Librado de varios procesos jurídicos en su contra durante su vertiginosa carrera política, el gobernador Cuauhtémoc Blanco difícilmente enfrentará su waterloo jurídico con los dos procedimientos por los que deberá responder en el terreno electoral; uno por su participación en un acto de precampaña en Hidalgo, que para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resultó en una falta a la norma; y otro por la dotación escasa de recursos para que el organismo local electoral de Morelos organice las complejísimas elecciones del 2021.
Blanco ha resultado exonerado en los hechos de faltar a la norma electoral al aceptar un presunto contrato con un partido local para ser su candidato a la alcaldía de Cuernavaca, posición que ganó en el 2015 y por presuntamente no acreditar su residencia en el estado con una constancia verdadera. En ambos casos, por cuestiones más administrativas que legales (como el vencimiento de plazos que, por cierto, culminó en la destitución de la consejera presidenta del Impepac), el gobernador no fue declarado culpable ni recibió sanción alguna.
Hoy, el Congreso del Estado sería el responsable de la sanción por la falta electoral de la que el TEPJF ha encontrado responsable al gobernador. La Comisión de Gobernación y Gran Jurado ha recibido ya la notificación que puede ser sancionada hasta con la inhabilitación del cargo; pero eso difícilmente ocurrirá. Por lo menos nueve diputados, comandados por la fracción parlamentaria del PES, partido del gobernador, seguro no votarán por la sanción a Blanco Bravo, acaso harían un exhorto a que ya no se portara mal, pero incluso eso se percibe difícil. Los once legisladores restantes entre los que se incluye, claro la fracción de Morena, no son tan aliados del gobernador, pero obedecerían a final de cuentas lo que el presidente López Obrador tuviera que decir al respecto, y es notorio que la visión de AMLO sobre la intervención de sus aliados en campañas electorales es bastante heterodoxa.
El otro asunto, el juicio electoral, se dirime en los tribunales electorales y tendría como primera instancia la jurisdicción de Morelos. Ya antes el Tribunal Electoral del Estado de Morelos ha resuelto contra el Ejecutivo en juicios de la misma especie. En el 2018, se instruyó al entonces gobernador Graco Ramírez y a su secretario de Hacienda, Jorge Michel, para entregar al Impepac los recursos que requerían.
Por cierto, el único procedimiento de juicio político contra el ex gobernador y su secretario de Hacienda fue iniciado justamente por la administración de Cuauhtémoc Blanco por la retención de recursos destinados al Impepac. Puede que las condiciones no sean las mismas, pero los hechos se parecen más de lo que convendría al gobernador y su gabinete.
Para ser totalmente justos, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco ha autorizado una ampliación presupuestal de 75 millones para el órgano electoral con lo que tendrían el mismo dinero que en el 2018, con la diferencia de que en este proceso participan 23 partidos contra once en el anterior, además de que para estas elecciones deberán tomarse previsiones sanitarias que necesariamente encarecen los costos de organización y operación del proceso.
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