“Se engañó al pueblo de México haciendo creer que se necesitaban instancias autónomas de expertos independientes”, eso dijo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la que probablemente sea la más peligrosa de sus generalizaciones en tanto por una diferencia con cierto personaje promueve dar al traste a la imagen de decenas de instituciones que hemos construido las últimas décadas como parte de los límites que debe tener el poder público, mismos que son indispensables para la consolidación de cualquier régimen democrático.
La apuesta a los organismos autónomos es parte de la lógica de cualquier estado moderno que busca acotar el poder que la presidencia, los congresos, los tribunales, ejercen sobre los ciudadanos; en México se apostó a la descentralización y creación de organismos públicos autónomos inscritos en la Constitución desde finales del siglo XX (en el caso de las universidades públicas la autonomía ocurrió desde mucho antes aunque estuvo siempre limitada por la cuestión de asignación presupuestal). Algunos de los organismos autónomos de expertos independientes son el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la Fiscalía General de la República; y todos sus similares en los estados, además de otros de alto nivel de especialización como la Comisión Reguladora de Energía, por cuyo control inició todo este desaguisado.
Podemos hacer muchas críticas sobre los organismos autónomos, la mayoría de ellas relacionadas a la contaminación que pueden llegar a sufrir de los poderes públicos que, invariablemente, buscan subordinarlos, pero ninguna de las críticas sería para calificarlos de farsa, de engaño. ¿Alguien estaría de acuerdo en que la Secretaría de Gobernación volviera a organizar y sancionar los procesos electorales? ¿Habría quien considerara sano que las contralorías internas de las dependencias fueran las responsables de identificar y sancionar los actos de corrupción y sus manejos financieros? ¿Alguno sería tan inocente como para pensar que la evaluación del sistema educativo deben realizarla los maestros cuyas capacidades son cuestionables? ¿Alguien querría que la información pública sobre el territorio o sobre el ejercicio de los servidores públicos estuviera en manos del Poder Ejecutivo?¿Sería conveniente devolver el dominio del tesoro nacional, de la impresión de billetes, al jefe del Ejecutivo? Las “instancias autónomas de expertos independientes” son indispensables para la estabilidad del Estado; especialmente considerando la clase de clase política que padecemos.
Los organismos autónomos pueden mejorar mucho, pero no por la vía de la “purificación” que sugiere el presidente, sino por una verdadera consolidación de su autonomía, condición que, cuando es ejercida, ha contribuido a enormes transformaciones positivas en el Estado y la sociedad mexicana. Pretender limpiar los organismos transgrediendo su condición de autogobierno es una afrenta a la democracia y al más elemental sentido común. El síntoma que observa López Obrador es evidente; su diagnóstico, profundamente equivocado y el tratamiento sugerido absolutamente impensable.
