El próximo fin de semana se llevará a cabo la segunda consulta nacional sobre diversos temas que son considerados prioritarios por el gobierno federal electo. No sólo se ha anunciado con pocos días de anticipación, sino en medio de un ambiente de dudas y cuestionamientos que no se lograron disipar tras la primera consulta.
Hay varios aspectos en los que se han centrado las críticas de esta nueva consulta. Que si los temas son tan socialmente necesarios y correctos que ninguna persona podría estar en contra prácticamente de ninguno. Que las respuestas dicotómicas sin alternativa neutral, no permiten establecer matices que, desde mi punto de vista, en varios casos son muy relevantes.
Así como las críticas más formalistas, que tildan de ilegal la consulta por no cumplir con los parámetros constitucionales; o quienes creen que es una simulación, ya que son proyectos que se realizarán sin importar el resultado popular.
Para los impulsores y apoyadores, la consulta es vista como un ejercicio democrático en el que deberíamos ponderar el fondo más que la forma. Junto a quienes consideran que es un verdadero esfuerzo popular, están los que piden mirar los beneficios que se pueden alcanzar con estos proyectos. Nuevamente, no veo quien podría estar en contra de la mayoría o de casi todos los temas.
Al margen de la posición que cada quien vaya a tomar, este fin de semana se ha dicho que se instalarán más de mil casillas en todo el país, priorizando aquellos lugares en donde impactarán directamente los proyectos de infraestructura. Lo anterior implicará un mayor número de casillas en los estados de la región sureste del país, que en los del centro y norte.
En términos de las temáticas que se abordan en las preguntas, la mitad de la consulta tiene preguntas de naturaleza social: (1) aumentar al doble la pensión de adultos mayores de 68 años y desde 65 en regiones indígenas; (2) otorgar becas y capacitación laboral a 2.6 millones de jóvenes que hoy no tienen posibilidad de trabajar ni estudiar; (3) becar a todos los estudiantes de las escuelas públicas de nivel medio superior; (4) pensionar a un 1 millón de personas que viven con alguna discapacidad en el país; y (5) garantizar atención médica y medicinas a toda la población que no cuente con servicios de salud.
En Morelos, los cinco rubros han sido considerados de interés público y en todos los casos se han acumulado experiencias durante los últimos años por tratarse de políticas públicas que se impulsaron desde el ámbito federal, como del local. En el caso de la pensión para adultos mayores, la Delegación de la Sedesol alcanzó coberturas históricas de adultos mayores permitiendo el acceso de recursos sin distinguir entre regiones indígenas o no.
Con el programa estatal beca-salario, todos los jóvenes de educación pública desde tercero de secundaria y hasta la universidad tuvieron a acceso mensual de recursos públicos, siendo muy exitoso por sus alcances y los beneficios alcanzados. Respecto a las personas con discapacidad, una reciente ley estatal puso en marcha un programa de apoyo alimentario para esta población. Y respecto a los servicios de salud, las campañas permanentes de promoción elevaron el número de personas inscritas al seguro popular, lo que implicó acceso a los servicios de salud y medicamentos.
Finalmente, el programa que tal vez no haya tenido una intervención especial es el de becas y capacitación para jóvenes sin estudiar o trabajar. Sin embargo, desde el Servicio Nacional del Empleo y el subprograma Bécate, se han otorgado permanentemente recursos para dar atención especial a jóvenes en esta condición.
Como podemos observar, los temas sociales de la consulta ya han sido considerados como un problema de interés público. Más allá de su novedad, lo que estamos presenciando es un énfasis mayor en estos rubros que esperamos puedan partir de las experiencias y retos que de por sí ya representan los actuales programas y en particular, en Morelos.
