mucho poder, nexos con los directivos de los penales que a su vez pueden manejar a los posibles brazos ejecutores o fingir “suicidios”.

Por tal motivo, el aislamiento de Lozoya ha sido completo, sin permitirle entablar nuevas amistades, y cuidando que no esté al descubierto en ningún momento para que nadie pueda agredirlo. Hoy el exdirector de Pemex podrá apreciar el valor de su libertad, de las excelentes condiciones que tenía al vivir en su casa, poder visitar a sus parientes y amistades, rodearse de guardaespaldas.

Ahora sí le han dado una nueva oportunidad para seguirle aplicando el “criterio de oportunidad”. De seguro sus abogados van a cambiar de estrategia: de la lentitud intencional a las prisas por obtener pruebas y documentos. De la soberbia a la reflexión. De considerar que puede manejar al gobierno federal a su antojo, a afanarse por reunir los expedientes que realmente puedan servir de base a una acusación mayor.

En caso de hacerlo, podrá gozar de nuevo del privilegio del “criterio de oportunidad”; de no entregar la información requerida quedará solo, aislado, temeroso de su vida, con temores hacia cualquiera que se le acerque y convertido en un defraudador de la confianza no solo de los funcionarios sino de su propia familia, a la que involucró sin escrúpulos y los convirtió en sus prestanombres, y sobre todo fue exhibido ante la sociedad como mentiroso, embustero y deshonesto.

Lozoya fue vinculado a proceso penal desde el 29 de julio de 2020. Se le otorgaron todos los beneficios como testigo colaborador sin que presentara documentos suficientes que avalaran sus dichos, bajo la promesa de realizarlo dentro de los plazos que fija la ley. No lo hizo. Solo atinó a pedir varios aplazamientos para fundamentar sus acusaciones.

A la fecha hay 70 personas involucradas en sus declaraciones, entre ellas el exsenador panista José Luis Lavalle, quien se encuentra en la misma prisión a la que él llegó. Ricardo Anaya, por su lado, solicitó a través de sus abogados y obtuvo una prórroga para presentarse en la audiencia de vinculación ante el juez. La audiencia se pospuso para el 31 de enero del año entrante.

Habrá que ver si a Lozoya se le refresca la memoria y se pone activo en la búsqueda de la documentación que fundamente sus declaraciones. Ya no puede seguir tumbado en la hamaca. Proseguir su proceso en libertad se le ha convertido en prioridad.


Emilio Lozoya tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana. Al llegar a México, después de ser extraditado por el gobierno español, formalizó un convenio con la Fiscalía General de la República (FGR) para recibir trato como testigo colaborador, a cambio de proporcionar información relevante sobre personajes de mayor jerarquía política que él, y aportar pruebas de sus dichos.

Y en efecto: presentó algunos testimonios y ciertos indicios documentales contra Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, pero con muchas lagunas que aún están por aclararse. Solo cuando sus acusaciones queden debidamente fundamentadas podrían servir de base a un juez para girar órdenes de aprehensión contra los personajes involucrados.

En nuestro país, de acuerdo con la legislación vigente, al cumplir con estos compromisos se le puede aplicar el “criterio de oportunidad” y a la fecha había servido para que Lozoya no pisara la cárcel, entendiendo que este privilegio solo se le otorgó con el fin de que tenga mayor facilidad para recabar los documentos que demuestren la culpabilidad de los personajes que involucró en la declaración inicial.

Pasaron más de 15 meses sin que Lozoya cumpliera con su compromiso. En realidad nunca entregó nada esencial. Solo pretextos para ganar tiempo. Firmaba los documentos que le servían para acreditar su estancia en el país y lo hacía por vía electrónica y solo portaba un brazalete con localizador, y con la obligación legal de no abandonar la Ciudad de México pero sin que eso significara prisión domiciliaria. Además, le retiraron el pasaporte. Fue un trato muy benigno.

Los abogados del exdirector de Pemex gestionaron y consiguieron varias ampliaciones de los plazos, sin que eso afectara su situación legal. Seguía viviendo en su burbuja dorada, lejos del mundanal ruido, y conservando sus relaciones políticas y sociales que heredó por la posición privilegiada de su familia, sumamente cercana al salinismo.

Lozoya era hijo de un hombre poderoso. Graduado en México y doctorado en Harvard. Realizaba una brillante carrera en la esfera de las relaciones económicas internacionales, lo que hizo posible su inclusión en el grupo de “Los Golden Boys”. Tuvo acceso al primer círculo de Peña Nieto a través de Luis Videgaray, cuando ambos gobernaban en el estado de México.

