Una parte de los problemas que llevaron a las universidades públicas en general y a la del Estado de Morelos en particular, fue la existencia de plazas y prestaciones no reconocidas por la Federación de la planta académica y administrativa que sin embargo se pagan con cargo a las arcas universitarias.
Este tema es poco popular, por cierto, y aunque aparece en el estudio sobre el origen de la crisis de las universidades públicas, es poco tratado en los discursos que, en cambio, se dirigen a la falta de apoyo a las instituciones de educación superior por parte de los gobiernos estatales, que es otro factor de la crisis, por cierto.
Conviene tener esto en mente cuando se analizan las finanzas universitarias: el problema del déficit en las finanzas universitarias también se origina en el exceso de beneficios que reciben los trabajadores que, al no ser homogéneos entre universidades en el país, no son fondeados por los subsidios federales. La justicia o no de las prestaciones universitarias, igual que las del resto de los trabajadores de la educación y los de otras áreas no es fácil, pero tampoco es una arista que deba tocarse cuando el asunto es mucho más simple, si la Federación no reconoce las prestaciones, no las fondea, y si los gobiernos estatales hacen aportes insuficientes al subsidio universitario, es imposible mantener ese nivel de gasto. Se trata de un problema elemental de dinero para cuya comprensión no se requiere el grado de economista. Si el gobierno federal no fondea las prestaciones y si al gobierno estatal no le alcanza para incrementar el subsidio a la universidad, la nómina de la institución se vuelve insostenible.
Por eso es llamativa y preocupante la declaración del dirigente de trabajadores académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Mario Cortés Montes, en el sentido de que los trabajadores de la institución no renunciarán a las prestaciones a las que tienen derecho por contrato y que incluyen el aguinaldo de 90 días y la prima vacacional, conceptos que el año anterior se retrasaron en pagos provocando manifestaciones y bloqueos de los trabajadores durante diciembre. Cortés defiende lo que considera justo y es digno de reconocerse, pero mientras la Federación, y el gobierno estatal no reconozcan esa defensa con los recursos suficientes para que, en adelante se cuente con la garantía de recursos para fondos prestacionales a tiempo, parece que Mario Cortés estuviera declarando ya la guerra desde ahora.
Porque lo cierto es que la administración de Cuauhtémoc Blanco se ha portado con la UAEM mucho mejor que la de su antecesor, pero no tiene posibilidades reales de aumentar el subsidio a la universidad. En del gobierno federal las cosas no son distintas, las secretarías de Hacienda y de Educación siempre han considerado que los noventa días de aguinaldo que desde tiempos de Antonio Riva Palacio López se pagan a los trabajadores de la educación en Morelos son un escandaloso exceso por lo que no se diseña siquiera un instrumento para fondear el recurso necesario para cubrir esa prestación. Tampoco, por cierto, parece haber gran avance en el reconocimiento de plazas de nueva creación, entre 250 y 300, que fueron heredadas a la rectoría de Gustavo Urquiza por su antecesor.
La disciplina financiera y austeridad con que la rectoría de Urquiza han enfrentado la crisis institucional son reconocibles y lograron reducir el déficit, pero insuficientes en tanto el modelo de nómina universitaria ha permitido gastar mucho más de lo que se ingresa. La proyección es que, en unas semanas, la UAEM se quede sin dinero y entonces la declaración sobre defender las prestaciones se volverá definitiva al reducir las posibilidades de solución. La tormenta volverá a la UAEM y hará falta, ya no la habilidad negociadora de Urquiza, sino la generosidad de todos los involucrados, gobiernos federal, estatal, municipales, rectoría y trabajadores.
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