El cuerpo jurídico del gobierno de Cuauhtémoc Blanco tiene plena confianza en que las más de veinte denuncias en contra de funcionarios de la administración anterior tienen suficiente sustento y por lo mismo deberán ser judicializadas a la brevedad. El problema, para ellos, es la falta de voluntad política, o de eficiencia de las fiscalías, General y Anticorrupción.
No ha sido fácil para los fiscales Uriel Carmona y Juan Salazar (aunque a lo mejor el alto salario y las prestaciones prometidas a sus cargos hacen todo más llevadero), su nombramiento apresurado en la anterior legislatura, señalada por toda clase de corruptelas, se percibe en los nuevos círculos del poder estatal como una herencia maldita del antiguo régimen. Mucho más cuando los resultados prácticamente nulos que ha dado la Anticorrupción resultan escandalosos y favorecen la idea del uso faccioso de la institución. Así que, entre herencia maldita y facciosos atacantes de adversarios políticos del antiguo régimen, la imagen de los fiscales está severamente dañada, y su relación con los poderes Ejecutivo y Legislativo nació muerta.
El problema entonces no radica en si se ha de retirar o no a ambos fiscales, de hecho parece haber un consenso general sobre la remoción de ambos, el asunto está en cómo hacerlo sin incumplir los procedimientos para evitar incurrir en responsabilidades, por una parte, ofrecerles recursos legales para combatir la destitución, por otra, y hacer un ridículo épico, al final. Parece que la reserva de los diputados de Morena está ahí y no en un esquema de complicidad o protección a los fiscales. Claro que la reserva de la fracción legislativa es utilizada por sus neoadversarios, antes aliadísimos, PES y PT, para meter más ruido a la fractura política que se vive en el congreso y que ha sido hábilmente aprovechada por fracciones minoritarias para inclinar balanzas a favor de intereses, legítimos o no, de grupo.
Cautos, a lo mejor, los diputados esperaron a que fuera el Ejecutivo quien solicitara la remoción de los fiscales, que ellos sólo habían solicitado, exigido, comentado, o cualquier otra forma de verbalización, pero no movieron un dedo hasta que Cuauhtémoc Blanco intervino con la solicitud, pese a que José Manuel Sanz, el jefe de la oficina de la gubernatura, insistió públicamente por lo menos en tres ocasiones, y en privado en no sabemos cuántas más, que el tema correspondía al Congreso que, además, tendría que resolverlo pronto, para el miércoles o jueves se calculaba por los tiempos que públicamente advertía Sanz.
Pero los diputados se entramparon. O quisieron entramparse.
La cosa es que lejos de construirse un andamiaje legal con la fuerza suficiente como para transitar por la vía segura en la remoción de los fiscales, hasta ahora los legisladores parecen empeñados en continuar usando las dilaciones de la LIV Legislatura como un instrumento de beneficio político por lo menos simbólico. Las discusiones no radican en la justicia, la legalidad, o siquiera en la conveniencia social o política de las determinaciones, sino en el daño que pueda hacerse al adversario.
Una buena fuente en Palacio de Gobierno nos advertía que se tiene todo para proceder en contra de los ex funcionarios vinculados en actos de presunta corrupción, pero que la desconfianza en los fiscales, y la seguridad de que la situación en el Congreso del Estado está bastante contaminada podrían retrasar los procesos, o incluso dejar que quedaran en buenas intenciones, lo que sería un tremendo golpe político para Cuauhtémoc Blanco quien ha construido buena parte de su imagen política en la honestidad y la cacería de corruptos.
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