César Arenas

  / jueves 13 de junio de 2019

Los límites de una política social “instrumentalista”

El estudio de las condiciones socioeconómicas y, en particular, el análisis de la pobreza y la desigualdad en México ha tenido durante los últimos 30 años (por lo menos) varios enfoques teóricos, cuyos elementos y supuestos explicativos han conducido a propuestas de política pública, medidas legislativas y conclusiones teóricas distintas.

Uno de estos enfoques es el que podríamos llamar “instrumentista”, y el cual parte de un análisis que se concentra en el funcionamiento y desempeño de los instrumentos de política pública creados para reducir las condiciones de pobreza, vulnerabilidad y desigualdad social; es decir, las leyes, programas, planes, presupuestos y proyectos sociales.

Si bien desde finales de los ochenta y durante los noventas surgieron las primeras medidas de intervención pública para abatir los problemas sociales de la época, fue a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Desarrollo Social en el 2004, cuando se establecieron los principios de la política social, objetivos y mecanismos de acceso a derechos sociales; así como parámetros más específicos para comenzar a medir el grado de avance o cumplimiento, a través de la evaluación, la transparencia y rendición de cuentas y los mecanismos de coordinación entre los tomadores o responsables de las políticas.

Esta Ley también incorporó la definición y medición de la Pobreza, y asignó la responsabilidad de evaluación de la Política de Desarrollo Social al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Por una parte, el sustento teórico de este enfoque está basado en lo que se denomina la Nueva Gestión Pública, considerado como un nuevo paradigna en la administración pública por estar orientado a la gestión para resultados, en administrar los recursos públicos adecuadamente, medir el impacto y tener como principal objetivo el generar valor público con sus acciones.

Quienes han seguido por esta línea, sin duda han hecho aportes teóricos importantes al señalar cómo y para qué se debe medir la pobreza; cómo diseñar mejoras programas y presupuestos; cómo mejorar las intervenciones públicas, los procesos y sus resultados. Sus avances han permitido tener mayor información social y la posibilidad de realizar análisis comparativos sobre el comportamiento de la pobreza a lo largo del tiempo.

El Coneval ha sido el gran promotor entre los responsables de las políticas públicas de la adopción de este enfoque, no sólo por cumplir con un mandato legal, sino también por el valor que representa en sí mismo el intercambio de información y las aplicación de buenas prácticas en la instrumentación de las políticas públicas; así como en la construcción de presupuestos sociales; la definición de estrategias de intervención social y evaluar los impactos en la reducción de la pobreza.

El otro componente teórico de este enfoque instrumentalista data desde las primeras mediciones de la pobreza que comenzaron a realizarse en la década de los noventa, de manera más sistemática con el índice de desarrollo humano que elabora el PNUD. Desde entonces, las estadísticas siempre han arrojado un dato innegable: la pobreza es un fenómeno de serias magnitudes.

Muchos economistas se han centrado en los índices y recomendaciones de las oportunidades de mejora. Araceli Damián y Julio Boltvinik son dos de los principales académicos que han protagonizado en el enfoque instrumentalista con sus aportes teóricos sobre construcción de índices de pobreza, la incorporación de nuevas variables para captar su integralidad y recomendaciones para medir la política social.

Sin embargo y a pesar de todos los avances el enfoque instrumentalista no tiene la capacidad para resolver el tema de la pobreza porque sus alcances e impactos son limitados, ya que los instrumentos/objetos que utiliza como marco de referencia hasta ahora son limitados.

Twitter / Facebook: @Czar Arenas

El estudio de las condiciones socioeconómicas y, en particular, el análisis de la pobreza y la desigualdad en México ha tenido durante los últimos 30 años (por lo menos) varios enfoques teóricos, cuyos elementos y supuestos explicativos han conducido a propuestas de política pública, medidas legislativas y conclusiones teóricas distintas.

Uno de estos enfoques es el que podríamos llamar “instrumentista”, y el cual parte de un análisis que se concentra en el funcionamiento y desempeño de los instrumentos de política pública creados para reducir las condiciones de pobreza, vulnerabilidad y desigualdad social; es decir, las leyes, programas, planes, presupuestos y proyectos sociales.

Si bien desde finales de los ochenta y durante los noventas surgieron las primeras medidas de intervención pública para abatir los problemas sociales de la época, fue a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Desarrollo Social en el 2004, cuando se establecieron los principios de la política social, objetivos y mecanismos de acceso a derechos sociales; así como parámetros más específicos para comenzar a medir el grado de avance o cumplimiento, a través de la evaluación, la transparencia y rendición de cuentas y los mecanismos de coordinación entre los tomadores o responsables de las políticas.

Esta Ley también incorporó la definición y medición de la Pobreza, y asignó la responsabilidad de evaluación de la Política de Desarrollo Social al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Por una parte, el sustento teórico de este enfoque está basado en lo que se denomina la Nueva Gestión Pública, considerado como un nuevo paradigna en la administración pública por estar orientado a la gestión para resultados, en administrar los recursos públicos adecuadamente, medir el impacto y tener como principal objetivo el generar valor público con sus acciones.

Quienes han seguido por esta línea, sin duda han hecho aportes teóricos importantes al señalar cómo y para qué se debe medir la pobreza; cómo diseñar mejoras programas y presupuestos; cómo mejorar las intervenciones públicas, los procesos y sus resultados. Sus avances han permitido tener mayor información social y la posibilidad de realizar análisis comparativos sobre el comportamiento de la pobreza a lo largo del tiempo.

El Coneval ha sido el gran promotor entre los responsables de las políticas públicas de la adopción de este enfoque, no sólo por cumplir con un mandato legal, sino también por el valor que representa en sí mismo el intercambio de información y las aplicación de buenas prácticas en la instrumentación de las políticas públicas; así como en la construcción de presupuestos sociales; la definición de estrategias de intervención social y evaluar los impactos en la reducción de la pobreza.

El otro componente teórico de este enfoque instrumentalista data desde las primeras mediciones de la pobreza que comenzaron a realizarse en la década de los noventa, de manera más sistemática con el índice de desarrollo humano que elabora el PNUD. Desde entonces, las estadísticas siempre han arrojado un dato innegable: la pobreza es un fenómeno de serias magnitudes.

Muchos economistas se han centrado en los índices y recomendaciones de las oportunidades de mejora. Araceli Damián y Julio Boltvinik son dos de los principales académicos que han protagonizado en el enfoque instrumentalista con sus aportes teóricos sobre construcción de índices de pobreza, la incorporación de nuevas variables para captar su integralidad y recomendaciones para medir la política social.

Sin embargo y a pesar de todos los avances el enfoque instrumentalista no tiene la capacidad para resolver el tema de la pobreza porque sus alcances e impactos son limitados, ya que los instrumentos/objetos que utiliza como marco de referencia hasta ahora son limitados.

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