La reducción del número de distritos electorales locales fue una iniciativa que impulsó el PRD desde el 2015 con la idea de que un menor número de legisladores significaría un ahorro sustancial de recursos, agilizaría la toma de decisiones al facilitar la construcción de mayorías simples y calificadas, y favorecería la participación parlamentaria.
Ninguna de las tres hipótesis se ha verificado en la práctica. Por el contrario, el Legislativo hoy tiene un presupuesto similar al que tuvo la pasada legislatura, la construcción de mayorías simples y calificadas ha sido mucho más difícil por la atomización de fuerzas políticas, y los diputados siguen participando en el trabajo parlamentario por factores más asociados con su personalidad que con su número.
En cambio, la extensión territorial de algunas de las diez demarcaciones, y el incremento en el número de personas representadas, a menudo con circunstancias extraordinariamente diversas, ha provocado el alejamiento aún mayor de los legisladores con la ciudadanía, fenómeno que reconocen los diputados de mayoría e identifican los de representación proporcional. Por ello ya se proyecta en el Legislativo el incremento en el número de legisladores, no en un regreso a los 30 que había en el 2017, pero sí mayor al actual, y en el entendido que la legislatura respetara la proporción de 60% para los de mayoría y 40% para los plurinominales, la única cifra intermedia posible es de 25, 15 por el principio de mayoría relativa y el resto por el de representación proporcional. Con esta cifra, tendrían que reconformarse los distritos electorales locales y adecuarlos más a la geopolítica morelense. Es una idea que parecen compartir PES y Morena dos de los tres partidos que tienen diputados electos por el principio de mayoría y que juntos logran 9 de los 20 legisladores actuales. Aumentar el número de legisladores de 20 a 25 no significaría un mayor gasto (como la reducción en el número de los legisladores no disminuyó el dinero destinado al Congreso), y en cambio permitiría que la proporción ciudadano-legislador se redujera del promedio actual de 100 mil personas por distrito, a 80 mil lo que volvería mucho más manejable la representatividad política y la competencia electoral, mediante la corrección de los problemas que reportaba el mapa que redujo de 18 a 12 las demarcaciones.
Y aunque la idea es buena, debe transitar aún por dos aduanas sumamente difíciles: primero la de los ciudadanos que mantienen una percepción de altísimo descrédito sobre la labor de los diputados (parte fundada en ignorancia, en tradición política, y en realidades evidentes); pero poco podría hacer la sociedad frente a lo que sería un acuerdo de mayoría legislativa, así que esa parte no será tan difícil como la técnica. Para la redistritación que llevaría consigo el incremento de legisladores es necesario un proceso muy largo que depende más del Instituto Nacional Electoral que de la clase política local. La reforma electoral que contemplara el aumento de distritos tendría que pasar por el Instituto Nacional Electoral, responsable de la cartografía electoral que, en caso de considerar procedente la solicitud del Congreso del Estado de Morelos, iniciaría un procedimiento similar al que realizó entre 2015 y 2017. El proceso lleva 35 etapas, de acuerdo con el cronograma del INE para la pasada reforma, y tendría que haberse iniciado, en octubre del 2018, pero en el colmo del optimismo debería estar echado a andar en abril próximo para concluir antes del inicio del proceso electoral 2020-2021. Corregir las fallas en el mapa político del estado es imperativo, es cierto, el problema es si dará tiempo a los diputados de ponerse de acuerdo en una reforma electoral que permita el aumento de diputados, y si el INE tendrá los recursos, el ánimo y el tiempo suficiente como para lograr un mapa ya con 15 distritos.
Twitter: @martinellito
Correo electrónico: dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx
