Entre la realidad de la inseguridad en diversas regiones de Morelos, de la que se da cuenta todos los días lo mismo en las reuniones de la mesa de seguridad como en los espacios informativos serios; y la hipérbole que sobre el tema hacen las redes sociales (que tristemente son la única fuente de información para muchos); se genera un pánico que amenaza ya a la economía local.
La responsabilidad es de todos. Igual las autoridades deben cumplir mejor con su trabajo de brindar espacios seguros para todos los morelenses; que los empresarios y prestadores de servicios deben proveer, en sus negocios, las condiciones para que su clientela esté segura: también los ciudadanos debemos asumir conductas de menor riesgo. Debemos, todos, estar mejor informados, y esto incluye a las autoridades de todos los niveles, a menudo afectados por la ceguera de gabinete; y a los ciudadanos, frecuentemente aterrados por las fake news, y esa tendencia horrible al azote.
Y por supuesto debemos, todos, de portarnos mejor, ser mejores ciudadanos y mucho más solidarios. Porque de los cientos de detenidos que, en efecto, la Comisión Estatal de Seguridad Pública ha puesto a disposición, más del ochenta por ciento corresponden a faltas civiles o administrativas, lo que evidencia una extraordinariamente pobre cultura cívica y una propensión a conductas que pueden generar delitos o que están abiertamente relacionadas con ellos.
Porque en medio de la vorágine de rumores y noticias falsas, la dosis de realidad que pudieran tener, y el tristísimo comportamiento de miles de ciudadanos, estamos aniquilando la economía local, y eso generará peores escenarios para todos, en tanto las economías deprimidas son caldo de cultivo para mayores problemas de violencia e inseguridad. En efecto, no es posible la paz sin alguna prosperidad, o por lo menos la garantía de empleo y alimento para la mayoría de la población.
La economía del estado ha mostrado incapacidad para crecer desde 1997, los errores graves en políticas públicas, las recurrentes crisis, y la inseguridad han sido factores que inhiben la capacidad de crecimiento de la actividad productiva. Tampoco ayudan la altísima conflictividad política, la escasa vinculación de las instituciones de educación con la planta productiva. Si a eso sumamos una colección de erradas estrategias en materia de seguridad pública, la renuncia tácita a enfrentar los orígenes de la violencia y el crimen, y el uso político del tema de la inseguridad para someter a los gobiernos, el efecto es el que hoy padecemos. Sumar a esta serie de negativos el pánico formado por la combinación nefasta de realidades con fantasías y exageraciones, provoca que el impacto en la economía local se mantenga como el mayor obstáculo a la dinamización que generaría empleos y crecimiento productivo.
Por eso la preocupación de los empresarios ha crecido en las últimas semanas, tiene una perspectiva humana pero también una visión económica. La inseguridad pega a las empresas por partida doble, en sus bienes y en su clientela, y vuelve poco viable la inversión para el crecimiento. La exigencia de los empresarios para que el gobierno ponga más atención en las tareas de seguridad pública, y las acciones que comienza a tomar para buscar proteger a su clientela, particularmente a las mujeres, son legítimas formas de manifestarse; pero corren el peligro de volverse absolutamente insuficientes si el resto de los morelenses ignoran la parte que les toca en las tareas de seguridad pública, y esto incluye a todos los ciudadanos. La laxitud del trato de las autoridades en el pasado permitió enormes excesos que han vuelto cada vez más difícil la convivencia de los morelenses, las detenciones de quienes cometen actos antisociales son una parte de la solución, pero la cultura cívica es la parte más importante.
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