Es facultad, y por consiguiente, responsabilidad exclusiva del gobernador del estado hacer los nombramientos de su gabinete. Esta que es una verdad aparente, aplica sólo parcialmente, sobre todo si se considera que existen una serie de ordenamientos que limitan la libertad con que el gobernador puede asignar cargos a personas, y que en la política los respaldos suelen pagarse con cuotas de poder. Así que Cuauhtémoc Blanco, por citar un ejemplo, es responsable de cada uno de los nombramientos que haga de funcionarios, sea porque les tuvo confianza o porque debió ceder a negociaciones o presiones de los grupos que le apoyaron en su búsqueda de la gubernatura.
Porque algo que debe quedar bien claro, en el caso del ejemplo, es que el gobernador electo de Morelos, igual que muchos encumbrados triunfadores de elecciones locales, tienen un grupo compacto que tiene asegurados cargos en el gabinete, pero de ninguna forma alcanza todo su equipo para cubrir todos los puestos, sobre todo cuando, como en el caso de Cuauhtémoc, es bastante desconfiado y mantiene su equipo reducido a cinco o seis personas.
Cierto que Cuauhtémoc no tendría por qué ubicar a gente del partido Movimiento de Regeneración Nacional que resultó damnificada del pasado proceso electoral; pero también es innegable que en tal caso tampoco tendría que obedecer las recomendaciones que le hace su propio partido, especialmente cuando esas recomendaciones son de personajes polémicos, por decir lo menos, y vinculados con un ex gobernador (Javier Duarte de Ochoa) en desgracia a quien se le atribuyen conductas similares a las que él y su equipo atribuyeron a Graco Ramírez.
Vamos por partes, el nombramiento de José Antonio Ortiz Guarneros como Secretario de Seguridad Pública de Cuauhtémoc Blanco parece bastante limpio. Es un vicealmirante de la Marina Armada de México y parece tener experiencia suficiente en cuestiones de seguridad y vínculos cercanos sólo con las fuerzas armadas, lo que le hace un sujeto confiable. Pero a él siguió el del subsecretario operativo de la misma secretaría, Federico Rivas Valdés, quien antes de ser subsecretario B de seguridad pública en el gobierno de Duarte fue su escolta personal (que imagino significa un enorme grado de confianza). Rivas Valdés fue señalado por abusos policíacos y negligencia administrativa, según consignan medios de comunicación veracruzanos. Y tiene razón José Manuel Sanz, el jefe del equipo de Cuauhtémoc Blanco, no hay pruebas del abuso policiaco, pero ya prende una luz de emergencia.
Y la luz hace sonar alarmas porque no se trata del único veracruzano vinculado con Duarte de Ochoa que llega a Morelos; resulta que también ha aparecido en las mesas de transición Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, quien antes de ser candidato de Encuentro Social a diputado federal por la vía de representación proporcional, fue señalado como parte de la red de operadores financieros y prestanombres de Javier Duarte de Ochoa, justo allá en Veracruz. Ojeda también fue señalado en 2011 como beneficiario de un contrato superior al millón de pesos por servicios durante un mes que fue pagado por la Cofetel cuando la presidía Mony de Swaan, allá en el 2011. La Secretaría de la Función Pública liberó a de Swaan de responsabilidades por falta de evidencias en el 2016, pero el hecho fue confirmado por la dependencia.
Así que el hilo con Veracruz, aparentemente proveniente de recomendaciones de la dirigencia nacional del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores al frente, le está trayendo a Cuauhtémoc Blanco más cuestionamientos de los que merecería antes de iniciar su gestión. Si no son sus decisiones, deberá reconocer que sí están dentro de su responsabilidad.
Twitter: @martinellito
Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx
