/ sábado 17 de julio de 2021

Las fuertes lluvias y la vulnerabilidad climática (II)

La semana pasada comentamos que, según los datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el 24% de los municipios del país registran una vulnerabilidad climática "alta" y "muy alta", lo que se refiere a la probabilidad de sufrir daños humanos y materiales con los cambios del clima.

Los impactos, paradójicamente pueden ser en dos sentidos. Si nos referimos a inundaciones, en nuestro país impactan en promedio unos cinco ciclones tropicales cada año y que estos pueden desencadenar desastres de gran magnitud, en 17 entidades federativas se concentra el mayor impacto histórico y los estados más vulnerables son Veracruz, Tabasco y Chiapas. Pero también se esperan efectos inversos, los pronósticos indican que el cambio climático y el cambio de uso de suelo afectarán de manera significativa a los recursos hídricos y a las fuentes de abastecimiento de agua en todas las regiones del país. Se estima que para finales de siglo, las lluvias tenderán a disminuir hasta en un 30% en los estados del Noroeste en invierno y en los estados del Sureste en verano. Al mismo tiempo se proyectan aumentos de temperatura con respecto al siglo anterior de hasta de 5°C en algunas zonas del país y se estima que el escurrimiento podría disminuir hasta un 7 % para el año 2030 en algunas regiones.

A nivel global, los países han considerado como asunto de seguridad nacional la atención a los impactos de eventos hidrometeorológicos extremos, los que se espera que se incrementen en magnitud y frecuencia por los efectos del cambio climático, es necesario mejorar las estrategias para prevenir impactos, proteger a la población y apoyar la organización comunitaria frente a las amenazas del clima.

El reto real es que los recursos hídricos del país deberán gestionarse bajo condiciones de incertidumbre climática y con una visión preventiva de largo plazo, que permita disminuir el riesgo por inundaciones y sequías, al tiempo de reducir la vulnerabilidad y construir capacidades de adaptación frente al cambio climático.

El Programa Nacional Hídrico 2020-2024 (PNH), el documento que compila la política hídrica nacional, dice que se enfocarán los esfuerzos en delimitar cauces y cuerpos de agua de propiedad nacional y sus zonas federales, en fortalecer los sistemas de alerta temprana y en las acciones de prevención y mitigación en caso de emergencias por fenómenos hidrometeorológicos. También se elaborarán y actualizarán los atlas de riesgos hidrometeorológicos, se fortalecerán programas y acciones contra la sequía, se revisarán los protocolos de operación de la infraestructura hidráulica y se adecuarán las reglas de operación de los fondos de desastre (¿cuales si ya los desapareció el presidente?) para agilizar su aplicación e incentivar la prevención.

Para proteger centros de población y zonas productivas y así reducir las pérdidas humanas y materiales derivadas de sequías e inundaciones, se desarrollarán, dice el PNH, proyectos para la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura en cauces, utilizando Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN).

Es necesario priorizar la prevención, identificar y proteger zonas naturales que permiten regular escurrimientos y mitigar los impactos de inundaciones. Fortalecer la coordinación entre órdenes de gobierno para atender emergencias. Reforzar el equipamiento para la atención de emergencias y ampliar la capacidad de los Centros Regionales de Atención de Emergencias, así como promover la construcción de capacidades en diversos sectores para atender a la población en caso de emergencias y apoyar la organización comunitaria para hacer frente a los desastres.

La semana pasada comentamos que, según los datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el 24% de los municipios del país registran una vulnerabilidad climática "alta" y "muy alta", lo que se refiere a la probabilidad de sufrir daños humanos y materiales con los cambios del clima.

Los impactos, paradójicamente pueden ser en dos sentidos. Si nos referimos a inundaciones, en nuestro país impactan en promedio unos cinco ciclones tropicales cada año y que estos pueden desencadenar desastres de gran magnitud, en 17 entidades federativas se concentra el mayor impacto histórico y los estados más vulnerables son Veracruz, Tabasco y Chiapas. Pero también se esperan efectos inversos, los pronósticos indican que el cambio climático y el cambio de uso de suelo afectarán de manera significativa a los recursos hídricos y a las fuentes de abastecimiento de agua en todas las regiones del país. Se estima que para finales de siglo, las lluvias tenderán a disminuir hasta en un 30% en los estados del Noroeste en invierno y en los estados del Sureste en verano. Al mismo tiempo se proyectan aumentos de temperatura con respecto al siglo anterior de hasta de 5°C en algunas zonas del país y se estima que el escurrimiento podría disminuir hasta un 7 % para el año 2030 en algunas regiones.

A nivel global, los países han considerado como asunto de seguridad nacional la atención a los impactos de eventos hidrometeorológicos extremos, los que se espera que se incrementen en magnitud y frecuencia por los efectos del cambio climático, es necesario mejorar las estrategias para prevenir impactos, proteger a la población y apoyar la organización comunitaria frente a las amenazas del clima.

El reto real es que los recursos hídricos del país deberán gestionarse bajo condiciones de incertidumbre climática y con una visión preventiva de largo plazo, que permita disminuir el riesgo por inundaciones y sequías, al tiempo de reducir la vulnerabilidad y construir capacidades de adaptación frente al cambio climático.

El Programa Nacional Hídrico 2020-2024 (PNH), el documento que compila la política hídrica nacional, dice que se enfocarán los esfuerzos en delimitar cauces y cuerpos de agua de propiedad nacional y sus zonas federales, en fortalecer los sistemas de alerta temprana y en las acciones de prevención y mitigación en caso de emergencias por fenómenos hidrometeorológicos. También se elaborarán y actualizarán los atlas de riesgos hidrometeorológicos, se fortalecerán programas y acciones contra la sequía, se revisarán los protocolos de operación de la infraestructura hidráulica y se adecuarán las reglas de operación de los fondos de desastre (¿cuales si ya los desapareció el presidente?) para agilizar su aplicación e incentivar la prevención.

Para proteger centros de población y zonas productivas y así reducir las pérdidas humanas y materiales derivadas de sequías e inundaciones, se desarrollarán, dice el PNH, proyectos para la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura en cauces, utilizando Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN).

Es necesario priorizar la prevención, identificar y proteger zonas naturales que permiten regular escurrimientos y mitigar los impactos de inundaciones. Fortalecer la coordinación entre órdenes de gobierno para atender emergencias. Reforzar el equipamiento para la atención de emergencias y ampliar la capacidad de los Centros Regionales de Atención de Emergencias, así como promover la construcción de capacidades en diversos sectores para atender a la población en caso de emergencias y apoyar la organización comunitaria para hacer frente a los desastres.