Pero el exfuncionario, abusando de la paciencia pública, cometió un error garrafal: acudió a un restaurante de lujo en compañía de sus amistades, en una muestra de que aún conservaba los privilegios a que siempre tuvo acceso. El tiempo que debía dedicar a su defensa lo invirtió en continuar con su buena vida.

Esas fotos desataron la tormenta en los medios y la justicia no tuvo más remedio que destinarlo a una fría celda del Reclusorio Norte, donde hoy recibe la atención que merece todo nuevo interno, pero con protección especial contra sus enemigos, precisamente aquéllas personas que están ahí porque las delató.

De manera simultánea, el juez le otorgó un nuevo plazo de un mes con objeto de que presente las pruebas suficientes que puedan servir de base para dictar nuevas órdenes de aprehensión, precisamente contra quienes fueron sus jefes en el sexenio anterior. Lozoya tuvo la oportunidad de aprovechar su libertad para presentarlas, pero como no lo hizo, ahora deberá realizarlo en condiciones menos favorables, moviendo sus hilos desde la prisión.

Nadie tiene duda alguna de que el anterior fue un sexenio de latrocinio, de arbitrariedades que enajenaron el patrimonio público para beneficiar a unos cuantos. Pero en derecho deben probarse las acusaciones. No se trata solo de vincular a los personajes con los ilícitos, sino de comprobar que fueron ellos –o alguien bajo sus órdenes- quien los cometió. Y además no se trata solo de demostrar la comisión de los ilícitos, sino de que dichos personajes son imputables.

Hoy le ha tocado a Lozoya pisar el reclusorio, dormir en camas duras, privarse de lujos y privilegios y no poder siquiera deambular por los pasillos ni salir a tomar el sol en los jardines. En este momento hay mucha gente interesada en cerrarle la boca, y esa gente tiene mucho poder, nexos con los directivos de los penales que a su vez pueden manejar a los posibles brazos ejecutores o fingir “suicidios”.

Por tal motivo, el aislamiento de Lozoya ha sido completo, sin permitirle entablar nuevas amistades, y cuidando que no esté al descubierto en ningún momento para que nadie pueda agredirlo. Hoy el exdirector de Pemex podrá apreciar el valor de su libertad, de las excelentes condiciones que tenía al vivir en su casa, poder visitar a sus parientes y amistades, rodearse de guardaespaldas.

Ahora sí le han dado una nueva oportunidad para seguirle aplicando el “criterio de oportunidad”. De seguro sus abogados van a cambiar de estrategia: de la lentitud intencional a las prisas por obtener pruebas y documentos. De la soberbia a la reflexión. De considerar que puede manejar al gobierno federal a su antojo, a afanarse por reunir los expedientes que realmente puedan servir de base a una acusación mayor.

En caso de hacerlo, podrá gozar de nuevo del privilegio del “criterio de oportunidad”; de no entregar la información requerida quedará solo, aislado, temeroso de su vida, con temores hacia cualquiera que se le acerque y convertido en un defraudador de la confianza no solo de los funcionarios sino de su propia familia, a la que involucró sin escrúpulos y los convirtió en sus prestanombres, y sobre todo fue exhibido ante la sociedad como mentiroso, embustero y deshonesto.

Lozoya fue vinculado a proceso penal desde el 29 de julio de 2020. Se le otorgaron todos los beneficios como testigo colaborador sin que presentara documentos suficientes que avalaran sus dichos, bajo la promesa de realizarlo dentro de los plazos que fija la ley. No lo hizo. Solo atinó a pedir varios aplazamientos para fundamentar sus acusaciones.

A la fecha hay 70 personas involucradas en sus declaraciones, entre ellas el exsenador panista José Luis Lavalle, quien se encuentra en la misma prisión a la que él llegó. Ricardo Anaya, por su lado, solicitó a través de sus abogados y obtuvo una prórroga para presentarse en la audiencia de vinculación ante el juez. La audiencia se pospuso para el 31 de enero del año entrante.

Habrá que ver si a Lozoya se le refresca la memoria y se pone activo en la búsqueda de la documentación que fundamente sus declaraciones. Ya no puede seguir tumbado en la hamaca. Proseguir su proceso en libertad se le ha convertido en prioridad.


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